Peru mengalami pertumbuhan ekonomi dan terus bertumbuh yang terus akan berlangsung – dengan pengorbanan Amazon Peru, kata Mary Menton dari Pusat Penelitian Kehutanan Internasional (CIFOR).

Perú está experimentando un crecimiento económico – y es probable que así continúe– con consecuencias para la Amazonía peruana, dijo Mary Menton del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

LIMA, Perú.  A pesar de que Perú se ha establecido una meta de deforestación cero para el año 2021, las condiciones económicas y políticas favorecen su aumento, asegura un nuevo estudio.

“Perú está experimentando un crecimiento económico”, dijo Mary Menton del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). Ella es una de las principales autoras del documento “Contexto de REDD+ en Perú: Motores, actores e instituciones”  (publicado en castellano), el más reciente de una serie de trabajos ocasionales que reúnen y analizan amplia información sobre las condiciones políticas y económicas en los países con gran riqueza forestal.

“Gran parte de este crecimiento está sucediendo – y es probable que continúe haciéndolo – a costa de la Amazonía peruana”.

El esquema REDD+, que ha formado parte de las negociaciones de las Naciones Unidas sobre cambio climático desde 2007, propone que los países en desarrollo pueden disminuir los gases de efecto invernadero reduciendo la deforestación y degradación forestal, conservando los bosques, aumentando el número de árboles plantados y promoviendo la gestión y uso sostenible de los bosques.

Las cifras oficiales  presentan la cobertura forestal de Perú en alrededor de 73 millones de hectáreas, equivalente a 60 por ciento de su territorio. La tasa de deforestación de 0.15 por ciento es relativamente baja, aunque la deforestación representa casi  la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero en el país.

“Estas tasas históricas de deforestación no reflejan los efectos de la nueva y futuras carreteras interoceánicas y tampoco la reciente expansión agroindustrial en la Amazonía”, dijo Hugo Che Piu, autor principal y presidente de Derecho Ambiente y Recursos Naturales (DAR).

A pesar de que el Ministro del Medio Ambiente de Perú ha anunciado en foros internacionales su compromiso para lograr la deforestación neta cero con su plan para conservar 54 millones de hectáreas de bosques, estas metas no reflejan los impactos de las actividades actuales y planificadas que impulsan el crecimiento económico, tal como una carretera importante y proyectos de infraestructura energética.

“Si el gobierno realmente quiere lograr la deforestación neta cero y reducir sus emisiones derivadas por el cambio en el uso de la tierra, debe balancear las demandas para la conservación de los bosques y el crecimiento económico”, dijo Menton.

El camino a la prosperidad

El crecimiento económico es un imperativo de primer orden en Perú, donde la pobreza está extendida, especialmente entre la población rural, y particularmente en la sierra donde 60.3 por ciento de las personas están clasificadas como pobres y 21.1 por ciento como extremadamente pobres.

Una de las principales causas de la deforestación –y tal vez la más antigua– es el activo fomento del gobierno al asentamiento de poblaciones en la Amazonía, mayormente a través de la migración desde la sierra. En medio de una creciente demanda de productos agrícolas, el gobierno ha introducido una serie de políticas para fomentar los cultivos para los mercados nacionales, o en el caso de la palma aceitera, para los mercados internacionales.

Entre los incentivos estuvo la entrega de títulos de propiedad de tierra que fuera convertida con fines agrícolas. El gobierno eludió las leyes que prohíben la conversión de tierras del estado, recurriendo a otras regulaciones que permiten la entrega de títulos en lugares donde las personas agregan un valor económico a la tierra – lo que casi siempre significa convertir las tierras forestales en tierras agrícolas.

“Los pueblos indígenas y otras poblaciones rurales que conservan y gestionan los bosques de manera sostenible nunca pueden obtener títulos de propiedad sobre esos bosques, creando una contradicción que necesitamos solucionar para crear incentivos reales contra la deforestación”, dijo Che Piu.

La construcción de infraestructura vial, cuyo vínculo con el aumento de la deforestación está bien establecido,  ha conectado a las poblaciones locales con el resto de Perú y ha traído nuevos inmigrantes desde los Andes y otras regiones. Otras políticas fomentan la inversión en infraestructura energética y la explotación de petróleo y gas, que generan ingresos tributarios importantes.

