Punto de acopio de madera en la Amazonía peruana. Los esfuerzos para frenar la tala ilegal pueden ser más efectivos si se concentran primero en los grandes madereros, sugiere una investigación. Foto Aymé Muzo/CIFOR.

Punto de acopio de madera en la Amazonía peruana. Los esfuerzos para frenar la tala ilegal pueden ser más efectivos si se concentran primero en los grandes madereros, sugiere una investigación. Foto: Aymé Muzo/CIFOR.

Bogor, Indonesia- Ante la creciente presión mundial para acabar con el comercio internacional de madera ilegal, surgen algunas alternativas para los países tropicales productores de madera.

Por un lado, pueden adoptar y aplicar un sistema de verificación legal que de inmediato resguarde toda la cadena de suministro de la madera, desde la tala a gran escala para los mercados de exportación hasta los operadores artesanales que abastecen los mercados internos.

Por otro, pueden empezar “poco a poco” e ir aumentando gradualmente su aplicación.

La decisión podría tener varias implicaciones para el éxito de la iniciativa a corto plazo y su sostenibilidad a largo plazo.

Durante una década, la Unión Europea (UE) ha estado negociando con los países tropicales productores de madera, acciones para detener la tala ilegal.  Investigaciones recientes indican que estos países tal vez deban dejar temporalmente de lado a los pequeños productores para lograr el éxito de sus esfuerzos conjuntos.

Hoy en día, existen acuerdos formales para eliminar varias de las principales rutas comerciales desde África y Asia hasta Europa. Sin embargo, un artículo del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), sugiere que una implementación gradual podría evitar efectos negativos en los medios de vida de miles de personas en los países productores.

Esto podría lograrse empezando con las partes “más débiles” del sector, los operadores informales, al concederles un período de aprendizaje antes de implementar y hacer cumplir plenamente las nuevas normas”, indican los autores en el artículo.

NORMAS PARA TODOS

Desde 2003, la UE ha desarrollado el Plan de Acción sobre la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT por sus siglas en inglés) para utilizar su peso como mayor importador y así promover la demanda de madera de origen legal en los países tropicales. Los importadores europeos deben ahora realizar controles obligatorios para asegurar que los productos que compran se obtuvieron, procesaron, transportaron y vendieron conforme a las leyes del país de origen. La UE también ha firmado acuerdos de voluntarios de asociación (AVA) con seis países tropicales para reformar sus sistemas de garantía de legalidad y mantiene negociaciones con otros países con el mismo fin.

La mayoría de los países signatarios de los acuerdos de voluntarios de asociación está tomando ventaja de este gran movimiento contra la tala ilegal para aumentar y mejorar el control no sólo de sus exportaciones de madera, sino de su mercado interno. Se sabe que  existe una multitud de madereros y comerciantes de pequeña escala que se ganan la vida al margen de la ley, mientras que funcionarios se hacen de la vista gorda o, en algunos casos, reciben sobornos.

Sin embargo, investigaciones muestran que la brecha entre las normas legales vigentes y las capacidades de los pequeños propietarios y operadores artesanales es aún demasiado amplia.

La mayoría de los países está tomando ventaja de este gran movimiento contra la tala ilegal para aumentar y mejorar el control no sólo de sus exportaciones de madera, sino de su mercado interno”

“Yo tengo dos puntos de vista al respecto. Primero, sabiendo cómo funciona la política en muchos países, enfocarse sólo en los madereros industriales significa que corremos el riesgo de seguir posponiendo la aplicación para el resto”, afirma el científico de CIFOR Paolo Cerutti.

“Pero uno de los principales hallazgos de nuestra investigación indica que la legislación vigente no considera a los operadores de pequeña escala, y la búsqueda de un cumplimiento generalizado de la ley, los va a empujar hacia la informalidad, con posibles consecuencias negativas para sus medios de vida”.

ENTONCES LLEGÓ REDD+

Los científicos de CIFOR que llevaron a cabo el proyecto de investigación Pro-Formal, financiado por la UE y que estudiaba opciones para la formalización del sector maderero local en cinco países entre 2010 y 2013, ahora advierten “el riesgo de exclusión de los pequeños agricultores, operadores de motosierra y comerciantes de madera local”, mientras los acuerdos voluntarios de asociación empiezan a implementarse.

