Kayu hasil tebangan dibawa ke tempat penggergajian, Jepara, Jawa Tengah, Indonesia. Kayu yang dijual di pasaran global, antara 15 sampai 30 persen di antaranya adalah ilegal, demikian menurut laporan terbaru. Foto @CIFOR

Transporte de troncos a aserraderos en Jepara, Java Central, Indonesia. Entre el 15-30 % de la madera comercializada en mercados mundiales es ilegal, según un informe reciente. Foto Dita Alangkara/CIFOR.

BOGOR, Indonesia — A la hora de frenar el comercio mundial de madera ilegal proveniente del trópico, los activistas locales de los países productores de madera pueden ser más efectivos que cualquier tecnología sofisticada y normativa de importación, según expertos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

Las denuncias de grupos ambientalistas han dado lugar a la represión del comercio ilegal de especies de alto perfil, como la caoba de América del Sur, y esos grupos deberían recibir un papel más formal en los organismos internacionales de fiscalización, sugiere un estudio reciente publicado por CIFOR y la organización londinense Chatham House.

Incluso cuando organismos internacionales y los países productores de madera llegan a un acuerdo para lograr mejores medidas de gestión y control forestal, los envíos ilícitos pueden aprovechar la existencia de lagunas jurídicas.

“La participacióm de representantes de la sociedad civil de los países donde tiene lugar el comercio ilegal de madera expande la base de información, siempre y cuando se trate de organizaciones no gubernamentales que gocen de credibilidad”, dijo Rosalind Reeve, investigadora asociada sénior de CIFOR y coautora del artículo.

El informe recomienda maneras de fortalecer la relación entre la normativa de la Unión Europea destinada a detener las importaciones de madera ilegal y la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES).

Entre el 15-30 % de la madera comercializada en los mercados mundiales es ilegal, de acuerdo con estimaciones del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. La Interpol estima que el comercio ilícito equivale al menos a 30 mil millones de USD al año.

La presión de grupos de la sociedad civil permitió la implementación de controles más estrictos para las exportaciones de ramin (Gonystylus spp.), especie nativa de los pantanos de turba del Sudeste de Asia, señaló Reeve. Y campañas de organizaciones no gubernamentales en Europa y Estados Unidos permitieron imponer una veda a la exportación de caoba (Swietenia macrophylla) de Brasil y requisitos más estrictos para la exportación de madera en un tratado de libre comercio entre Perú y Estados Unidos. Más recientemente, la organización ecologista Greenpeace cuestionó un cargamento de teca africana (Pericopsis elata, también conocida como afrormosia), que luego autoridades incautaron en un puerto de Bélgica.

Aunque la Unión Europea, Estados Unidos y Australia han establecido reglamentos para las importaciones de madera, es poco probable que estos detengan el flujo de madera ilegal, dicen algunos expertos.

“Es ampliamente reconocido que la tala ilegal sigue siendo un problema serio en muchas partes del mundo”, dice Andrew Wardell, ex director del Programa de Bosques y Gobernanza de CIFOR. “Los incentivos son muy grandes para la gente involucrada, y la capacidad de fiscalizar y, posiblemente, la voluntad política para hacer algo al respecto son todavía escasas”.

Aunque los organismos internacionales y los países productores de madera están de acuerdo en la necesidad de contar con mejores medidas de gestión y control forestal, los envíos ilícitos pueden aprovechar la existencia de lagunas jurídicas.

A pesar de una sección especial sobre gobernanza forestal en el Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos, según la cual Perú debe asegurar que los envíos de especies maderables protegidas incluidas en la CITES puedan rastrearse hasta la concesión forestal donde se cosecharon los árboles, las exportaciones ilegales de caoba persisten debido a la falta de inventarios previos a la cosecha, documentación fraudulenta o incompleta, y la falta de aplicación de controles, de acuerdo con un estudio publicado en la revista Nature hace unos meses.

Una investigación anterior de la Agencia de Investigación Ambiental (Environmental Investigation Agency) encontró que, desde 2008, más de 20 empresas estadounidenses importaron millones de dólares en madera ilegal de la Amazonia peruana. La caoba extraída ilegalmente ingresa eventualmente a la cadena de comercialización legal, por lo que la documentación de exportación parece ser legítima cuando llega a los puertos de Estados Unidos, el mayor importador de caoba peruana.

NO A LAS SOLUCIONES ‘TECNOCÉNTRICAS’

Normatividad inadecuada, su aplicación deficiente y corrupción son problemas que a menudo se pueden tratar de manera más eficaz aprovechando los conocimientos de las organizaciones de la sociedad civil en los países productores de madera que mediante regulaciones internacionales tales como la Ley Lacey de Estados Unidos o el Reglamento de Comercialización de la UE, dijo Wardell.

Los países importadores pueden desempeñar un papel importante apoyando a esas organizaciones en su trabajo de presión por mejores normativas de la gestión forestal y las exportaciones de madera en sus países, dijo. Aunque los países importadores tradicionales como los Estados Unidos y los de la Unión Europea aprueban leyes para frenar las importaciones de madera ilegal, su capacidad para mantener la madera obtenida ilegalmente fuera de las cadenas de suministro es limitada por varias razones, dijo Wardell.

En primer lugar, crecientes cantidades de madera ilegal van a otros países que a menudo tienen regulaciones menos rigurosas para la importación, en particular China, India y el Medio Oriente. Además, gran parte del comercio de madera es regional —entre los países de Asia, África o América del Sur— y por lo tanto está fuera del alcance de sistemas como la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT) de la Unión Europea.

Por otra parte, en muchos países tropicales productores de madera, la diferencia entre la cosecha informal de madera por pequeños propietarios rurales y el comercio ilegal a menudo no es clara, explicó Wardell. Un reciente estudio ha puesto de manifiesto también la relación recursiva entre actores ‘privados’ y ‘estatales’ en el comercio informal de madera entre Vietnam y Laos y las posibilidades de movilidad entre tales categorías. Esto sugiere que el fortalecimiento de los esfuerzos internacionales y nacionales para hacer cumplir la ley tiene que combinarse con el desarrollo de una comprensión más matizada de las relaciones complejas que caracterizan y perpetúan la corrupción a través de múltiples escalas, dijo Wardell.

Los reglamentos forestales diseñados para las grandes concesiones madereras no incluyen disposiciones que permitirían a los pequeños agricultores vender madera legalmente. Como resultado, los pequeños agricultores pueden ser multados por vender ilegalmente pequeñas cantidades, mientras que los operadores a gran escala quedan impunes, dijo Wardell.

El estudio de Vietnam y Laos muestra que los problemas fundamentales —relacionados con la gobernanza forestal, la política y las complejas redes sociales en los países productores de madera— no pueden resolverse a través de medidas técnicas tales como un mejor seguimiento de la madera entre los países importadores y exportadores, dijo. La resolución de los problemas requiere medidas políticas, añadió, y abogar por esas medidas es una tarea que requiere de liderazgo de los grupos de la sociedad civil local.

“Se trata de redes sumamente complejas a las que no se les puede hacer frente con herramientas tecnocéntricas y simplistas”, indicó Wardell. “Como investigadores, podemos aportar conocimiento y evidencia nuevos con base científica, pero para conseguir cambios transformadores, el esfuerzo tiene que provenir de los ciudadanos dentro de sus países”.

Para más información sobre los temas de este artículo, contáctese con Andrew Wardell en a.wardell@cgiar.org.