Las Áreas Naturales Protegidas (ANP) son clave para la conservación de la biodiversidad y la adaptación y mitigación del cambio climático. En estos paisajes, enmarcados en el cumplimiento de acuerdos internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Convenio sobre la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París, se entrelazan diversos objetivos, intereses, estructuras de gobernanza, marcos normativos, prioridades de desarrollo y conocimientos entre los diferentes actores que los gestionan y que, en algunos casos, dependen de ellos.   

Durante décadas, las ANP fueron concebidas como entornos destinados exclusivamente a la preservación de la biodiversidad, con enfoques de gestión conocidos como ‘fortress conservation’ (conservación tipo fortaleza), en las que se las planteaba como “islas” que separaban la naturaleza prístina de los impactos de las actividades humanas. Esta visión llevó –en muchos casos– a la restricción de los derechos a la tierra y los recursos de los grupos de Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes que las habitaban, o su exclusión en la gestión, lo que impactó negativamente en sus medios de vida y bienestar. En algunos casos, esto derivó incluso en el desplazamiento de los grupos locales con riesgos para su soberanía alimentaria, identidad cultural e integridad social, desencadenando en conflictos. 

Sin embargo, un cambio significativo reciente ha surgido en la manera en que se perciben y gestionan las áreas de conservación como las ANP. Los enfoques basados en derechos sitúan el acceso, reconocimiento, y respeto de los derechos individuales y colectivos de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes en la planificación, ejecución y monitoreo de las iniciativas de conservación en sus territorios. Estos enfoques proponen un cambio transformador en los que sus comunidades dejan de ser percibidas como sujetos pasivos o simples beneficiarios de las iniciativas de conservación y pasan a ser reconocidos como sujetos autónomos de derechos, con propuestas propias, cuya participación en el codiseño de objetivos es imprescindible.   

Este giro, responde en parte a la creciente evidencia de que la conservación es más efectiva cuando se involucra a las poblaciones locales; y se adopta un enfoque de gobernanza colaborativa, en contraste con los enfoques que las excluyen o limitan su participación. Además de contribuir al cumplimiento de objetivos globales, el enfoque de gobernanza colaborativa basada en derechos busca corregir prácticas históricas de exclusión, que durante largo tiempo han enfrentado los Pueblos Indígenas, comunidades locales y Pueblos Afrodescendientes, que habitan parte importante de los paisajes clave para las metas globales de biodiversidad y cambio climático en la Amazonía.

Con el nuevo Marco Mundial de la Diversidad Biológica de Kunming-Montreal (GBF-KM), aprobado en 2022, los enfoques basados en derechos han cobrado más relevancia, al ser incluidos como parte de las consideraciones para su implementación. De manera específica, la Meta 22 busca garantizar el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas, las comunidades locales y los Pueblos Afrodescendientes como custodios de la biodiversidad y socios en su conservación, asegurando su representación y participación plena y efectiva en la toma de decisiones.

Pero conseguir una colaboración equitativa y efectiva no es una tarea sencilla. En estos espacios, diversos actores coexisten con diferentes prioridades, capacidades y acceso en los espacios de toma de decisiones.  Estas diferencias pueden generar problemas en términos de representación, influencia y participación de los grupos históricamente excluidos, limitando su incidencia en la gobernanza de las ANP.