Perú empezó a formalizar los derechos de las comunidades nativas hace 40 años –algo clave para proteger los medios de vida de los pueblos y los bosques que custodian. Sin embargo, según datos de la ONG Instituto del Bien Común todavía quedan por titular más de 600 comunidades, mientras la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) reporta que las peticiones pendientes alcanzan unos 20 millones de hectáreas de tierras y bosques.
Por ello, cuando el equipo de investigación para Perú del Estudio Comparativo Global de Reformas de Tenencia en Tierras Forestales del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) analizó cómo funcionaba en la práctica los pasos de debían seguir los comuneros y comuneras para culminar exitosamente el camino hacia la titulación de sus tierras colectivas, identificó que un gran problema por resolver era la falta de información disponible, así como la dificultad que tienen las comunidades para entender los trámites y las características del proceso de titulación. Fue así que concibieron la idea de producir una publicación que oriente a las comunidades.
“Los cambios en el marco legal e institucional, las diferencias regionales y la entrada de otros actores ha generado confusión sobre los pasos a seguir para titularse”, explica Iliana Monterroso, científica del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y autora principal de la nueva ‘Guía práctica para el proceso de titulación de comunidades nativas’.
La guía, que parte del estudio de como funcionan los procesos de titulación en la práctica en la Amazonía peruana, describe de forma accesible los pasos e instituciones involucrados en el proceso de titulación. El objetivo es orientar a las comunidades nativas sobre los 22 pasos del proceso y recomendar cómo pueden participar en él y abordar los posibles cuellos de botella para ver reconocido su derecho a la propiedad comunal de las tierras y los recursos naturales.
“Las comunidades dependen del entorno natural para sobrevivir, pero las que no ven reconocidos sus derechos sobre la tierra son vulnerables a presiones externas”, afirma Monterroso. “Ello afecta sus decisiones sobre el manejo de los recursos”.
La publicación ha sido ideada para orientar a las comunidades pero también a técnicos gubernamentales y a especialistas de las ONG que trabajan directamente con ellas.
“Buscamos facilitar la coordinación entre la decena de instituciones gubernamentales involucradas; ayudar a las ONG a diseminar información sobre el proceso de titulación; y promover el debate informado dentro de las propias comunidades”, explica Monterroso.
Para Anne Larson, líder del área de investigación sobre tenencia, equidad de género, derechos y justicia de CIFOR, apoyar estos procesos es una tarea clave para los bosques del Perú.
“La titulación es un paso necesario que casi siempre se requiere en Perú para mejorar la seguridad de tenencia y la defensa del territorio de las comunidades nativas. Estos dos son aspectos claves que crean las condiciones para la sostenibilidad de los bosques”, dice.
De la ley a la práctica
La guía no es un manual de procedimientos oficiales ni un documento legal, sino un instrumento orientador para que las comunidades tengan a la mano información necesaria para ver reconocidos sus derechos ancestrales.
“Observamos una diferencia marcada entre los pasos que establece la ley y los que se dan en la práctica,” señala Monterroso. “La guía identifica algunas de estas diferencias, pero también permite aprovechar la experiencia de los que ya han pasado por estos procesos para avanzar en la titulación de otras comunidades con procesos pendientes”.
En Perú, las comunidades nativas pueden demarcar y titular las tierras de uso agrario o bien firmar un contrato de cesión en uso sobre las tierras de uso forestal. La realidad es que algunos procesos de titulación se extienden por muchos años en parte por la cantidad de pasos e instituciones que intervienen y por la falta de apoyo político para esta causa.
Según Monterroso, los contratos de cesión en uso están mucho menos regulados y la gran mayoría de gobiernos regionales no los están implementando, por lo que apenas hay datos sobre el tiempo que puede llevar extenderlos.
“La guía hace explicita los numerosos pasos en la práctica, en comparación con la ley que establece solamente 12 Esperamos que ayude a repensar los procedimientos e identificar opciones para agilizar el proceso”, agrega Larson.
Preparados para los desafíos
La publicación también aborda temas de fondo, como la necesidad de establecer procesos participativos dentro y fuera de las comunidades. Comuneros y comuneras, jóvenes y ancianos son llamados a participar de forma activa en la demarcación y evaluación de los usos principales de su territorio. Ello evita que algunas de las tierras que ocupan o utilizan de distinta forma queden fuera del área demarcada. Además, el documento destaca que el papel que certifica la titulación no es el final del camino. Las comunidades deben asegurarse de que los derechos adquiridos se incluyan en los registros públicos para evitar problemas futuros como superposiciones con áreas protegidas, bosques de producción permanente u otras categorías asignadas.
Además informa a las comunidades qué puede pasar y cómo podría abordarse o dónde encontrar los funcionarios o especialistas que pueden ayudarlos en cada una de estas etapas, así como identificar la base legal que puede apoyar el reclamo de sus derechos.
“Esta guía se suma al esfuerzo de otras organizaciones indígenas y de desarrollo que han generado material para la difusión de estos procesos, y que se espera permitan avanzar en la formalización”, indica Monterroso.
Dentro y fuera de Perú quedan centenares de comunidades nativas y millones de hectáreas de tierras por reconocer. El camino de la titulación puede parecer largo y oneroso para las comunidades, pero comprender cómo hay que recorrerlo es una forma de avanzar no solo hacia el reconocimiento de los derechos de las comunidades forestales, sino el manejo sostenible de los bosques de Perú.
Para más información sobre este estudio, contacte a Anne Larson en a.larson@cgiar.org o Iliana Monterroso en I.monterroso@cgiar.org.
Este estudio fue realizado por CIFOR como parte del Programa de Investigación sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) y el Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) del CGIAR, con apoyo financiero del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) y el soporte técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
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