Un reciente reporte de  Rights and Resources  brinda evidencia convincente sobre la importancia del reconocimiento y protección de los derechos indígenas para mitigar las emisiones producidas por la deforestación y reducir el calentamiento global. Como estudiante de doctorado a cargo de la coordinación de la tercera ronda de recolección de información del Estudio Comparativo Global sobre  REDD+ en Ucayali, Perú, fue muy interesante encontrar un ejemplo en el terreno de por qué es importante y cómo la seguridad de tenencia puede ayudar a alcanzar los objetivos de REDD+.

La historia involucra a dos comunidades indígenas Shipibo-Conibo: Patria Nueva y Nuevo Saposoa, ubicadas a lo largo de las márgenes del río Ucayali. Los Shipibo-Conibo son un grupo indígena cuyos medios de subsistencia dependen de la pesca y la madera que obtienen de sus bosques. Luego de años de lucha contra la deforestación y la degradación del bosque a causa de derechos de tenencia poco claros, madereros ilegales y cultivos ilícitos, estas dos comunidades están trabajando ahora por su conservación.

DE GUARDIANES A DUEÑOS DEL BOSQUE

Las comunidades de Nuevo Saposoa y Patria Nueva se ubican en un bosque de llanura lluviosa.  Esto implica que cada año, y por un par de meses, la única calle del pueblo en que viven se convierta en una pequeña Venecia tropical. Los Shipibo migran temporalmente o pasan estos meses transportándose en sus canoas, mientras que sus pollos y patos enfrentan el constante riesgo de ser devorados por los caimanes.

Esta inundación anual trae consigo una ventaja, ya que acarrea nutrientes que enriquecen sus zonas de pesca. Sin embargo, también implica un costo evidente: los miembros de la comunidad frecuentemente tienen problemas para mantener cultivos como el maíz, yuca o frejoles. En 2008, Patria Nueva y Nuevo Saposoa presentaron un reclamo territorial de nuevas tierras forestales altas, en las que pudieran plantar sus cultivos y acceder a los recursos del bosque  para su subsistencia.

Pronto, los comuneros descubrieron que otros usuarios estaban ya en esos territorios que reclamaban. Desde 2009, una cada vez mayor afluencia de migrantes ilegales se había estado asentando en la zona, atraída por la emergente actividad maderera. Los  taladores ilegales no sólo habían invadido los territorios indígenas, sino también el Parque Nacional Sierra del Divisor, con cerca de 90 asentamientos madereros ilegales.

La madera no era el único producto que los colonos ilegales buscaban: algunos hallaron la oportunidad para plantar cultivos ilegales también. Cada vez que los Shipibo-Conibo o las autoridades del parque nacional les pedían que salieran de sus tierras, recibían respuestas amenazadoras. El conflicto se incrementó al punto de que uno de los pobladores de la comunidad de Patria Nueva fue asesinado en 2013. Debido a la gravedad de los hechos, las comunidades indígenas empezaron a recabar apoyo de una variedad de organizaciones nacionales e internacionales y trabajaron en conjunto con las autoridades del Parque Nacional Sierra del Divisor.

En 2015, Rainforest Foundation de Estados Unidos equipó y entrenó a los comuneros para realizar actividades de vigilancia forestal con tecnología móvil y drones. Así, los pobladores podían reportar cualquier actividad ilegal o de deforestación directamente a las autoridades forestales y de conservación. Tal incremento de vigilancia condujo a una mayor aplicación de las leyes. Con la cada vez mayor presencia de las autoridades gubernamentales y de  regulación, los colonos ilegales, gradualmente, se fueron. En 2017, ambas comunidades indígenas obtuvieron un gran logro cuando recibieron el título legal de sus territorios. “Ahora somos no sólo los guardianes del bosque, sino también los dueños”, afirmó Teddy Cairuna, residente de Nuevo Saposoa.

CONSERVACIÓN COMO UNA ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Mientras que el reconocimiento y la protección de los territorios indígenas eran necesarios para disminuir la tala ilegal y la deforestación, no son suficientes para asegurar la conservación.

¿Qué han decidido hacer con sus bosques los pobladores de Patria Nueva y Nuevo Saposoa? Cada comunidad inscribió más de 6000 hectáreas (80 por ciento de su territorio) en el Programa Nacional para la Conservación de Bosques del Perú. En este programa de tres años, las comunidades reciben 10 soles peruanos ($3.00) anuales por cada hectárea que asignan para conservación, lo que hace una ganancia potencial de al menos $18,000.

Para recibir el pago, las comunidades deben comprometerse a proteger y vigilar sus zonas forestales. No se les permite talar el bosque pero sí pueden realizar actividades sostenibles  de extracción de madera y pescado. “La conservación del bosque no implica que se vuelva intocable”, afirmó Brenda Maldonado, funcionaria del Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM), quien está a cargo de la implementación del programa en las dos comunidades.

De esta forma, una parte importante del dinero que reciben es invertida en actividades productivas tales como ecoturismo, producción de artículos artesanales y uso sostenible de los recursos forestales. Los miembros de la comunidad han construido hospedajes para turistas, han comprado drones para mejorar su capacidad de vigilancia y participan en talleres de entrenamiento para optimizar sus actividades de tala y pesca.

Luego de sólo un año de implementación, los beneficios del programa ya son evidentes.

Aunque hoy estas comunidades están apostando por la conservación, también son muy conscientes de que aún quedan desafíos para avanzar. La conservación de sus bosques a largo plazo, con árboles de 500 años, depende de su habilidad para seguir generando ingresos a partir de las actividades sostenibles en las que ahora están invirtiendo. Las actitudes positivas y entusiasmo predominan en ambas comunidades, en combinación con dosis saludables de escepticismo.

Este artículo es parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+

 Esta investigación fue financiada por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) y la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania.