Rugen las motosierras, y uno a uno, caen estrepitosamente los árboles.

Luis Andi*, su hermano Jorge y sus esposas están talando una pequeña parcela de bosque en la provincia de Orellana, en la parte ecuatoriana de la Amazonía. Esta vez, el objetivo principal de los indígenas quechuas es preparar la tierra para la agricultura, para que Jorge, un delgado joven de poco más de veinte años, pueda sustentar a su familia.

“Sin pasturas, no se puede alimentar a los animales para alimentarse uno mismo. Así es la cosa. Tienes que cortar árboles para plantar cultivos”, dijo Andi.

Pero la madera no se desaprovechará. Andi también utilizará la motosierra con cuidado para hacer tablones con los árboles más grandes. Luego los venderá en el floreciente mercado maderero de la región.

Elena Mejía, investigadora del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), observa desde una distancia segura cómo va cayendo cada árbol y se va abriendo el círculo de cielo que se ve arriba. Ha caminado varios kilómetros en la selva con la familia para saber exactamente cómo funciona el proceso.

“Queríamos saber cuál es suministro, cómo funciona la demanda, quién compra, cuáles son los volúmenes de madera extraída y cómo influyen las normas y la gobernanza forestal en las relaciones entre diferentes actores, sean formales o informales”, dijo.

Mejía y un equipo de científicos han pasado meses en las provincias de Orellana y Napo, en la Amazonía de Ecuador, realizando entrevistas a actores clave del mercado, productores, transportadores, aserradores e intermediarios, así como encuestas a casi 250 pequeños productores en 21 comunidades indígenas y de colonos.

El estudio de CIFOR determinó que la mayor parte de los pequeños productores que extraen madera no siempre lo hacen con un plan de manejo legal. Fotografía de Kate Evans/CIFOR

A partir de esta información y de las estadísticas oficiales del Gobierno sobre los intercambios legales de madera, han elaborado un informe extenso sobre el estado del mercado maderero de Ecuador, las estrategias utilizadas por las comunidades para manejar sus bosques y ganarse la vida, y la forma en que se distribuyen los beneficios obtenidos.

El nuevo documento  forma parte del proyecto  Pro-Formal, que está examinando la dinámica de los mercados de madera en cinco países: Indonesia, Camerún, Gabón, República Democrática del Congo y Ecuador.

La información es importante en el contexto de las nuevas normas impuestas por la Unión Europea en el marco del Plan de Acción sobre aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales (FLEGT, por sus siglas en inglés), que tiene el objetivo de excluir la madera ilegal de sus mercados y promover la demanda de madera que cumpla con las normas nacionales para el manejo forestal sostenible.

En el plan se alienta a los países a firmar acuerdos de asociación voluntarios con la UE, que requieren no solo que toda la madera exportada sea de origen legal, sino que los mercados madereros internos también estén legalizados. En el caso de los países que poseen un amplio mercado informal y carecen de marcos jurídicos, esto es no es poca cosa.

Ecuador, sin embargo, es un caso especial, opinó el científico principal de CIFOR Pablo Pacheco, que dirige el proyecto Pro-Formal en Ecuador.

En primer lugar, explicó, la demanda de madera nativa de los bosques del país amazónico es principalmente nacional, no de base exportadora. En segundo lugar, el Gobierno ha hecho muchos esfuerzos para mejorar la gobernanza forestal y aplicar las leyes ambientales en los últimos años.

Ecuador ha decidido no continuar las negociaciones con la UE relativas a la implementación de un acuerdo de asociación voluntario de FLEGT en el país.

A pesar de ello, señaló Pacheco, la experiencia del país ofrece lecciones útiles para que otras naciones puedan mejorar su gobernanza forestal y controlar la tala ilegal.

“Ecuador ha realizado importantes intentos para juntar todas las piezas que integran la gobernanza forestal, en términos de la adaptación de la normativa forestal, el establecimiento de un sistema de control maderero y también la creación de incentivos para los pequeños productores que realizan manejo forestal”, destacó.

“Por lo tanto, estamos tratando de comprender cómo han estado trabajando estos esfuerzos, qué aspectos no han funcionado muy bien y qué lecciones podemos transmitir de Ecuador a otros países”.

