Los mercados de carbono forestal desempeñan un papel fundamental en la financiación de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en el marco del Acuerdo de París.
Cuando empresas o particulares compran créditos para compensar su huella de carbono, el dinero se suele utilizar para financiar proyectos que también buscan aportar beneficios medioambientales y sociales en países en desarrollo con mayor cobertura forestal. Por ello también es necesaria la evaluación del impacto de estos proyectos sobre las condiciones medioambientales y sociales locales.
Sin embargo, incluso la evaluación del impacto de los proyectos de compensación de carbono forestal en la reducción de emisiones es una tarea difícil e implica un complejo conjunto de normas y requisitos, los que fueron objeto de un escrutinio mediático a principios de este año. Por eso se necesitan procedimientos contables fiables y verificables y una metodología consolidada para medir, notificar y verificar los cambios en las emisiones de GEI, de modo que puedan desarrollarse políticas eficaces de mitigación basadas en los bosques.
El 8 de junio de 2023, en un evento paralelo a la Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático (SBSTA 58), un grupo de expertos discutió formas de desarrollar métodos que satisfagan la demanda de créditos de carbono forestal con alta integridad, concretamente de los proyectos y programas REDD+ que han estado operando en los mercados voluntarios de carbono.
El evento fue organizado conjuntamente por el Centro para la Investigación Forestal Internacional y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF), el Instituto Forestal Europeo (EFI) y la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida.
En CIFOR-ICRAF, los mercados y proyectos de carbono forestal se consideran de alta integridad cuando cumplen determinados criterios, que se integran en su investigación sobre la evaluación del impacto de los proyectos REDD+:
Los mercados de carbono forestal de alta integridad requieren datos de referencia realistas para evaluar el impacto de las iniciativas REDD+ y establecer la adicionalidad, lo que significa que las reducciones o eliminaciones de emisiones no se habrían producido sin los ingresos procedentes de la venta de créditos de carbono. Además, los créditos de carbono deben descontarse si solo posponen las emisiones en lugar de evitarlas permanentemente, y si las reducciones de emisiones en un lugar provocan aumentos de emisiones en otros lugares, un concepto conocido como fuga de carbono.
“En esencia, se trata de un contrato en el que algunas partes prometen reducir las emisiones de carbono de los bosques y otras prometen ofrecer reconocimiento, recompensas o compensaciones por ello, por lo que necesitamos un sistema de contabilidad para aplicar el contrato”, explica Erin Sills, profesora de economía forestal en la Universidad Estatal de Carolina del Norte y asociada principal de CIFOR-ICRAF. “Pero igualmente necesitamos un sistema de evaluación de impacto bien establecido para evaluar en qué medida esos contratos están ayudando realmente a las metas clima”.
Durante la sesión, Sills realizó una presentación en la que comparó y contrastó los métodos de los sistemas de contabilidad y las evaluaciones de impacto de las iniciativas REDD+, ilustrados por el Estudio Global Comparativo sobre REDD+ de CIFOR, que recogió datos de 150 aldeas de seis países de África, Asia y América Latina.
Según Sills, el mercado debería utilizar los estudios de evaluación de impacto para fomentar la confianza en la compensación de carbono como mecanismo viable para la conservación, a medida que las normas de acreditación evolucionan para ser mejores y más prospectivas.
Kevin Brown, de la Wildlife Conservation Society (WCS), presentó el Índice de Integridad del Paisaje Forestal, que integra datos sobre presiones forestales observadas e inferidas y pérdida de conectividad forestal. Basado en una colaboración entre una serie de universidades, institutos y organizaciones no gubernamentales, el Índice ha descubierto que solo el 40 por ciento de los bosques del mundo tienen una integridad alta.
“REDD no es una utopía: es una respuesta de emergencia”, dijo Brown en su presentación. “Las cuestiones de escala y velocidad están a la altura de la integridad. Los nuevos enfoques voluntarios del mercado de carbono mejoran drásticamente las perspectivas de integridad a escala”.
Brown también subrayó la importancia de conseguir un impacto a escala mediante una nueva metodología consolidada de REDD, eliminando así las barreras de coste y tiempo para la puesta en marcha de proyectos y aumentando al mismo tiempo la confianza de los inversores en las previsiones de ingresos.
