REDD+ —la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques— es un mecanismo internacional respaldado por la ONU que proporciona a los países en desarrollo incentivos financieros para mantener sus árboles en pie y, por tanto, mantener y aumentar sus reservas de carbono.

Bogor, Indonesia

REDD+ —la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques— es un mecanismo internacional respaldado por la ONU que proporciona a los países en desarrollo incentivos financieros para mantener sus árboles en pie y, por tanto, mantener y aumentar sus reservas de carbono.

— Las autoridades de los países en desarrollo ricos en bosques están más preocupadas por que su país sea tratado equitativamente en las negociaciones internacionales sobre REDD+ que por la equidad dentro de su propio territorio, según un análisis de los discursos públicos sobre REDD+ en los medios de comunicación.

REDD+ —la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques— es un mecanismo internacional respaldado por la ONU que proporciona a los países en desarrollo incentivos financieros para mantener sus árboles en pie y, por tanto, mantener y aumentar sus reservas de carbono.

El fracaso de las autoridades para abordar las cuestiones que debilitan la equidad en un país con desigualdades de larga data podría en última instancia socavar la eficacia de REDD+ y dejar a los grupos marginados en peor situación, argumentan los autores de Equity and REDD+ in the media: A comparative analysis of policy discourses (Equidad y REDD+ en los medios: análisis comparativo de discursos de política).

“No esperamos que REDD+ resuelva todas las desigualdades, pero sí creemos que es importante que los formuladores de políticas sobre REDD+ se comprometan con estos temas”, dijo la autora principal Monica Di Gregorio, asociada sénior del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y catedrática de la Universidad de Leeds, Gran Bretaña.

“Las cuestiones de equidad darán forma a los resultados de política. Si no se tiene en cuenta la equidad, REDD+ podría acabar provocando conflictos y los usuarios de los bosques pueden negarse a participar. Y si REDD+ se diseña tener en cuenta las salvaguardas, el riesgo es que incluso empeore la desigualdad”, agregó.

¿QUÉ ES ‘EQUITATIVO’?

Ya a inicios del desarrollo de REDD+, la equidad fue identificada como una de las “3 E” necesarias para el éxito de REDD+, siendo las otras la eficacia (la cantidad de emisiones de carbono reducidas) y la eficiencia (el costo de reducir las emisiones).

Sin embargo, la equidad es una construcción social, y las ideas de lo que es “equitativo” varían de un contexto a otro.

“Diferentes personas tienen ideas muy diferentes de lo que es equitativo”, dijo Cecilia Luttrell, asociada sénior de investigación de CIFOR y autora principal de un estudio relacionado acerca de los discursos sobre la distribución de beneficios. Dicho estudio identificó seis fundamentaciones muy diferentes por las que los grupos deberían beneficiarse de REDD+.

“Es importante ser conscientes de todos estos puntos de vista porque influyen no sólo en las políticas, sino también en si las personas pueden contribuir a la toma de decisiones y en cómo se distribuyen los costos y beneficios de REDD+”, agregó, señalando que varios aspectos de la distribución de beneficios pueden influenciar en la equidad.

Por ejemplo, los que participan en el diseño de mecanismos de distribución de beneficios pueden apoyar la equidad considerando los costos de REDD+, que recaen en diferentes grupos de manera desproporcionada y que tienden a ser ignorados. Además, añadió, tienen que ser conscientes —y transparentes— acerca de los resultados que desean lograr, ya que esta claridad ayuda a identificar a los decisores legítimos y decidir quién es responsable de qué resultados.

JUEGO LIMPIO

Sin embargo, en muchos países REDD+, el debate sobre la equidad no va más allá de una comprensión simplista de la distribución de beneficios, de acuerdo con Di Gregorio.

“Las causas profundas de la desigualdad social y política están recibiendo muy poca o ninguna atención pública”, dijo. “Pero estas desigualdades tienen consecuencias importantes en términos de quién gana o quién pierde con REDD+”.

Un problema común es la inseguridad o falta de derechos de la tierra y de tenencia en los países REDD+. Por ejemplo, en un estudio de 71 aldeas en cinco países REDD+, más de la mitad de los encuestados informó que la tenencia de al menos parte de su tierra era insegura.

En consecuencia, la población local e indígena corre el riesgo de perder el control sobre sus tierras y puede encontrarse en posición más débil para reclamar beneficios de REDD+. Esto se refleja en la fundamentación de los “derechos legales” identificada por Luttrell y sus coautores, el argumento de que los beneficios deben ir a los grupos que tienen derechos legales sobre el carbono o los árboles.

Por otra parte, los que no tengan un derecho reconocido a los recursos probablemente quedarán fuera de cualquier toma de decisiones sobre esos recursos, agregó Di Gregorio.

“Si la población local no puede participar en la toma de decisiones, entonces es probable que los resultados no le favorezcan”, dijo Di Gregorio.

“Las cuestiones de participación, distribución de los beneficios y derechos locales e indígenas están vinculadas”.

IGUALANDO LAS CONDICIONES

Cuestiones relacionadas con la equidad, tales como la participación y la tenencia forman parte de las salvaguardas incluidas en el Acuerdo de Cancún. El objetivo de las salvaguardas es evitar que las actividades de REDD+ causen daño a las personas o al medio ambiente. Los hallazgos del análisis de los medios de comunicación plantean la cuestión de si los formuladores de políticas aprecian plenamente la importancia de las salvaguardas.

“Es posible que los países no estén tomando en serio las salvaguardas, en el sentido de que las discusiones que deben llevarse a cabo no son centrales en los debates sobre políticas de REDD+”, dijo Di Gregorio.

“Incluso podemos preguntarnos si la comunidad internacional está tomando en serio las salvaguardas, dado que, en general, no se presta mucha atención a las salvaguardas o la equidad”.

Otra razón subyacente para descuidar estas cuestiones es que la igualdad y los derechos provocan intrínsecamente “problemas de poder”, como lo expresó Di Gregorio.

Este es el caso, por ejemplo, de los países REDD+ donde las tierras forestales son de propiedad estatal. Si el Estado concediera derechos sobre la tierra o mayores insumos a los grupos locales o indígenas, podría poner en peligro su propia posición, y aquí es donde el papel de la sociedad civil se vuelve crucial, argumentan los autores.

“El hecho de que haya poca discusión pública sobre la equidad significa que el Estado no está bajo ninguna presión para cambiar lo que está pasando en su país”, dijo Di Gregorio.

“Muchos países, por consiguiente, necesitan de la sociedad civil para plantear el problema, porque las autoridades no están predispuestas a comprometerse a menos que se les pida abiertamente”.

Priorizar la equidad en la agenda de políticas requiere procesos de consulta más sólidos y mayor participación de la sociedad civil y los donantes, sugirió Di Gregorio.

“Hay margen para que los actores internacionales participen más en este tema”, dijo. “Pueden también discutir de estas cuestiones con los actores nacionales, sobre todo en los países donde la sociedad civil es débil”.

Estos estudios se han publicado en un número especial de Ecology and Societytitulado Beyond Carbon: Enabling Justice and Equity in REDD+ Across Levels of Governance (Más allá del carbono: facilitando justicia y equidad en REDD+ en todos los niveles de gobierno). Para más información sobre esta investigación, contáctese con Maria Brockhaus en m.brockhaus@cgiar.org.