En años recientes, los países latinoamericanos han logrado avances en la concesión de derechos sobre la tierra a las comunidades. Sin embargo, a menudo sus políticas no toman en cuenta la diversidad de esas comunidades y las diferentes maneras en que utilizan sus tierras.
Algunas de esas diferencias se pusieron de relieve en los estudios presentados por investigadores del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) en la conferencia de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA) celebrada en Lima, Perú.
Las regulaciones gubernamentales suelen adoptar un enfoque único para la tenencia forestal, lo que no se alinea con las prácticas locales, que varían de un lugar a otro y en ocasiones de una familia a otra, según indicó Peter Cronkleton, científico principal de CIFOR.
“Algo que estamos descubriendo es que el uso del bosque es muy heterogéneo”, dice Cronkleton. “El problema es que existe muy poca información detallada sobre esta heterogeneidad”.
Varios estudios realizados por investigadores de CIFOR que comparan los avances en la reforma de tenencia y las iniciativas indígenas en varios países del mundo abren una ventana hacia las prácticas locales, y dan luz sobre áreas de política y legislación que requieren más atención, dice Cronkleton.
MÁS ALLÁ DE LA TITULACIÓN
En el Perú, las comunidades indígenas han obtenido títulos sobre más de 12 millones de hectáreas de tierra forestal, y otros 5,7 millones se encuentran aún en trámite.
Sin embargo, el avance es lento debido al número de pasos involucrados y porque en los últimos años diversos organismos gubernamentales han sido los responsables de otorgar los títulos, señala Iliana Monterroso, investigadora posdoctoral de CIFOR.
La superposición de reclamos territoriales y la ausencia de un registro nacional único de tierras también complican el proceso, porque una comunidad no puede titular sus tierras mientras existan reclamos superpuestos sobre ellas.
Cuando una comunidad indígena obtiene el título, no obtiene automáticamente el derecho a la utilización comercial de los recursos forestales. La comunidad solo puede titular tierras para uso agrícola, mientras el Estado conserva la propiedad de los bosques. La comunidad puede obtener derechos y permisos de usufructo otorgados por el gobierno para la comercialización de productos forestales, pero esto requiere de otra serie de pasos que a menudo son demasiado onerosos para las comunidades, a menos que cuenten con apoyo externo.
Los problemas que revela su estudio indican que existen oportunidades para mejorar las políticas y regulaciones, dice Monterroso, quien recomienda fortalecer el papel de los gobiernos subnacionales en el proceso de titulación.
Las comunidades necesitan aliados en esos organismos gubernamentales, que las ayuden a hacer avanzar sus solicitudes a través de un proceso de titulación que en ocasiones es confuso, agrega.
“Los grupos no gubernamentales también tienen un papel importante que cumplir en el monitoreo de los avances y los problemas pendientes”, dice Monterroso. “Han llevado registros y puede que tengan información más completa que la de los organismos gubernamentales o las comunidades”.
El contar con un título no necesariamente permite que los miembros de la comunidad mejoren sus medios de vida, señalan los investigadores. Se requiere de otras políticas que los apoyen, pero estas deben tomar en cuenta las diferentes formas en que las personas utilizan sus bosques.
VIVIR DEL BOSQUE
Un estudio comparativo en seis países sobre iniciativas para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero derivadas de la deforestación y la degradación forestal (REDD+) está analizando esos usos y la importancia económica de los bosques para las comunidades locales.
El estudio —realizado en Perú y Brasil en América Latina, Camerún y Tanzania en África, y Vietnam e Indonesia en Asia— aplicó una encuesta a 4.000 hogares en 150 aldeas en 2010-2011 y nuevamente en 2013-2014, con el fin de medir el impacto de los programas REDD+ en los medios de vida de las personas.
Las encuestas realizadas en 2012 y 2014 en ocho aldeas de la región amazónica de Ucayali, en el Perú, mostraron que los campesinos combinaban actividades que les producían dinero en efectivo con producción de subsistencia. También permitieron calcular la importancia económica de las actividades de subsistencia.
El ingreso familiar promedio fue de casi US$ 6.000 en 2012 y de US$ 3.755 en 2014, una caída que los investigadores aún están tratando de entender, dice Cronkleton.
Sin embargo, la mayor proporción de los ingresos de los habitantes de las aldeas en ambos años —más de dos tercios en 2012 y casi la mitad en 2014— provino de actividades relacionadas con los bosques, mientras que el trabajo agrícola y no agrícolas presentó porcentajes menores.
La pesca y caza provenientes de los bosques representaron el mayor porcentaje de los ingresos de los habitantes de las aldeas. Los peces se extraen de los bosques ribereños, donde constituyen una parte esencial del ecosistema pues desovan durante la temporada anual de inundaciones y dispersan las semillas de los árboles del bosque.
Las aldeas también informaron de ingresos procedentes de productos forestales maderables y no maderables, en porcentajes que varían de una comunidad a otra.