Después de los esfuerzos iniciales, especialmente de la UE a mediados de la década del 2000, para incluir a todos los actores involucrados en las negociaciones, el interés decayó en los países productores por las demoras producidas. Incluso entonces, los operadores de pequeña escala, que por lo general no están bien organizados y ausentes en las ciudades capitales, no estuvieron bien  representados.

La asistencia a las reuniones disminuyó después de la firma de un acuerdo y las discusiones posteriores se centraron en el monitoreo de mercado y las reformas administrativas y fiscales.

Mientras tanto, las negociaciones sobre cambio climático llamaron la atención de los negociadores: “Apareció REDD+ (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques) y en gran medida los mismos ministerios y organizaciones de la sociedad civil involucrados en el FLEGT se vieron atrapados en esos debates, donde se decía que miles de millones de dólares estarían en juego”, explica Cerutti.

“REDD+ tomó el escenario, y el FLEGT ya no era atractivo para muchos”.

Pero los objetivos más amplios del FLEGT siguen siendo válidos, y los representantes de Europa y de los países tropicales se enfrentan ahora a la delicada tarea de reavivar el interés entre los madereros y comerciantes de pequeña escala. Esto, a través de incentivos, como mejores derechos de tenencia para los que optan por la vía legal, y sin necesidad de convertir las discusiones para la implementación en un debate generalizado sobre política forestal, lo cual, según advierte Cerutti podría “retroceder 10 años el proceso”.

LECCIONES DESDE AMÉRICA LATINA

Queda aún mucho por hacer para que el cumplimiento de los requisitos legales esté al alcance de los actores más pequeños, quienes no pueden viajar cientos de kilómetros o presentar constantemente complejos planes de manejo forestal para obtener un permiso de aprovechamiento o comercialización. Así, lecciones de otras regiones pueden resultar útiles.

“Los principales mercados para América Latina son los mercados regionales y los EE.UU., por lo que los gobiernos no se han visto en la necesidad de entrar en negociaciones con la UE”, según explica el científico de CIFOR Pablo Pacheco, quien agrega que “a pesar de esto, los países de América Latina han impulsado muchas reformas internas, y están logrando progresos significativos”.

Ecuador, por ejemplo, ha promulgado leyes más sencillas para facilitar las operaciones de aprovechamiento forestal de pequeña escala, llevadas a cabo en tierras de pequeños agricultores. También ha introducido un sistema en línea para obtener permisos desde ubicaciones remotas.

Pacheco, sin embargo, señala que esto tal vez no sea suficiente. “Algunos pequeños productores que hacen uso de sus bosques primarios a menudo cosechan sólo dos o tres árboles al año, como una red de seguridad para pagar las cuotas escolares, por ejemplo. El costo de transacción para obtener un permiso para ese uso sigue siendo demasiado alto para ellos”, explica.

Ecuador también está ejecutando proyectos piloto para trasladar el control desde el lado del suministro –desde el bosque y a lo largo de las principales carreteras– hasta puntos de comercialización en las ciudades, donde son más baratos y eficientes y para compartir datos entre la agencia recaudadora de impuestos, que mantiene buenos registros y la administración forestal. Esto también puede alentar a la industria y los compradores en las ciudades a sentirse corresponsables y apoyar la oferta de madera legal.

Ahora que el alcance y los problemas del sector informal son más conocidos, los científicos de CIFOR sugieren que el siguiente paso en la investigación es probar y refinar opciones de políticas de formalización para los pequeños operadores artesanales y las empresas dentro de los mercados locales, evaluando los impactos económicos en la cadena de suministro.

“¿Podemos compensar el aumento de los impuestos sobre los pequeños propietarios y operadores artesanales mediante la eliminación de los sobornos? ¿Hay un mercado local o regional para la madera legal que es más costosa? Estas son preguntas que estamos tratando de responder con nuestra investigación”, añade Cerutti.

Para obtener más información sobre los temas de esta investigación, por favor póngase en contacto con Paolo Cerutti en p.cerutti@cgiar.org o Pablo Pacheco en p.pacheco@cgiar.org

Esta investigación forma parte del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería.