Durante casi 50 años las comunidades tradicionales forestales de Perú han movilizado una larga y constante lucha por alcanzar el reconocimiento formal de sus derechos al territorio que habitan, sin embargo, aunque hay avances para la seguridad de sus derechos, el panorama aún es complejo. Cada vez más evidencia indica que si bien la titulación es esencial e imprescindible y ofrece un sentido de seguridad en el presente, no elimina por completo la inseguridad de la tenencia a largo plazo.

“Generalmente hay una expectativa de que el título ya es un derecho completo y seguro, pero en muchos casos las comunidades también consideran que si ellos no continúan defendiendo sus territorios, esta seguridad podría estar en riesgo”, aclaró Peter Cronkleton, científico principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), en un panel desarrollado en el Foro de la Tierra, celebrado en Lima, Perú recientemente.

Varios panelistas destacaron que la historia ha demostrado que continuar con la defensa del derecho al territorio es una necesidad para las comunidades tradicionales que habitan los bosques y no solo en Perú. Por ejemplo, la nación Ch’orti’ en Guatemala ha mantenido un proceso de 500 años de resistencia para poder finalmente gobernar sus tierras, según indicó Jacob Omar Jerónimo, activista y fundador de la central campesina Ch’orti’ Nuevo Día.

Cronkleton promovió la conversación en base a resultados de estudios sobre reformas de tenencia y percepciones sobre la titulación desarrollados por investigadores de CIFOR y socios entre 2014 y 2019.

Cuando la seguridad no es segura

Desde 1974 el Perú ha formalizado la titulación de los territorios de más de 1300 comunidades indígenas en la Amazonía, según datos del Instituto del Bien Común (IBC 2016). Sin embargo, cambios en las reformas políticas, injerencia de las oficinas de gobierno y carencia de recursos continúan afectando el proceso de titulación pendiente, con grandes áreas de territorio en situación de reclamo, conflicto, traslape o sin tenencia clara.

“Casi desde el comienzo había una contradicción en el proceso de titulación de las áreas indígenas dado que una gran mayoría se ubican en áreas forestales, que por ley le pertenece al Estado, y las áreas forestales no pueden ser tituladas en Perú. Entonces crean una situación donde el mismo Estado tiene la voluntad de titular las tierras indígenas, pero dado que estas áreas fueron determinadas como aptas para uso forestal solo pueden asignarse derechos de ‘cesión en uso’”, explicó Cronkleton.

Por su parte, Ermeto Tuesta, coordinador del equipo de georreferenciación del IBC, sostuvo que de las 650 comunidades nativas pendientes titular por lo menos 400 tienen áreas superpuestas con bosques de producción permanente, concesiones madereras o nuevos proyectos que de alguna forma promueven la invasión ilegal de tierras, situaciones que afectan las metas de titulación, seguridad de la tenencia y medios de vida de las comunidades.

Además, una reciente investigación de CIFOR realizada en 12 comunidades nativas en Ucayali y San Martín, Perú con el apoyo del proyecto ProTierras Comunales de la Cooperación Alemana para el Desarrollo (GIZ) ofrece datos a considerar. El estudio seleccionó comunidades que estaban en diferentes etapas del proceso. Así, mientras algunas comunidades estaban tituladas, georreferenciadas y con sus derechos inscritos en registros públicos, otras habían avanzado hacia solo uno o dos de estos pasos.

De los resultados que arrojó la investigación, tres llamaron la atención de los investigadores debido a que indican algunas preocupaciones para considerar en el futuro, apuntó Cronkleton.

“Cuando preguntamos si los informantes sentían que sus derechos de acceso a la tierra eran fuertes y seguros casi todos dijeron que sí”, señaló. Además, indicó que una respuesta similar se obtuvo cuando se preguntó si sentían que sus derechos serían protegidos ante una disputa por el uso y el acceso a la tierra: 75 % estaba de acuerdo. Sin embargo, al interrogar a los informantes si ellos sentían que sus derechos no serían cuestionados y que podrían defenderlos en el futuro, el porcentaje decayó: solo el 54 % estaba de acuerdo.

“Casi la mitad de las personas que sentía que sus derechos estaban seguros y fuertes, también pensaba que sería necesario continuar luchando para defender sus derechos ante amenazas futuras de otros actores”, sostuvo el investigador.