Los responsables de la formulación de políticas deben tomar en cuenta no solo estas variaciones, sino también las diferentes formas en que hombres y mujeres utilizan los recursos forestales en comunidades indígenas y no indígenas, dice Anne Larson, científica principal de CIFOR.
Los pueblos miskito y mayangna de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua (RACCN) también combinan la agricultura de subsistencia con la venta de productos forestales y un poco de trabajo asalariado.
Tanto los hogares indígenas como los no indígenas extraen del bosque leña, madera, palos, animales y frutas silvestres, hierbas, miel y material para artesanías. A excepción de la leña, sin embargo, los indígenas dependen de los bosques mucho más que los no indígenas, según encuestas realizadas a mujeres y hombres indígenas y no indígenas de esa región.
GÉNERO Y USO DE LOS RECURSOS
Los hombres y las mujeres extraen diferentes productos en diferentes proporciones, indica Larson.
“La idea predominante sobre el género y los productos forestales es que los hombres extraen madera y las mujeres extraen leña y productos forestales no maderables”, dice. “[Pero] nuestros datos coinciden con los de otros estudios que demuestran que esto no es así en América Latina”.
Su estudio en Nicaragua encontró que las mujeres extraen menos productos del bosque que los hombres. Esto ocurre incluso en el caso de la leña y los productos no maderables en los hogares indígenas, que utilizan una mucho mayor variedad y cantidad de productos forestales que las familias no indígenas.
Cuando se venden los productos, sin embargo, las mujeres indígenas tienden a encargarse de las ventas más que las no indígenas, y venden más frutas, hierbas y artesanías que los hombres de sus hogares.
Pero si bien las mujeres pueden desempeñar un papel importante en las decisiones de los hogares sobre el uso de los recursos, su voz en decisiones que involucran a toda la comunidad con frecuencia es acallada porque los líderes las limitan a los roles tradicionales, dice Larson.
Además de revelar estas diferencias de género, la investigación apunta a formas de aumentar la participación de las mujeres en las decisiones de gestión forestal, señala.
Se requiere más investigación sobre cómo las personas utilizan los productos forestales, agrega Larson, porque América Latina se encuentra a la zaga de Asia y África en lo que respecta a datos. Y en las tres regiones existen muy pocos datos sobre el uso diferenciado por género de los bosques en tierras colectivas.
“Necesitamos examinar más de cerca las diferencias existentes dentro de las poblaciones y las culturas”, dice.
Los pueblos indígenas están desempeñando un papel cada vez más importante en la formulación de políticas para la preservación de sus bosques y la utilización de sus recursos, dicen los investigadores.
REDD+ Y OTRAS ALTERNATIVAS
En el Perú, donde la deforestación es la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero, el gobierno se ha fijado el objetivo de preservar 54 millones de hectáreas de bosque, dijo Emily Dupuits, de la Universidad de Ginebra.
Dupuits comparó dos enfoques de REDD+ en comunidades indígenas en la Reserva Comunal Amarakaeri, un territorio indígena en la región sudoriental de Madre de Dios, en el Perú.
Un programa del gobierno nacional que se centra en el almacenamiento de carbono paga a las comunidades indígenas por preservar sus bosques con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El programa opera únicamente en comunidades que tienen títulos de propiedad formales.
Un programa alternativo promovido por organizaciones indígenas nacionales y amazónicas se centra en los derechos indígenas en lugar del almacenamiento de carbono, e incluye financiamiento para ayudar a las comunidades a obtener sus títulos.
El programa nacional administrado por el gobierno se basa en planes de manejo forestal y proyectos productivos para las comunidades, mientras que el programa alternativo adopta un enfoque más integral del territorio e incluye un mapeo de la forma en que los harakmbut han ocupado tradicionalmente su territorio, dice Dupuits.
Los diferentes modelos son ejemplos del proceso evolutivo de la cogestión de los bosques por los gobiernos y las comunidades indígenas, dice Cronkleton.
Los desafíos se mantienen, a la par que surgen tensiones entre las autoridades gubernamentales nacionales y subnacionales, y el valor de los incentivos no siempre es claro, señala el investigador, y agrega que cuestiones como estas indican necesidades que requieren de investigación futura.
“Existen desafíos y dificultades, pero hay procesos en marcha que están mitigando los impactos y fortaleciendo los avances”, según Cronkleton, “Cuando vemos los avances logrados en tenencia y derechos, tenemos razones para ser optimistas”, agrega.
Para más información, póngase en contacto con Peter Cronkleton en p.cronkleton@cgiar.org , Anne Larson en a.larson@cgiar.org o Iliana Monterroso en I.Monterroso@cgiar.org.
Estos estudios se llevaron a cabo como parte del Estudio Comparativo Global de CIFOR sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales. El financiamiento es provisto por la Comisión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y los Programas del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) y sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM).
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