Análisis sobre cuánto financiamiento para REDD+ recibieron diferentes regiones en el mundo entre 2008 y 2015 evidenció un continente en desventaja. Joe Nkadaani/CIFOR

El promedio anual del financiamiento destinado a la iniciativa global de reducción de emisiones producidas por la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+ por su sigla en inglés), que equivale a 323 millones de dólares americanos, puede parecer mucho. Pero si se compara con los 41 mil millones invertidos en subsidios agrícolas y biocombustible, en realidad resulta bastante limitado.

Este es solo uno de los hallazgos de un estudio próximo a ser publicado sobre el financiamiento destinado a REDD+.  La investigación fue conducida en conjunto por el grupo internacional de consultores COWI,  el  Öko-Institut y un grupo de científicos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

El equipo analizó el financiamiento REDD+ entre 2008 y 2015 para evaluar a dónde se destinó y cómo fue invertido. Algunos resultados fueron presentados en la sesión “¿El dinero va a los árboles?: Evaluación de flujos financieros para maximizar el impacto de REDD+”, un evento paralelo oficial  en la reciente Conferencia de Bonn sobre el Cambio Climático.

LA RUTA DEL DINERO REDD+

Christhoper Martius, líder del equipo de cambio climático de CIFOR destacó el hecho de que hay dos tipos de financiamiento relacionados a REDD+: el financiamiento indirecto que es utilizado en las actividades contra la deforestación en general y el financiamiento directo que se aplica únicamente a las iniciativas REDD+.

El estudio también encontró que los donantes se comprometen en y desembolsan financiación indirecta mucho más que financiación directa debido a que la primera cubre un conjunto de temas y recursos más amplio. Según los hallazgos, los fondos indirectos también provinieron de una diversidad de fuentes -como subvenciones, fondos oficiales, préstamos e inversiones de capital- mientras que el 99% de la financiación directa vino de contribuciones  de la asistencia oficial para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés). Al ser vistas como  ayuda en lugar de inversión para generar beneficios, estas contribuciones no hacen a REDD+ un elemento atractivo desde la perspectiva de los negocios.

Los proyectos REDD+ tienen tres etapas: preparación, implementación y pago por resultados, y  se necesitan fondos para las dos primeras etapas con el fin de llegar a la tercera.

Sin embargo, Martius señaló que “el apoyo para la etapa de preparación está decreciendo”  pues “la gente quiere avanzar a la etapa de pagos, pero aún no hemos llegado  allí”.

Muchos países en desarrollo con alto potencial para la reducción de emisiones pero con pocos recursos no sólo dependen de la financiación para las etapas de preparación e implementación, sino que también necesitan de un tipo de apoyo adecuado a sus necesidades y que equilibre eficacia y equidad.

Más aún, el financiamiento no lo es todo pues se requiere de sistemas funcionales en curso para asegurar la gobernanza, la rendición de cuentas y la transparencia.

Para el estudio resultó difícil determinar cuánto financiamiento privado es recibido por las actividades REDD+. A pesar de la creciente responsabilidad del sector privado y los compromisos recientes para reducir la deforestación, así como para mejorar la transparencia, los montos y los tipos de flujo no están aún claros.

Sin embargo, Martius acotó que centrarse únicamente en el movimiento de los fondos y sus tamaños puede desviar la atención en lugar de buscar mayores ‘elementos impulsores de cambio transformador’. Así, subrayó la importancia de incluir los objetivos climáticos en todos los sectores financieros: “Necesitamos integrar la participación, el desarrollo y los objetivos climáticos para obtener resultados libres de conflicto y duraderos”, dijo.

FINANCIAMIENTO MIXTO

En lugar de depender de fondos provenientes de una sola fuente de ingresos, los países pueden -y deben, según los científicos- buscar la diversificación de sus fuentes de capital en lo que se conoce como financiamiento mixto.

Peter Minang, científico principal del Centro Mundial Agroforestal (ICRAF), relató  el caso de Camerún. En un experimento de pago basado en el rendimiento, en el que los donantes financian las empresas forestales comunitarias, los datos evidencian resultados positivos en la reducción de emisiones y otros beneficios como creación de empleo y  desarrollo de capacidades.