“Esta inversión está sucediendo sin tener en cuenta plenamente los impactos sociales y ambientales”, agregó Menton. “Y no se cuenta con lo suficiente en cuanto a políticas o instituciones que están al servicio de la protección de los bosques”.

Ausentes en acción

Otras políticas están contribuyendo a condiciones pro-deforestación simplemente con su ausencia, indica el informe.

“Encontramos que realmente no existe una visión integrada y transversal para la planificación del uso de la tierra en el país en el corto, mediano o largo plazo”, dijo Menton.

“Esto ocasiona, al menos en parte, las contradicciones dentro del marco legal e institucional entre las metas del gobierno nacional y las de los gobiernos regionales y locales”.

Igualmente faltan mecanismos para lograr coordinación y comunicación sobre la gestión forestal entre las instituciones – aun bajo los planes actuales, por lo menos cuatro entidades serán responsables de la futura gestión forestal, las mismas que deberán ser capaces de coordinar sus funciones y niveles si es que van a ayudar a evitar la deforestación.

“Todos los niveles de gobierno cuentan con muchas estrategias y planes, pero buena parte de lo que está planificado no se ejecuta”, dijo Menton.

“Vimos esto con la estrategia para la tala ilegal, que pasó muchos años sin mayor actividad, y el plan anti-corrupción podría ir por el mismo camino”.

“Y es así que el principal desafío que REDD+ necesitará superar en Perú es demostrar que realmente puede ser implementado en una forma eficaz dentro de los bosques, y que no se convertirá solamente en otra estrategia más”, agregó Che Piu.

En busca del “PLUS”

No obstante, la lucha contra la deforestación es un tema prominente en la agenda nacional.

El gobierno de Perú está involucrado en varios esquemas REDD+, incluyendo procesos en el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques del Banco Mundial y UN-REDD.

Hay más de 40 proyectos de carbono forestal en curso a nivel sub-nacional. Recientemente fue aprobado el Programa de Inversión Forestal del Banco Interamericano de Desarrollo  (FIP) del Banco Mundial, y está previsto que aportará $50 millones a los programas REDD a nivel nacional

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana  (AIDESEP) ha estado permanentemente a la vanguardia en las conversaciones nacionales, abogando por la promoción de la equidad de REDD al asegurar la consulta y participación de los pueblos indígenas y la priorización de garantizar la tenencia de la tierra para los pueblos indígenas, como un pre-requisito para REDD en Perú. Sus demandas han sido recogidas por el FIP.

“La incorporación de las propuestas de los pueblos indígenas es uno de los avances más importantes en la fase preparatoria de REDD en cuanto a gobernanza”, dijo Che Piu.

Sin embargo, un análisis de los medios de comunicación preparado por CIFOR indica que los actores internacionales – principalmente ONG ambientales – están dominando el escenario en Perú, con gran ausencia de la voz y posición del gobierno en los periódicos nacionales. Esto podría socavar las políticas relacionadas con REDD, que requieren pertenencia y participación nacional para tener éxito.

Para Perú, la principal atracción de REDD+ reside en los beneficios colaterales potenciales –el “plus” en el nombre– tales como medios de vida mejorados, gobernanza forestal fortalecida y conservación de la biodiversidad.

Un enfoque en los beneficios colaterales también podría contribuir a la meta de deforestación del país: la experiencia muestra que contar con políticas sobre derechos indígenas y participación, conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de recursos forestales ha ayudado a conservar muchos bosques, incluso cuando las políticas no son implementadas en su totalidad.

“Con todo, las fuentes de financiamiento propuestas en el RPP para el monitoreo de carbono suman 20 veces más que los fondos propuestos para el monitoreo de los impactos sociales y ambientales”, destacó Che Piu.

“Desde el inicio, el gobierno ha afirmado que está interesado en los beneficios colaterales”, dijo Menton.

“Pero incluso si opta por buscar los beneficios colaterales en vez de la deforestación directamente, todavía necesita tener la capacidad y coordinación para que esto suceda”.

Para mayor información sobre los temas tratados en el presente artículo, sírvase contactar a Mary mentón en m.menton@cgiar.org 

Esta investigación se llevó a cabo como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ dentro del Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Arboles y Agroforestería y fue respaldado por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), AusAid, el Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido y la Comisión Europea.