Para muchas comunidades, garantizar sus derechos sobre la tierra es tan solo parte de un proceso más amplio. Fotografía: CIFOR.

Los pueblos indígenas de todo el mundo han logrado avances considerables en la lucha por los  a los bosques tropicales, pero este avance también ha generado nuevos desafíos. Los defensores de los derechos indígenas, por su lado, también están descubriendo que el problema es más difícil y politizado de lo que habían considerado.

“Sería absurdo pensar que este tipo de transferencia de poder sobre el territorio no sería problemática”, explica Anne Larson, científica del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y autora principal de un nuevo estudio sobre las luchas por el reconocimiento de los territorios indígenas en Nicaragua, Bolivia y Filipinas.

“Existen algunas razones obvias que explican las dificultades enlazadas a las reivindicaciones de tierras, entre ellas, los problemas generados por los intereses relacionados a los sectores de la agricultura, la ganadería y la minería en los territorios ancestrales de los pueblos indígenas”, añade Larson.

“Otra razón, sin embargo, es que el proceso de reconocimiento en sí es siempre más complicado de lo que muchos piensan”.

Pero un mayor control indígena sobre la tierra significa precisamente eso: mayor control indígena”

Fue esta última razón la que se propusieron explorar Larson y los coautores Peter Cronkleton de CIFOR y Juan Pulhin de la Universidad de Filipinas.

BOSQUES Y DERECHOS INDÍGENAS

Para quienes se preocupan por el bienestar de los bosques tropicales, es importante tener en claro el vínculo entre territorios indígenas y conservación de los bosques.

Una investigación reciente realizada en la Amazonia brasileña ha comprobado que el otorgamiento de derechos territoriales indígenas fortaleció los esfuerzos orientados a combatir la deforestación. Otra investigación, realizada en Cacataibo (Perú), mostró que las comunidades indígenas conservaron el 91%de la cobertura forestal en sus territorios, en comparación con el 66% de las comunidades vecinas.

El World Resources Institute sostiene que tanto la deforestación como las emisiones de gases de efecto invernadero, se reducen al mínimo cuando las tierras indígenas reciben reconocimiento oficial, y un estudio reciente de CIFOR en Papúa Nueva Guinea ha evidenciado que los grupos indígenas también son excelentes guardianes de los recursos forestales, además de proteger la madera.

Pero una revisión sistemática realizada por CIFOR que utilizó el enfoque de “paquete de derechos” para estudiar cómo los regímenes de propiedad afectan el medio ambiente,  puso en evidencia una situación aún más compleja.

En el curso de la investigación, Larson encontró buenas razones para suponer una relación positiva entre los territorios indígenas y la conservación forestal.

“Todo depende de cuáles sean las causas de la deforestación”, dice. “Si las causas de la deforestación son externas a la comunidad, entonces el reconocimiento del territorio indígena puede permitir que la gente defienda mejor sus fronteras y excluya a ciertos actores con intereses opuestos”.

Pero un mayor control indígena sobre la tierra significa precisamente eso: mayor control indígena, y es posible que el resultado no sea del agrado de aquellos interesados únicamente en la conservación de los bosques.

“En algunas áreas, al menos, es posible que un mayor control sobre las  tierras lleve a las comunidades indígenas a tomar la decisión de invertir en la conversión de los bosques tropicales a plantaciones de palma aceitera, tal como lo hace el sector privado”.

Larson dice que es importante separar estas cuestiones y resolver cada una de manera individual.

“Si existen razones para reconocer los derechos de una comunidad, sean estas históricas, culturales o éticas, eso, a mi juicio, es un tema distinto del efecto que tales derechos podrían tener sobre el manejo del bosque. En este último caso, los pueblos indígenas deben estar sujetos a las mismas reglas de juego —y no a reglas más estrictas— que el sector privado o el Estado”.

 RIESGOS Y PODER

Al mostrar los peligros que enfrentan las comunidades indígenas en Nicaragua, Bolivia y Filipinas, los autores del estudio lanzan una advertencia respecto a una sobresimplificación de sus luchas por el reconocimiento de sus territorios.

Una fuente de conflicto inmediato tiene que ver con la autoridad legal: ¿a quién se le está transfiriendo realmente el poder?

Los autores se han enfocado en este tema mostrando que en ninguno de los casos estudiados existía ya una entidad que lograra asumir la titularidad de las tierras.

“Lo que se debe crear ahora es algún tipo de entidad encargada de organizar a todas las comunidades, y a la que el gobierno pueda entregar el poder”, señala la autora.