De acuerdo a los informantes del estudio, los factores que influyen tanto en la percepción de seguridad como de inseguridad de la tenencia son la falta de título, especialmente cuando tenían conflictos, la invasión y extracción ilegal de recursos y la falta de apoyo recibido por parte del Estado en la mediación de conflictos con sus vecinos.  Este último puede provocar inseguridad en formas inesperadas.  Por ejemplo, informantes en algunas comunidades explicaron que los propios procesos de formalización reabrieron disputas con vecinos sobre acuerdos de colindancias previamente resueltos, generando inseguridad.

Otra de las preocupaciones expresadas por los informantes fue la posibilidad de que el Estado pudiese revocar sus derechos sobre sus tierras en el futuro para cederlos a la explotación de recursos por parte de empresas privadas.

Al respecto, cabe señalar que 7 de las 12 comunidades estudiadas mantienen sus tierras bajo la figura de cesión en uso, con un caso en el que el 89 % de su territorio se encuentra bajo este esquema. A pesar de ello, la mayoría de la población desconocía las implicancias.

“Solo el 5 % de los comuneros sabía que su tierra estaba clasificada así. Y mientras el 75 % de los hombres dijo desconocer el concepto de cesión en uso, es preocupante que casi ninguna mujer, (el 99 % en Ucayali y el 94 % en San Martín), conocía el término y lo que significa”, indicó Cronkleton.

Cuatro desafíos pendientes y urgentes

El investigador destacó que si bien la titulación es un paso muy necesario para el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades tradicionales, es solo la mitad del camino.

Al respecto, CIFOR ha estudiado las reformas y procesos de tenencia y formalización de derechos en las tierras forestales del Perú por más de 5 años, de donde han emergido múltiples recursos y evidencia a considerar en las políticas. Entre estos, enfatizar que la titulación es apenas un paso dentro de un proceso que, de no continuarse y respaldarse, no conseguirá que afiance una gobernanza segura y sostenible para los bosques y la mejora de los medios de subsistencia de quienes viven en ellos.

En ese sentido, Cronkleton, junto con las investigadoras de CIFOR Anne Larson e Iliana Monterroso describieron algunos desafíos para la asignación de derechos a la tierra a las comunidades forestales en América Latina, que fueron presentados en el capítulo “Bienes comunes, derechos indígenas y gobernanza” del libro Routledge Handbook of the Study of the Commons. Según los investigadores, estos son cuatro desafíos urgentes para resolver que bien pueden aplicarse al caso de Perú:

1.- Urge conciliar los derechos otorgados con las demandas originales sobre los recursos naturales. Muchas veces con los avances del reconocimiento de los derechos se cruzan otros marcos regulatorios que limitan el alcance de estos derechos.

2.- Resolver las superposiciones legales. En varias comunidades hay superposición con otras figuras de tenencia y acceso como bosques de producción permanente, concesiones forestales, mineros o petroleros que crean problemas para los comuneros al no poder planificar opciones de aprovechamiento en base a los derechos adquiridos.

3.- Obtener beneficios tangibles de la formalización es esencial. En diferentes partes del mundo, una vez que los derechos son reconocidos por el Estado, la lucha cambia para las comunidades nativas hacia cómo mejorar sus medios de vida. Sin embargo, generalmente las reformas carecen de las disposiciones necesarias para hacer operativos los derechos, o los marcos regulatorios no crean las condiciones propicias para una buena gobernanza y gestión.

4.- Actores a cargo deben trabajar para operacionalizar territorios, fronteras y autoridad. Se requiere de un claro consenso sobre los límites territoriales, un entendimiento compartido de los derechos y un acuerdo sobre la autoridad; entonces una vez titulado un territorio comienza un proceso para crear las instituciones que realmente gobernarán, no solo la comunidad sino el uso de sus recursos.

La titulación, como han indicado, es un paso fundamental para las personas que habitan y hacen uso de los bosques; por ello, es imperativo considerar estos desafíos en las iniciativas de titulación en curso.

“No podemos dar por sentado que una vez que una comunidad es titulada y recibe derechos más seguros sobre sus recursos automáticamente va a tener todas las facultades necesarias para gobernar sosteniblemente esas áreas, esto es un proceso de construcción y no termina con el título”, destacó Cronkleton.

Para obtener más información sobre este tema, puede ponerse en contacto con Peter Cronkleton en p.cronkleton@cgiar.org

Esta investigación forma parte del Programa sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) del CGIAR.