Marlon del Aguila Guerrero/CIFOR

En medio del creciente interés de inversionistas por la mitigación del cambio climático basada en los bosques, incluidos los créditos de carbono forestal y los beneficios derivados del esquema REDD+ (reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación de los bosques), han surgido importantes cuestionamientos sobre estos mecanismos.

La conservación de los bosques es una herramienta clave para la mitigación del cambio climático, por ello es clave abordar las controversias sobre la integridad en las compensaciones y créditos por el carbono de los bosques –tales como niveles de referencia inflados–, enfatizó un grupo de científicos que participó en una sesión del Global Forest Observations Initiative (GFOI) Plenary 2023 en Roma.

El evento reunió a expertos mundiales que compartieron hallazgos científicos sobre la efectividad de los proyectos de carbono forestal. El panel tuvo como objetivo analizar los peligros potenciales de estos mecanismos, principalmente observando las lecciones aprendidas del Estudio Global Comparativo sobre REDD+, una investigación de CIFOR, parte de CIFOR-ICRAF que abarca 14 años de investigación en 22 países.

La medición, el reporte y la verificación (MRV) precisos y transparentes de las emisiones son parte vital del mercado de carbono forestal. Sin embargo, solo unas cuantas evaluaciones rigurosas sobre la eficacia de REDD+ están disponibles, dijo Pham Thu Thuy, investigadora sénior que lidera el equipo de cambio climático, energía y desarrollo bajo en emisiones del Centro para la Investigación Forestal Internacional y el Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF). Lo que, a su vez, ha contribuido a la ausencia de una guía clara sobre buenas prácticas de implementación, advirtió.

Reformar las metodologías para construir y medir niveles de referencia, tales como la tasa de deforestación, podría mejorar la integridad y credibilidad en los proyectos REDD+ que, en general, llegan a requerir millones de dólares para la inversión inicial y pueden pasar hasta 10 años antes de que se obtengan beneficios, explicaron los panelistas.

Los estándares para un “REDD+ de alta integridad” podrían incluir la evaluación de líneas base de referencia contrastadas con un escenario alternativo, nuevas capacidades de teledetección, abordar la integridad atmosférica, las fugas, los impactos en la biodiversidad, y la equidad, afirmó Kevin R. Brown, líder global sobre estándares técnicos para REDD+ y soluciones basadas en la naturaleza de la Wildlife Conservation Society.

Erin Sills, asociada sénior de CIFOR-ICRAF, quien también trabaja con la Universidad Estatal de Carolina del Norte, señaló que los sistemas de evaluación de impacto y contabilidad para los créditos de carbono tienen diferentes propósitos. Sin embargo, agregó que los hallazgos y métodos de la evaluación de impactos deberían ser empleados para diseñar sistemas de contabilidad que “maximicen los incentivos para maximizar la reducción de la deforestación”.

Además de enfocarse en los mercados y créditos de carbono de los bosques, los mecanismos para distribuir los beneficios también deben ser abordados, aseguró Pham al tocar el tema de los desafíos y posibles soluciones para lograr créditos de carbono forestal que garanticen una integridad alta.

“Necesitamos tener una distribución de beneficios que sea justa, así como la participación de las comunidades locales para garantizar que se tomen en cuenta la equidad y la imparcialidad”, añadió.

“Aunque hemos visto un gran progreso y numerosas discusiones sobre cómo mejorar la metodología para evaluar los créditos de carbono, creo que, comparativamente, el avance en lo que se refiere a los beneficios no relacionados con el carbono ha sido mucho más lento”, dijo.

El financiamiento adecuado sigue siendo un gran obstáculo y, en general, REDD+ ha contado con poco financiamiento, particularmente los programas nacionales de REDD+, sostuvo Sven Wunder, asociado sénior de CIFOR-ICRAF e investigador del Instituto Forestal Europeo (EFI).