Sin embargo, los costos de cumplimiento legal tales como las evaluaciones de impacto ambiental se sumaron y significaron desembolsos de miles de dólares, una carga demasiado grande para las pequeñas empresas.

Minang señaló que frecuentemente puede tomar cinco años hasta que los inversores reciban beneficios y esto afecta cómo y qué deciden financiar. “Es posible llegar a la Fase 3 [de pagos basados en resultados] pero los flujos de financiación REDD+ son insuficientes, por eso se necesita financiamiento mixto”.

Teferu Mengistu, Coordinador del Programa Nacional de Desarrollo del Sector Forestal en el Ministerio del Ambiente, Bosques y Cambio Climático de Etiopía estuvo de acuerdo y explicó que su país recibe la mayoría de su financiamiento de compromisos y garantías bilaterales.

“Etiopía está atravesando la fase dos [implementación] del proceso REDD+, pero aún existe confusión y una brecha entre la demanda y la oferta de financiamiento REDD+”,  dijo.

COP23

Respondiendo a la pregunta ¿“ha funcionado REDD+’’?

 UN CONTINENTE EN DESVENTAJA

Asger Strange Olesen, líder del Tema Global sobre el Uso de la Tierra y Bioeconomía en COWI concluyó la sesión con el análisis del estudio sobre cuánto financiamiento recibieron diferentes regiones en el mundo entre 2008 y 2015. La investigación encontró que África obtuvo menor financiamiento en general, y específicamente en áreas clave como ejes impulsores y riesgos, capacidad de Medición, Reporte y Verificación (MRV) así como en gobernanza forestal, en comparación con las Américas, Asia u Oceanía. La gobernanza y las salvaguardas estuvieron entre las únicas áreas razonablemente bien financiadas en ese continente.

“Los responsables de las decisiones ven a REDD+ como un instrumento de muchos”, señaló Olesen. “La deforestación es probablemente uno de los problemas más difíciles de afrontar en una democracia basada en el consumidor”, recalcó.

 En la práctica, en África, la Red de Pueblos Indígenas y Comunidades Locales para el Manejo Sostenible de los Ecosistemas Forestales de África Central (REPALEAC) aboga por un enfoque tradicional en el manejo de los bosques y representa a 230 organizaciones de ocho países.

“Los ancianos tienen el conocimiento pero ahora lo están transmitiendo a la generación más joven” dijo Hindou Oumarou Ibrahim, vocera de la organización.

Este enfoque ha atraído 750,000 dólares americanos del programa de capacitación del Fondo Cooperativo para Reducir las Emisiones de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), pero tres de los países integrantes de REPALEAC -Chad, Burundi y Ruanda- no son miembros de FCPF y por lo tanto no reciben cobertura. Esto podría volverse un gran problema por lo que REPALEAC está trabajando para incluir a estos países en el programa.

“Necesitamos equidad para lograr impacto global y la protección de los pueblos indígenas y las comunidades locales de nuestras subregiones”, expresó.

El argumento de Ibrahim – y que sustentó el evento como un todo – fue que REDD+ no sólo necesita más financiamiento sino también procesos y procedimientos adecuados que aseguren que el dinero llegue a donde se supone que debe llegar y apoye la participación suficiente y la equidad entre los participantes locales.

“Hay mucho trabajo por realizar antes de que veamos más resultados en favor del ambiente con el dinero de REDD+” resumió Martius al final del evento.

 Esta investigación es parte del Estudio Comparativo Global de CIFOR sobre REDD+ (www.cifor.org/gcs). Entre los socios financieros que lo han apoyado están la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD), la Unión Europea (UE), la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Ministerio Federal de  Medio Ambiente,  Conservación de la Naturaleza,  Construcción y Seguridad Nuclear de Alemania (BMUB), COWI y el Programa de Investigación de Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA, por sus siglas en inglés) del CGIAR con el apoyo financiero de los Donantes del Fondo  CGIAR.