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La titulación de los territorios indígenas no basta para asegurar medios de vida sostenibles

Lecciones desde la Amazonía peruana
Comunidad nativa de Roya, Perú.

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En los foros internacionales se habla de la titulación de los territorios de los pueblos indígenas como una herramienta esencial para promover la conservación de los bosques. El activismo de las organizaciones indígenas y de sus aliados ha establecido que la titulación es clave para proteger sus derechos a la tierra y medios de vida, y las investigaciones científicas confirman la eficacia de la gestión comunitaria de la tierra como una estrategia para la mitigación el cambio climático. En la cumbre climática de la CMNUCC de Glasgow, COP26, un grupo de donantes se comprometió a invertir al menos 1,7 mil millones de dólares para el año 2025 para apoyar el fortalecimiento de los derechos a la tierra y custodia de los bosques por los pueblos indígenas y las comunidades locales. Además, algunos países incluyen áreas administradas por y cogestionadas con comunidades en sus contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) del Acuerdo de París.

Sin embargo, a pesar del discurso internacional en torno a la titulación de la tierra, la evidencia muestra que aun tituladas, las comunidades  no siempre pueden mejorar fácilmente sus medios de vida y gestionar sus bosques de manera sostenible.

En un  artículo publicado en el International Journal for the Commons , que cuenta con un resumen en formato Infobrief, analizamos estos desafíos. Los resultados de la  investigación con seis comunidades nativas (las tierras tituladas para los pueblos indígenas en la Amazonía peruana) mostraron que si bien la formalización es un prerrequisito para asegurar los derechos de los pueblos indígenas a la tierra, no es suficiente para resolver algunos de los problemas que afectan a los bosques.

La comunidad nativa y sus desafíos

Las limitaciones de la formalización se vuelven claras cuando consideramos cómo el Estado regula el uso de la tierra y los recursos en las comunidades nativas. La Ley de Comunidades Nativas de 1974 inició un proceso de reconocimiento de los derechos de pueblos indígenas en la Amazonía peruana y les otorgó derechos colectivos inalienables a la tierra. Sin embargo, en los años siguientes las reformas pusieron a los bosques bajo control gubernamental, y a las comunidades nativas se les impuso procesos burocráticos complicados para acceder a contratos de usufructo con el Estado para obtener ingresos de la explotación maderera.

Poco después, las políticas nacionales pasaron de apoyar los derechos colectivos hacia  los derechos individuales a la propiedad. La promoción de la agricultura, las actividades ganaderas, la explotación maderera y la exploración de hidrocarburos en la Amazonía ejercieron presión sobre las comunidades nativas y sus tierras. Las políticas y los créditos para promover cultivos comerciales, muchos sin componentes de desarrollo de capacidades o las herramientas adecuadas para una buena gestión obligaron a las comunidades a buscar alternativas de ingresos que con frecuencia no eran ni sostenibles ni equitativas.

En este contexto, nuestra investigación buscó entender cómo algunos grupos de personas de los pueblos awajún y asháninka, de las regiones de Ucayali y San Martín de la Amazonía peruana, perciben sus opciones de medios de vida y cómo toman decisiones sobre sus territorios.

Conflictos territoriales y restricciones a los medios de vida

Las entrevistas en comunidades asháninka explicaron cómo el proceso legal para extraer madera era complicado y costoso, e involucraba a tantos actores gubernamentales y pasos, que era más sencillo llegar a acuerdos informales con los madereros.

Pero estas relaciones con frecuencia condujeron a que las comunidades se endeuden. Los madereros son una fuente importante de préstamos de corto plazo que las comunidades luego tienen que pagar con madera, promoviendo  un ciclo de desigualdad. Estas relaciones informales también exponen a las comunidades a multas impuestas por las instancias de gobierno.

Asimismo, las entrevistas en comunidades awajún describieron prácticas de alquileres de parcelas a migrantes andinos como una estrategia de subsistencia económica. Con frecuencia, una vez concluido el alquiler, los migrantes se negaban a salir y demandaban derechos a la tierra. Para resolver estos conflictos, los gobiernos locales han promovido que las comunidades awajún extiendan los alquileres y/o busquen otros tipos de acuerdos económicos con los migrantes. Las personas entrevistadas en nuestro estudio reportaron que, a menudo, los alquileres de tierras y la falta de mecanismos para la resolución de conflictos llevaron a resultados negativos, incluyendo el aumento de la deforestación y el despojo territorial.

En ambos ejemplos, los canales oficiales para la extracción de recursos naturales y para la resolución de conflictos fueron engorrosos y restrictivos, lo que favoreció la informalidad. Las políticas y prácticas relacionadas con la titulación presentaron otros retos para las comunidades, afectando sus capacidades para conservar los bosques. Por ejemplo, aunque las comunidades están conformadas por familias con diferentes estrategias de medios de vida, la mayoría de las políticas públicas y las iniciativas de conservación las tratan como unidades de producción con metas económicas similares. Las personas entrevistadas explicaron que preferían que el dinero llegue directamente a sus familias, pero el gobierno y las organizaciones no gubernamentales priorizan a los proyectos comunitarios y a los beneficios no monetarios como el apoyo para los cultivos. Esto no siempre permite medios de vida sostenibles dado que las familias buscan alternativas que les den ingresos en efectivo.

Las y los entrevistados también discutieron sobre el poder legal del presidente de una comunidad nativa. A pesar de que las comunidades no son entidades homogéneas con una sola perspectiva, la Ley de Comunidades Nativas establece un modelo en el que los presidentes tienen el poder legal para tomar decisiones en nombre de los miembros de la comunidad. En nuestros estudios de caso de Ucayali, algunos  presidentes habían acumulado miles de dólares de deuda con madereros, que se terminaban pagando con más madera de los bosques comunales. “Es la comunidad la que ahora está endeudada”, explicó uno de los entrevistados.

Más allá de la titulación

Encontramos que aunque el acceso de los pueblos indígenas a sus derechos reconocidos requiere del apoyo activo del Estado, la evidencia muestra que la mayor parte del apoyo gubernamental se limita a la entrega del título comunal. Ello resulta en brechas de capacidades entre los pueblos indígenas para ejercer sus derechos reconocidos y cumplir su rol central en la respuesta global a la crisis climática.

Esto es relevante en Perú dado que el gobierno ha recibido financiamiento internacional para la titulación de comunidades nativas, ha firmado acuerdos internacionales sobre los derechos indígenas y ha incluido tierras gestionadas por comunidades en sus NDC. Sin embargo, las reformas y las regulaciones vigentes para las Comunidades Nativas restringen las opciones de medios de vida de sus habitantes.

Nuestros hallazgos sustentan un llamado para que las agencias gubernamentales tengan un rol propiciatorio, y para que se adapte el sistema forestal y de tenencia a fin de que refleje las prácticas locales de gestión de los recursos y de medios de vida. Es necesario invertir en el fortalecimiento de las capacidades, y el desarrollo institucional y técnico de los pueblos indígenas para que puedan navegar los marcos legales sobre el uso de recursos en sus comunidades nativas y sus mecanismos de toma de decisiones.  Esto también fortalecería sus organizaciones para que puedan participar de una forma más equitativa en las decisiones que afectan sus territorios y su futuro, y para que se involucren de manera más informada en los mercados para sus productos.

Este trabajo fue financiado por el Programa de Investigación del CGIAR sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM, por sus siglas en inglés), liderado por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, por sus siglas en inglés) y la Agencia Noruega de Cooperación para el  Desarrollo (NORAD, por sus siglas en inglés)

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