Medición de carbono y otros GEI en pantanos de palmeras sobre turba en Iquitos, Perú. Foto: Junior Raborg/CIFOR-ICRAF

A medida que la comunidad internacional busca acelerar la acción climática para limitar el calentamiento global a 1,5 °C, los países deben consolidar sus esfuerzos para el monitoreo y la presentación de informes precisos sobre sus avances en todos los frentes: flujos de financiación, políticas e inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. 

Esto es especialmente relevante dado que los primeros informes bienales de transparencia en virtud del Acuerdo de París deben presentarse en diciembre de 2024, señalaron expertos en un evento oficial paralelo organizado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF), en colaboración con la Comisión de Bosques de África Central (COMIFAC) y la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU) durante la Cumbre del Clima de la ONU (COP28) en Dubái. 

En el evento, que tuvo lugar el 4 de diciembre, representantes de las organizaciones científicas sin ánimo de lucro, gubernamentales y de pueblos indígenas coincidieron en que la transparencia es esencial para garantizar la responsabilidad y la rendición de cuentas de todos los países y actores en el contexto del Acuerdo de París.  

“Para acelerar las cosas, hay que resolver los problemas de transparencia”, dijo Christopher Martius, líder del equipo de cambio climático, energía y desarrollo con bajas emisiones de carbono de CIFOR-ICRAF. “Una mayor coherencia de los datos puede aumentar la confianza y la rendición de cuentas, al igual que la mejora de la participación y el acceso a los datos”. 

Por ejemplo, los distintos enfoques para calcular las emisiones derivadas del uso de la tierra actualmente dan lugar a discrepancias considerables, una cuestión que CIFOR y sus socios del centro alemán de investigación en Ciencias de la Tierra GeoForschungsZentrum Potsdam han investigado en relación con los flujos de carbono de los bosques tropicales. El trabajo muestra cómo el uso de definiciones forestales (por ejemplo, ¿qué es un “bosque gestionado”?), y el establecimiento de factores de emisión y absorción (¿cuál es la cantidad de carbono emitida, o absorbida, por una determinada área de bosque?) pueden proporcionar resultados muy diferentes sobre el tamaño de las emisiones y sumideros forestales. En ese sentido, Martius subrayó la necesidad de que los países armonicen aún más sus métodos de cálculo de las emisiones a sus inventarios de gases de efecto invernadero, para lo cual puede ser útil la observación de la Tierra. 

“Se necesita una acción climática urgente, y reducir cada fracción de grado es importante; por lo tanto, tiene sentido identificar dónde se pueden reducir las emisiones de forma más rápida”, afirmó Martius. Y los bosques pueden desempeñar un papel importante en la conservación de la biodiversidad y los servicios ecosistémicos que sustentan los sistemas terrestres y climáticos del mundo, al tiempo que mantienen los medios de vida y la nutrición de unos 2400 millones de personas en todo el mundo, concluyó. 

Seguimiento de las políticas climáticas 

El seguimiento y la evaluación del impacto de las políticas climáticas son cruciales para saber si los esfuerzos y las inversiones están dando sus frutos en cada región, y para saber cómo podrían reorientarse en caso necesario. El abanico de opciones políticas es muy amplio: desde reforzar el cumplimiento de la ley y sancionar las actividades ilegales hasta recompensar la agricultura regenerativa con el pago por servicios ecosistémicos, pasando por centrarse en los agentes de la cadena de suministro y aumentar la seguridad de la tenencia para que los usuarios de la tierra puedan hacer valer sus derechos.  

Pero ¿Qué medidas políticas pueden funcionar y dónde? ¿Y cómo podrían abordar los países y los expertos, de forma más sistemática, el seguimiento de las políticas para limitar la pérdida de bosques? 

“El resultado de las políticas depende de su diseño y aplicación, pero también del contexto en el que se ponen en marcha”, afirma Julia Naime, quien actualmente es asesora de Rainforest Foundation Norway y ha investigado los diagnósticos de deforestación como parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+ (GCS REDD+) de CIFOR-ICRAF, dirigido por Martius. 

Los investigadores identificaron una serie de contextos diferentes en función de los historiales de deforestación, las tasas de pérdida de bosques y los riesgos, así como los factores que impulsan la deforestación (como el cambio de uso del suelo). A continuación, examinaron tres grandes tipos de políticas de conservación de los bosques –incentivos como REDD+, desincentivos como las multas y medidas de apoyo como la titulación de tierras– y analizaron sus resultados en cada uno de esos contextos. 

