Pobladores de la comunidad Cashiboya en Loreto, Perú. Marlon del Aguila Guerrero/CIFOR-ICRAF

Desde el nacimiento del mecanismo REDD+ (reducción de las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques), surgieron preocupaciones sobre su impacto potencial en los derechos y prioridades de los hombres y mujeres de los Pueblos Indígenas (PI) y comunidades locales (CL). Este debate dio impulso a que, en 2010, durante la cumbre climática de Cancún, se adoptasen siete principios de salvaguardas sociales y ambientales para REDD+.

Si bien las salvaguardas son un sistema de mitigación de riesgos, también buscan aumentar los impactos positivos de las intervenciones en el terreno.

Como parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+, nos hemos enfocado en analizar el avance de las salvaguardas con especial atención en el abordaje de los derechos de los PI y las CL.

La Convención Marco de las Naciones Unidas frente al Cambio Climático (CMNUCC) determinó que cada país interprete las salvaguardas en función de su legislación nacional y sus prioridades en políticas públicas para decidir, por ejemplo, qué entienden como “respeto” o “participación”.

Así, la aplicación y operacionalización de las salvaguardas varía considerablemente según el país: en función de sus interpretaciones legales, la adhesión a acuerdos internacionales sobre los derechos de los PI y CL, y las diferentes prioridades políticas y económicas. En ese contexto, entender y examinar qué entienden y cómo aplican los países las salvaguardas resulta crucial. Considerando la especificidad de los procesos nacionales vinculados a las salvaguardas y la importancia de los  PI y CL para lograr los objetivos REDD+ (y del clima y la biodiversidad mundial), recientemente  elaboramos un folleto comparativo que  analiza el nivel de apoyo a sus derechos en los marcos legales y de políticas públicas en el contexto de REDD+ a partir de información sobre tres países: Indonesia, Perú y la República Democrática del Congo.

Con este análisis buscamos entender si las salvaguardas aseguran que las iniciativas no solo se aborden para que “no hagan daño” y más bien exploren la posibilidad de tener impactos positivos o “hacerlo mejor”, ampliando el reconocimiento de los derechos de los PI y CL y apoyando su autodeterminación y acceso y control de sus territorios ancestrales.

El análisis compara y sintetiza los resultados que fueron publicados en tres folletos para cada uno de esos países. Como resultado, se brindan recomendaciones y lecciones para lograr un enfoque de REDD+ que beneficie a los bosques y a las mujeres y hombres que los gestionan.

Retos para “hacerlo mejor”

Nuestra investigación revela que lograr un cambio positivo tanto en el bienestar de las comunidades dependientes de los bosques, como en la relación entre el Estado como garante de derechos y estas comunidades de derechohabientes (“hacerlo mejor”) requiere de un mayor esfuerzo.

En Indonesia, a pesar de que hay importantes progresos en el desarrollo de diferentes herramientas para la implementación de REDD+, incluyendo el Sistema de Información de Salvaguardas; aún queda por ver cómo estas se traducirán en el marco legal sobre derechos comunitarios en la práctica, y cómo abordarán los desafíos políticos e intereses de desarrollo en los bosques y el uso de la tierra.

En Perú, el reconocimiento legal de los Pueblos Indígenas está fundamentado en diversas normas legales; no obstante, los derechos sobre la tierra y sus recursos solo están reconocidos parcialmente, lo que fomenta la inseguridad en un contexto de fuerte presión sobre sus territorios. El país lanzó recientemente su Módulo de Información de Salvaguardas, sin embargo, todavía necesita desarrollar una hoja de ruta para su operativización que integre las contribuciones y los comentarios de las organizaciones representativas de los pueblos indígenas.

Por otro lado, en la República Democrática del Congo, la reciente aprobación de la Ley de Promoción y Protección de los Derechos de los Pueblos Indígenas Pigmeos y el proceso de reforma agraria en curso han impulsado avances significativos en materia de derechos territoriales. Estas reformas en curso también deben completarse y establecerse en una ley. Sumado a ello, se requiere que la implementación y monitoreo de las salvaguardas para REDD+ involucre a las mujeres y hombres de los PI y CL, reconociendo y respetando sus derechos, conocimientos y participación, tal como se describe en las contribuciones determinadas a nivel nacional.

Recomendaciones y lecciones aprendidas

Dado que los tres países analizados aún se encuentran en el proceso de pilotaje de sus enfoques nacionales de salvaguardas REDD+, queda una ventana abierta para que apuesten por la expansión y efectiva protección de los derechos de los PI y CL.

Nuestro análisis comparativo ofrece una serie de recomendaciones y lecciones para avanzar hacia ese propósito:

• Se requiere una discusión adicional a nivel de la CMNUCC para definir si las salvaguardas deben cumplir con un mínimo de “no hacer daño”, lo que implica mantener el statu quo (ya que los países no tienen que cambiar sus leyes sino interpretar las salvaguardas dentro de sus marcos), o, por el contrario, apoyar trayectorias transformadoras que permitan “hacerlo mejor”. Esto implica establecer niveles de ambición más claros y transparentes, y proporcionar directrices y requisitos más estrictos para guiar a los países en sus procesos de REDD+.
• El progreso hacia “hacerlo mejor” precisa un mayor esfuerzo, comenzando con una reconsideración de los países REDD+ como “responsables” y de las comunidades dependientes de los bosques como “titulares de derechos”, asegurando las capacidades y mecanismos para hacer responsables a los primeros, y garantizando salvaguardas mejor monitoreadas y una distribución de pago por resultados equitativa y justa.
• El cumplimiento de las salvaguardas por parte de los países REDD+ debe asegurar un monitoreo independiente, con el objetivo de que las salvaguardas no sean solo una simple formalidad, sino que se implementen de manera que, como mínimo, protejan y respeten los derechos de los Pueblos Indígenas y las comunidades locales.

Considerando el importante papel de los hombres y mujeres de los Pueblos Indígenas y comunidades locales como gestores y gestoras de los bosques en los que se está implementando REDD+ en el sur global, establecer enfoques de salvaguardas que apoyen la expansión y el efectivo reconocimiento y respeto de sus derechos no solo sería transformador en términos de equidad, sino que además apoyaría al cumplimiento de los objetivos de REDD+.

Para obtener más información sobre este tema, puede ponerse en contacto con Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cifor-icraf.org o Tamara Lasheras en t.lasheras@cifor-icraf.org

Este trabajo ha sido realizado como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (www.cifor.org/gcs). Entre los socios financiadores que han apoyado esta investigación se encuentran la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD, subvención n.º QZA-21/0124), la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, subvención n.º 20_III_108) y el Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) con apoyo financiero de los donantes del Fondo del CGIAR.