Esto demostró ser un reto inmenso, dice Larson, y se desarrolló de manera distinta en cada caso, de acuerdo a contextos políticos nacionales, regionales y locales, a menudo divisionistas.

Además de ponerse de acuerdo para nombrar a una entidad con representatividad legal que reciba el título de propiedad, los solicitantes deben decidir quiénes pueden participar en las negociaciones, tanto con el gobierno como con los inversionistas extranjeros (como empresas mineras y madereras). Luego está la cuestión de qué poderes serán realmente transferidos a la entidad legal, y si esta gobernará el territorio internamente, y de qué manera.

“Se asume que porque los grupos indígenas están organizados y haciendo valer sus derechos sobre la tierra, deben tener ya definidas todas estas estructuras de gobierno”.

Pero casi siempre la realidad es más compleja, dice Larson.

“El punto fundamental es que no se debe sobreidealizar o sobresimplificar la realidad, sino más bien apoyar el desarrollo de instituciones y procesos de autogobierno sólidos en las comunidades y los territorios indígenas”.

INTERESES EXTERNOS

La creación de estas entidades no es objeto de desacuerdo simplemente entre los grupos indígenas. Por el contrario, los foráneos  a menudo desempeñan un papel crucial en conducir, y a veces, frustrar su creación con el fin de perseguir sus propios reclamos sobre las tierras indígenas.

Larson dice que esto no debería sorprenderle a nadie.

“Parte de la razón por la que los pueblos indígenas tienen que luchar por los derechos sobre sus tierras es precisamente porque hay otras personas en sus territorios, y el Estado, históricamente,  ha apoyado a los forasteros”.

Pero casi siempre la realidad es más compleja

“Esto sienta una base para el conflicto, sobre todo porque las intenciones de las personas que llegan, que a menudo quieren darle un uso agrícola o ganadero a la tierra, difiere de las intenciones de los pueblos indígenas, cuyos medios de vida dependen más de los bosques”.

En el caso de estudio de Bolivia, por ejemplo, las reivindicaciones territoriales indígenas contaban con un amplio apoyo por parte de la política nacional. Pero el proceso para la definición de los territorios a menudo es interpretado para favorecer reclamos “preexistentes” de forasteros instaurados en las tierras mismas reclamadas por los pueblos indígenas. Además, cuando los territorios se superponen a otros límites administrativos oficiales, como los municipios, los mandatos de las autoridades territoriales terminan siendo confusos.

Estos tienen la responsabilidad de gobernar, pero los recursos y el poder se encuentran en manos de otras entidades.

NO UN FINAL, SINO UN COMIENZO

Aun en los casos en que los procesos de reclamación de tierras llevan a la formalización exitosa de los territorios indígenas, los problemas que enfrentan los grupos indígenas dentro de estos territorios rara vez terminan, según el estudio.

“El reconocimiento gubernamental de estos territorios indígenas no es el final de un proceso”, dice Larson. “¡Es tan solo el comienzo!”.

“Hay mucho por hacer para que el proceso tenga sentido, para permitir a la gente manejar sus propios territorios, y para encontrar maneras de avanzar hacia la mejora de los medios de vida que las comunidades que viven allí persigan”.

En ese sentido, el apoyo continuo es fundamental; y los gobiernos, las ONG y los donantes harían bien en prestar atención a las lecciones que surgen de estos casos de estudio.

“No se trata simplemente de hectáreas en un mapa”, dice Larson.

“Las comunidades indígenas casi siempre necesitan apoyo para mantener fuera a las personas que no deberían estar allí, y también ayuda con los muchos problemas que ya estaban enfrentando, como la pobreza, garantizar sus medios de vida, o el desarrollo”.

“Desafortunadamente, los conflictos de tierras han conducido también a la violencia, y en algunos casos incluso a atentados contra la vida de líderes indígenas por parte de las personas que quieren sus tierras”, añade Larson.

En vista de esta situación, Larson sugiere que es mejor considerar el reconocimiento del territorio como “un paso más en el camino” en la lucha por derechos indígenas más justos, equitativos y eficaces.

“Eso no significa que el reconocimiento no sea tanto una validación como un elemento de poder para los grupos indígenas y sus defensores”, dice Larson. “Es casi seguro que lo es”.

Anne Larson trabaja para CIFOR en Lima, Perú. Puede ponerse en contacto con ella en a.larson@cgiar.org

Esta investigación recibió el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC) y la Fundación Ford y PROFOR / Banco Mundial.