Principales conclusiones

El estudio determinó que la madera es una parte importante de las estrategias de supervivencia de los pequeños productores.

En algunas comunidades, ha constituido hasta el 50% de los ingresos de las familias, aunque esto varía de provincia a provincia y entre los pueblos indígenas y los de colonos.

En Orellana, donde vive Luis Andi, la venta de madera representó, en promedio, el 22% de los ingresos totales de las comunidades quechuas, como la de Andi, pero el 10% en el caso de los colonos. En Napo, esas cifras fueron casi opuestas, dado que las comunidades indígenas dependían menos de la madera que las de colonos.

La madera es una parte importante de las estrategias de supervivencia de los pequeños productores en la Amazonía de Ecuador. Fotografía de
Kate Evans/CIFOR

Sin embargo, los volúmenes de madera extraída por estas comunidades no son grandes. En Napo, entre agosto de 2011 y septiembre de 2012, las familias que trabajaban informalmente vendieron, en promedio, 10 m³ de madera cada una (alrededor de 12 árboles, aunque esto dependía de la especie.)

Y cuánto habían extraído dependía de factores externos: si tenían alternativas agrícolas, si podían conseguir trabajo fuera de la comunidad, si un miembro de la familia estaba enfermo, cuántos niños necesitaban materiales escolares.

“Se podría decir que funciona como red de seguridad para las personas, es decir, responden a los cambios abruptos recurriendo al bosque para obtener un ingreso adicional”, dijo Mejía.

Y tampoco ganan demasiado dinero con la tala. Según el estudio, a pesar de las grandes fluctuaciones en el precio de la madera en las etapas más avanzadas de la cadena, las comunidades continuaban recibiendo los mismos precios bajos por su madera.

Una parte de la investigación sopesó los costos y los beneficios de las diferentes estrategias de aprovechamiento de madera utilizadas por los pequeños productores.

Los investigadores concluyeron que obtenían los mayores beneficios cuando tenían un plan de manejo legal y participaban en la corta y explotación de especies de árboles de buena calidad para vender los tablones ya cortados.

Contratar a alguien más para la corta o vender los árboles en pie a un intermediario que organice todo el proceso redunda en una ganancia mucho menor para el pequeño productor.

Sin embargo, para muchas familias esta situación ideal no es posible. Mientras que a Luis Andi su esposa y su hermano lo ayudan en el bosque sin costo alguno, otros tienen que contratar asistentes. Quienes son muy mayores, están heridos o no tienen motosierras tienen que subcontratar el trabajo.

Y si bien, en última instancia, contar con la documentación correcta ayuda a obtener una mayor ganancia, muchos enfrentan obstáculos institucionales para conseguir un plan de manejo para cortar madera.

Barreras a la legalidad

El Gobierno de Ecuador ha realizado muchos esfuerzos para simplificar el proceso y tratar de incorporar a los pequeños madereros en el mercado formal.

“Los usuarios forestales han visto que es posible cosechar madera legalmente y que puede ser benéfico ser parte del sistema”, dijo Tania Villegas, del Ministerio de Ambiente de Ecuador (en el momento de la entrevista con Forests News, en abril de 2013)

Según Villegas, 75.000 personas que trabajan en la industria forestal ya se encuentran registradas en línea en el Sistema de Administración Forestal del Gobierno.

“Ha sido complicado y nos ha llevado tres o cuatro años, pero ahora el sistema abarca todo el país”, dijo. “Ha sido más difícil con los pequeños productores que producen pequeñas cantidades de madera, pero ahora están entrando en el sistema”.

El estudio de CIFOR ha revelado  que la mayor parte de los pequeños productores que extraen madera no siempre lo hacen con un plan de manejo legal. Alrededor del 70% de los encuestados en Napo y Orellana indicó que había cortado madera informalmente entre agosto de 2011 y septiembre de 2012.

Algunos grupos conservacionistas, incluido Alejandro Suárez, director de la Estación Biológica Jatun Sacha, una reserva natural y de investigación de Napo, creen que esto se debe a que las leyes vigentes no se respetan lo suficiente.

“Ya tenemos leyes muy buenas. Pero fallan en la aplicación”, afirmó.