Verra es una organización con sede en Washington cuyo objetivo es ofrecer garantías de calidad en los mercados voluntarios de carbono a través de su programa Estándar VCS. Ahora está desarrollando una nueva metodología REDD para garantizar la integridad de la contabilidad de los gases de efecto invernadero de proyectos individuales dentro de una jurisdicción, utilizando la ciencia, los datos y las tecnologías más actualizados.
Basanta Gautam, quien gestiona la innovación técnica de REDD+ en Verra, describió cómo medir el impacto de la reducción de emisiones es un reto y que perfeccionar los métodos requiere paciencia, reflejar nuevas percepciones y aprender del proceso en curso.
Los métodos se van perfeccionando con el tiempo, lo que refuerza la confianza en la contabilidad del carbono forestal.
Según Gautam, la nueva metodología ayudará a involucrar a las jurisdicciones y a los gobiernos estableciendo datos de referencia de las actividades jurisdiccionales y alineando la contabilidad de los proyectos a nivel jurisdiccional.
Los enfoques jurisdiccionales son el centro de atención de la aplicación de REDD+ en el Acuerdo de París y pueden constituir la base de los mercados de carbono basados en el cumplimiento, en lugar de limitarse a los voluntarios. Se espera que se amplíen y aprendan de los proyectos locales, cuyas experiencias han sido recopiladas en el Estudio Global Comparativo sobre REDD+ de CIFOR, del equipo CIFOR-ICRAF.
Los resultados sobre la equidad son también un componente clave de los mercados de carbono forestal de alta integridad e involucran a los pueblos indígenas que gestionan más de una cuarta parte de la superficie terrestre mundial.
“Para que el carbono sea de alta integridad, debe reconocer que los pueblos indígenas merecen el reconocimiento de su derecho a la propiedad de la tierra, incluido el carbono, y el derecho a ser informados en un idioma que entiendan”, afirmó Asami Segundo, que pertenece a la comunidad cultural indígena Kalanguya-Ikalahan de Filipinas y presta asistencia técnica a la International Land Coalition.
Si los pueblos indígenas no pueden acceder a la financiación del carbono por su gestión eficaz de los bosques, ¿qué otras opciones tienen? dijo.
Segundo afirmó que es necesario crear mecanismos de financiación para las zonas con altos índices de conservación forestal y bajos índices de deforestación y/o degradación.
También describió cómo el año pasado dos territorios indígenas de Filipinas intentaron entrar en el mercado del carbono, pero paradójicamente fueron descalificados de REDD+ porque tenían tasas de deforestación y degradación demasiado bajas debido a su gestión eficiente de la tierra. Las normas actuales de concesión de créditos no permiten demostrar la adicionalidad de su gestión.
“Los créditos de carbono deben ser éticos. En cierto sentido, el carbono de alta integridad es carbono ético. No hay justicia climática sin derechos humanos”, afirmó.
Sven Wunder, científico principal del EFI y asociado principal de CIFOR-ICRAF, presentó los resultados de un metaestudio sobre la eficacia de REDD+ que evidenció que los impactos forestales eran estadísticamente significativos pero modestos en tamaño, lo que ha sucedido en el caso de otras herramientas de conservación.
REDD+ podría tener más impacto si las actividades se centraran espacialmente en zonas de alta amenaza y densidad de carbono forestal, dijo. Según Wunder, estas podrían incluir cualquier zona forestal elevada bajo amenaza inminente, como en el “Arco de la deforestación” de la Amazonia (por ejemplo, Mato Grosso, Acre, Pará, Rondonia) en Brasil; o en otras fronteras entre bosques y agricultura (por ejemplo, partes de Kalimantan, Papúa) en Indonesia.
“REDD funciona al menos tan bien –o tan mal– como otras herramientas de conservación, pero hay pocos análisis sobre su eficacia”, dijo. “Nuestra investigación apunta a varias recomendaciones de diseño y aplicación para que las acciones de REDD+ sean más eficaces, lo que también sería necesario en su actual ampliación a nivel jurisdiccional”.
Este trabajo ha sido realizado como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (www.cifor.org/gcs). Entre los socios financiadores que han apoyado esta investigación se encuentran la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD, subvención n.º QZA-21/0124), la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, subvención n.º 20_III_108) y el Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) con apoyo financiero de los donantes del Fondo del CGIAR.
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