“Para que las políticas tengan un mayor impacto, los responsables de la toma de decisiones deben dar prioridad a las zonas forestales más amenazadas”, afirma Naime. Al proporcionar este tipo de información y una forma más estructurada de monitorear y comparar los efectos de las políticas, el marco de diagnóstico de la deforestación puede ayudar a los países a avanzar en sus compromisos de presentación de informes junto con sus objetivos climáticos. 

Transparencia climática en África 

El Acuerdo de París exige que todos los países sigan un conjunto común de directrices para informar sobre sus emisiones, financiación y avances hacia los objetivos climáticos nacionales, aunque permite a los países en desarrollo cierta flexibilidad en función de sus capacidades.    

“Los países africanos pueden afrontar el reto del Marco de Transparencia Mejorado actualizando sus marcos jurídicos y normativos, mejorando la gestión de la información y el desarrollo de las capacidades nacionales”, declaró Gervais Itsoua Madzous, coordinador regional del Centro Regional de Transparencia de la Acción Climática de los Estados de África Central (ReCATH).  

El Centro ayuda a los 11 miembros de la Comunidad Económica de los Estados de África Central a crear marcos de transparencia sólidos, apoyando sus esfuerzos para cumplir los requisitos de información, al tiempo que promueven las acciones de adaptación y mitigación al cambio climático. 

“Ese trabajo debe hacerse sobre una base no punitiva, no intrusiva, con estricto respeto por las circunstancias y la soberanía de los Estados”, dijo Itsoua, quien señaló que llevan a cabo talleres nacionales sobre asuntos relacionados con la transparencia climática como la gobernanza, los flujos de datos y la participación de las partes interesadas. 

Para Diel Mochire, representante de la Red de Poblaciones Indígenas y Locales para la Gestión Sostenible de los Ecosistemas Forestales de África Central (REPALEAC), la participación y la equidad son fundamentales para la transparencia climática.  

“Debemos tener en cuenta las perspectivas de los pueblos indígenas”, afirmó Mochire, señalando que ello empieza por el reconocimiento legal de su existencia y el respeto de sus derechos a la vida, la tierra y la cultura.  

Por ejemplo, las experiencias y opiniones de las comunidades pueden ser especialmente relevantes a la hora de fundamentar las evaluaciones de los países sobre los efectos del cambio climático y la adaptación al mismo, así como sobre el apoyo necesario para hacer frente al calentamiento global. 

Flujos globales de financiación 

El Acuerdo de París exige a los países desarrollados que informen sobre la financiación que aportan y movilizan, y a los receptores que informen sobre lo que reciben, para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en ambos extremos.  

“Los pueblos indígenas piden una financiación más directa, responsable y transparente”, afirmó Leif John Fosse, asesor principal de la Iniciativa Internacional sobre el Clima y los Bosques de Noruega (NICFI). Entre otras iniciativas, el país apoya al Tenure Funders Group, creado tras la COP26 cuando donantes bilaterales y filántropos se comprometieron a aportar 1700 millones de dólares para promover los derechos de tenencia forestal de las comunidades locales y los pueblos indígenas. 

Fosse afirma que el grupo pretende mejorar la colaboración y coordinación de los donantes, así como los sistemas de datos, para que quede claro qué dinero va a parar a dónde y a través de qué canales, una tarea que supone “todo un reto para algunos donantes”, afirma. 

Otra prioridad es la revisión periódica de sus carteras en función de los principios de inversión que reconocen el papel de las comunidades en la gobernanza forestal, así como el desarrollo de las capacidades de las organizaciones indígenas y locales para gestionar de forma directa y transparente los fondos climáticos. 

La CEO de CIFOR-ICRAF, Éliane Ubalijoro, clausuró el evento, recordando a las partes interesadas que no están solas a la hora de abordar los requisitos de presentación de informes del Acuerdo de París, o de colaborar para responder a un clima cambiante. 

“Queremos seguir trabajando con los países, con los pueblos indígenas y las comunidades locales como sus socios de confianza, poniendo a disposición de la acción climática datos, pruebas y métodos pertinentes”, concluyó.

Este trabajo ha sido realizado como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (www.cifor.org/gcs). Entre los socios financiadores que han apoyado esta investigación se encuentran la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, y el Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) con apoyo financiero de los donantes del Fondo del CGIAR.