“A veces parece que el Gobierno se apena porque la gente es pobre, pero tiene que actuar. La ley es para todos: indígenas, mestizos, quienquiera que sea”.

“Necesitan invertir más en la aplicación”.

Pero el proyecto Pro-Formal busca entender por qué los madereros deciden no cumplir con las leyes, a pesar de que se ha demostrado  que quienes lo hacen, en realidad, obtienen mayores ganancias.

“Presentar un plan de aprovechamiento a veces los obliga a cortar más árboles de los que ellos quieren o necesitan en el momento”, dice la investigadora del CIFOR Ayme Muzo, que llevó a cabo las encuestas en la provincia de Napo.

“Muchas familias están cosechando solo cuatro o cinco árboles por año”.

A menudo, estos planes son negociados por intermediarios que ayudan a los productores a lidiar con la burocracia y proporcionan capital, a cambio de algunos de los beneficios, explicó Muzo.

Sin embargo, para compensar los costos, los comerciantes exigen una cierta cantidad de madera antes de convenir en la elaboración del plan.

Y tampoco es fácil para los pequeños productores hacerlo por su cuenta.

Muchas de estas comunidades carecen de electricidad y cobertura de teléfono móvil, y mucho menos cuentan con conocimientos de informática y acceso a Internet, de modo que la presentación del plan en línea no es un proceso simple.

En Orellana, Luis Andi dice que cuando él y sus vecinos solo necesitan recoger pequeñas cantidades de madera, el tiempo y los gastos que se precisan para obtener un plan de manejo ahora superan cualquier posible beneficio.

“Incluso para vender una ínfima cantidad de madera, se supone que debemos conseguir un plan de manejo. Pero para eso se necesita dinero; puede costar hasta dos mil dólares organizarlo”, señaló.

“Por lo tanto, a veces, por necesidad, trabajamos sin permiso, para vender dos o tres árboles”.

Lecciones de Ecuador

El Gobierno de Ecuador afirma que se ha comprometido a mejorar la vida de los pequeños productores y ha presentado una variedad de programas sociales para este fin.

Sin embargo, advirtió Elena Mejía, los resultados del estudio Pro-Formal destacan algunos de los límites de las iniciativas.

“Hay una incoherencia entre lo que el Gobierno pretende alcanzar, mediante la mejora de la calidad de vida y las estrategias de supervivencia de los pequeños productores, y lo que realmente está sucediendo. Todavía hay vacíos”, manifestó.

Según indicó también, CIFOR compartirá los resultados con el Gobierno, que ha dado su pleno apoyo al estudio.

“Nos han dado toda la asistencia necesaria, y esto es muy importante, porque sin la ayuda de socios locales y del Gobierno, esta investigación no sería tan pertinente”, observó.

Según Pablo Pacheco, estos resultados  constituyen una importante lección, tanto para Ecuador como para otros países: que no siempre es fácil incluir en el sistema a los pequeños recolectores de madera y que aun las normas simplificadas pueden ser difíciles de cumplir para las comunidades lejanas y pobres.

“Con el tiempo se ha generado una mejor comprensión sobre los obstáculos institucionales y las barreras que enfrentan las comunidades y los pequeños productores, pero hay una falta de voluntad política para flexibilizar estas regulaciones y adaptarlas a sus necesidades e intereses”, reflexionó.

“El manejo forestal puede hacerse de diferentes maneras y no hay un único modelo que se pueda utilizar en todas partes.

“No basta prestar atención a las normas para promover el buen manejo forestal, sin analizar también qué otros incentivos económicos pueden utilizarse para apoyar a los pequeños productores y las comunidades en el manejo del bosque”.

“Y, en ese sentido, Ecuador ofrece lecciones interesantes”.

*Algunos nombres se han modificado para proteger la privacidad de las personas afectadas.

Para obtener más información sobre los temas tratados en este artículo, póngase en contacto con Pablo Pacheco: p.pacheco @cgiar.org.

El proyecto Pro-Formal (Políticas y opciones regulatorias para reconocer e integrar mejor el sector doméstico de la madera en los países tropicales) es financiado por la Unión Europea y forma parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería.