A smallholder farmer in Indonesia. Photo: Aulia Erlangga/CIFOR

REDD+ es el más grande intento internacional coordinado para revertir la tendencia global a la deforestación y la degradación forestal. Sigue siendo uno de los puntos predominantes en la agenda de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Desde el Protocolo de Kioto en 1997, muchos países tienen obligaciones jurídicamente vinculantes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero; como señala el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la reducción y prevención de la deforestación es la solución más inmediata para asegurar las reservas de carbono del planeta y reducir las emisiones globales.

REDD+ tiene sus raíces en el Protocolo de Kioto, y ha sido objeto de numerosas revisiones en la Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP), que se celebra anualmente.

Con la próxima celebración de la COP21 en París, en diciembre, y el vencimiento del Protocolo de Kioto, es momento de hacer un balance de lo que se ha aprendido acerca de REDD+ hasta ahora.

Un aspecto de REDD+ que recibe mucha atención es la distribución de los beneficios.

Se reconoce cada vez más que la distribución equitativa de los beneficios de los proyectos es una cuestión vital para el éxito de REDD+. Sin embargo, REDD+ podría empeorar, aunque no intencionalmente, la situación de desigualdad actual.

En preparación para la COP21, es necesario revisar el éxito de REDD+ en la distribución de beneficios y observar qué áreas requieren mayor atención en el futuro diseño de proyectos.

La falta de evidencia científica sobre proyectos en que los participantes son recompensados de acuerdo con su desempeño, significa que hay pocas lecciones empíricas que extraer en esta etapa del desarrollo de REDD+.

REDD+ ha sido blanco de críticas por exacerbar de manera no intencional las desigualdades existentes. Los resultados muestran que cuando los derechos de tenencia (de jure y de facto) se encuentran legalmente definidos y son garantizados en la práctica, ello permite una distribución de beneficios más equitativa.

A partir de dos importantes datos, un estudio reciente exploró cómo los derechos de tenencia afectan la distribución de beneficios. El primer conjunto de datos fue tomado de International Forestry Research and Institutions y comprende 582 registros de productos forestales que abarcan a 350 grupos de usuarios en 14 países en desarrollo de África, Asia y América Latina.

Este trabajo demuestra que cuando los derechos colectivos de aprovechamiento de los productos forestales están asegurados, los beneficios provenientes de esos productos se distribuyen de manera más equitativa entre los participantes.

Sin embargo, este hallazgo depende del nivel de diversidad étnica dentro del grupo encargado del aprovechamiento. En lugares con mayores niveles de diversidad étnica, se hallaron menores niveles de igualdad en la distribución de beneficios, y viceversa.

Esto implica que los proyectos de REDD+ en áreas con alta diversidad étnica tienen que cumplir medidas adicionales para evitar la llamada “captura por la élite” de los grupos étnicos privilegiados.

 RESULTADOS CLAVES PARA REDD+

Incluso en contextos en los que la propiedad de la tierra es clara, la distribución de los derechos de aprovechamiento de los productos forestales, como madera y carbón vegetal, puede seguir siendo incierta.

Esto es importante para el diseño eficaz de los mecanismos de distribución de beneficios, ya que con una tenencia segura pero sin derechos de aprovechamiento claramente definidos,  la repartición de la torta de los medios de vida forestales podría ser inaceptable para algunos

La existencia de derechos de aprovechamiento no definidos dentro de REDD+ da lugar a la “captura por la élite” y a que se mantengan las desigualdades económicas en las comunidades dependientes de los bosques. Así pues, aunque es deseable contar con derechos de aprovechamiento asegurados, el éxito de estos está condicionado a la diversidad étnica del lugar.

Si bien es importante el fortalecimiento de los derechos de propiedad y de aprovechamiento de los recursos, estos por sí solo no resolverán las desigualdades étnicas. Estos desequilibrios deben ser reconocidos y tomados en cuenta en el diseño de los mecanismos de distribución de beneficios, pues, de lo contrario, los esfuerzos para asegurar los derechos tendrán un impacto limitado en la mejora de estos mecanismos.

Los derechos claramente definidos sobre los productos forestales (por ejemplo: frutas, nueces, plantas medicinales, carbón o madera) pueden provenir de permisos gubernamentales, de derechos de facto al aprovechamiento o del reconocimiento legal de los grupos de usuarios.

 REDD+  Y DESIGUALDAD ACTUAL

Otro estudio al respecto, aún no publicado, cuyo título traducido al español sería “¿Profundizará REDD+ la brecha de la desigualdad?”, evalúa si es posible distribuir equitativamente los beneficios de los proyectos de REDD+ entre las comunidades dependientes de los bosques.

Este estudio analiza la distribución de los ingresos forestales en relación con los activos no terrestres (non-land assets) (por ejemplo: ganado o maquinaria agrícola) y la compara con los niveles percibidos de seguridad de la tenencia.

La distribución de los ingresos forestales es considerada un indicador de la probable distribución de beneficios de los proyectos de REDD+, una vez que estos se materializan.

A partir de un análisis de 17 sitios de nivel subnacional en 130 aldeas de seis países de África, Asia y América Latina, se encontró que los niveles más altos de percepción de inseguridad en la tenencia y desigualdad de ingresos se observaban en aquellas aldeas que poseen mayores áreas de tierra y un mayor número de activos no terrestres.

También se halló que quienes cuentan con una mayor proporción de tierras forestales, en vez de tierras deforestadas, experimentan menor seguridad en la tenencia.

Se encontró además una relación notable entre las desigualdades de riqueza existentes y la distribución de beneficios provenientes de ingresos forestales. Y, además, que una alta desigualdad en términos de activos no terrestres se vincula con una alta desigualdad en la distribución de los ingresos forestales.

En consecuencia, la introducción de los pagos por REDD+ en áreas con desigualdad probablemente amplíen estas brechas, a menos que el diseño de proyectos sea adaptado acordemente.

Los resultados de estos estudios, que reunieron datos de diferentes países, dan fuerza al pedido para que las desigualdades de riqueza existentes sean afrontadas antes de la introducción de REDD+.

Aunque está fuera del alcance de REDD+ remediar todas las desigualdades dentro de una sociedad, es importante que  sean estas consideradas para evitar los desequilibrios sociales, étnicos y económicos ya existentes se profundicen

Esther Mwangi es una científica principal de CIFOR establecida en Nairobi y se especializa en derechos de propiedad y tenencia. Si desea discutir cualquier aspecto del artículo anterior, por favor póngase en contacto con Esther en e.mwangi@cgiar.org

Isla Duporge se encuentra vinculada a CIFOR en Nairobi. Actualmente estudia una Maestría en Desarrollo Sostenible y Ciencias Ambientales. Por favor, póngase en contacto con Isla en islacduporge@googlemail.com

Krister Andersson es profesor de Ciencias Políticas en la Universidad de Colorado, en Boulder, y se especializa en política de la gobernanza ambiental. Por favor, póngase en contacto con Krister en Krister.Andersson@Colorado.edu