Los gestores de proyectos podrían utilizar sus fondos de forma más eficaz si los dirigieran a aquellas áreas de mayor riesgo –algo que, según estudios recientes, no siempre sucede–, subrayó Wunder quien moderó la sesión.

Comentó que “REDD+ podría tener un mayor impacto en la conservación de los bosques si estas intervenciones fueran dirigidas cuidadosamente a ciertos lugares, es decir, elegir empezar con áreas en las que la deforestación es considerable, en lugar de empezar en áreas alejadas o en zonas altas en las que la tasa de pérdida de bosques es baja e improbable, para empezar”.

“Dentro del lugar del proyecto es igualmente importante priorizar aquellas áreas que están, predeciblemente, en mayor riesgo de deforestación, por ejemplo, aquellas que se encuentran cerca de caminos, ríos y poblaciones”, agregó Wunder.

En muchos países, el financiamiento de proyectos no ha sido asignado de forma justa y los marcos institucionales siguen siendo inadecuados en lo que se refiere a aclarar quiénes son los dueños de los derechos o quiénes son los beneficiarios del carbono, dijo Pham.

“Si quieres comprometerte con salvaguardas sociales y resultados justos, también necesitas ofrecer suficientes recursos financieros” afirmó. Esto incluye financiamiento para llevar a cabo procesos de consentimiento previo, libre e informado (CPLI) que involucre a los pueblos indígenas y las comunidades locales, y que no les genere gastos, explicó Pham.

“Aun cuando REDD+ se ha implementado por (muchos) años, los países están todavía en proceso de diseñar los mecanismos de distribución de beneficios”.

La mayor parte del financiamiento para REDD+ para distintas jurisdicciones ha provenido de presupuestos de apoyo internacional. Ahora muchos países en desarrollo están cuestionando la proporción del financiamiento para programas climáticos con relación al gasto total en asistencia oficial para el desarrollo (AOD), sostuvo Arild Angelsen, asociado sénior de CIFOR-ICRAF, quien describió la historia de los créditos de REDD+ y los mercados de carbono. Hasta una tercera parte de la asistencia para el desarrollo ha sido asignada a proyectos relacionados con el clima, señaló.

“Existe la preocupación de que el clima (como un problema) se ha extendido demasiado y desvía recursos que deberían ser asignados a acciones más directas para la reducir la pobreza -aunque, un clima estable es también imperativo para luchar contra la pobreza en el futuro-, agregó Angelsen, profesor de la Escuela de Economía y Negocios de la Universidad Noruega de Ciencias de la Vida (NMBU, por sus siglas en noruego).

Los panelistas destacaron que se requiere mayor apoyo de otros investigadores para:

• contar con una metodología para un enfoque efectivo que permita crear líneas base de referencias jurisdiccionales para la degradación no planeada, que utilice tecnologías nacientes y novedosas;
• avanzar el modelado espacial de los riesgos de deforestación, para establecer con mayor precisión bases de referencias y objetivos para las intervenciones;
• evaluar los diferentes tipos de fuga de una forma efectiva, incluyendo la medición de los trade-offs entre los enfoques simples y los enfoques complejos, costosos y localizados.

Los donantes involucrados en REDD+ jurisdiccional deberían también invertir en las evaluaciones de impacto, lo que todavía no sucede, aseguró Wunder. Esta falla significa que en los próximos años “vamos a estar otra vez rascándonos la cabeza para entender cuáles programas han funcionado y cuáles no, y por qué”.

Para obtener más información sobre este tema, puede ponerse en contacto con Pham Thu Thuy en t.pham@cifor-icraf.org

Este trabajo ha sido realizado como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (www.cifor.org/gcs). Entre los socios financiadores que han apoyado esta investigación se encuentran la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD, subvención n.º QZA-21/0124), la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, subvención n.º 20_III_108) y el Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) con apoyo financiero de los donantes del Fondo del CGIAR.