Los enfoques jurisdiccionales de REDD+ (reducción de emisiones derivadas de la degradación y deforestación de los bosques) representan una oportunidad prometedora para la protección de los bosques y los desafíos ambientales relacionados con el sector del uso de la tierra.
Estos enfoques apuestan por el desarrollo de mecanismos para proteger los bosques y reducir emisiones de gases de efecto invernadero a nivel de las jurisdicciones, liderados por los gobiernos nacionales o subnacionales, y pueden incluir el comercio de créditos de carbono.
Frente al creciente interés por parte de nuevas fuentes de financiamiento climático y mecanismos voluntarios de mercado (por ejemplo, la Coalición LEAF), es importante reflexionar sobre la manera en que las políticas públicas y los marcos regulatorios de cada país pueden contribuir a facilitarlos.
Si bien actualmente existen compromisos de financiamiento a nivel global, y la introducción de estándares específicos para programas jurisdiccionales de REDD+, el éxito de estos programas no dependerá únicamente de un aumento en la financiación o del establecimiento de estándares más sólidos en el mercado de carbono. Los países que implementan REDD+ tienen ya una serie de mecanismos legales e institucionales, y otros en desarrollo, que afectarán la forma en que se diseñan e implementan sus programas jurisdiccionales. Considerar estos factores de antemano es clave para su éxito.
Como parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+, hemos desarrollado un análisis del contexto de Perú para entender cuál es la regulación que los gobiernos regionales deben considerar para participar en los enfoques jurisdiccionales.
El caso de Perú es relevante puesto que algunos gobiernos regionales han mostrado interés en desarrollar programas jurisdiccionales de REDD+ suscribiendo acuerdos para la venta de reducciones de emisiones futuras.
Nuestro Infobrief “Gobiernos regionales y enfoques jurisdiccionales para REDD+ en Perú: Un análisis del actual marco legal y de políticas públicas”, brinda también recomendaciones a los actores privados y a los responsables de la formulación de políticas públicas nacionales. Este análisis también será útil para otros países que están considerando desarrollar enfoques jurisdiccionales a nivel subnacional.
El marco peruano
Perú ha sido un país pionero en REDD+ y tiene muchos años participando en mercados voluntarios de carbono, pero no existen actualmente políticas públicas o reglamentos explícitos para iniciativas jurisdiccionales de gobiernos regionales. Sin embargo, dos gobiernos regionales de la Amazonía peruana: Ucayali y Madre de Dios, han firmado acuerdos con la empresa suiza Mercuria para diseñar e implementar programas jurisdiccionales de REDD+. Esta iniciativa ha recibido oposición del gobierno nacional, que actualmente está trabajando en normas para REDD+ que serán relevantes para los programas jurisdiccionales, como por ejemplo la instalación del Registro Nacional de Medidas de Mitigación (RENAMI), y lineamientos para anidar iniciativas utilizando el Nivel de Referencia de Emisiones Forestales (NREF) y el Nivel de Referencia Forestal (NRF) para el bioma amazónico peruano.
Esta situación plantea diversas preguntas legales sobre el mandato de las autoridades subnacionales para establecer programas jurisdiccionales, como por ejemplo, ¿El marco jurídico permite a los gobiernos regionales realizar transacciones en el mercado de carbono?, ¿Qué áreas de sus jurisdicciones podrían formar parte de una iniciativa?, y ¿Cómo los gobiernos regionales recibirían y gestionarían los ingresos derivados de dichas transacciones?
Nuestro análisis indica que las competencias actuales de los gobiernos regionales les permitirían desarrollar programas jurisdiccionales para REDD+, siempre que cumplan con la regulación nacional de REDD+ existente y en construcción que lidera el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM). Además los gobiernos regionales deben considerar las normas para entidades públicas sobre uso de presupuesto público, y sobre contabilidad y transferencia de bienes estatales, teniendo en cuenta que, como entidades públicas, tienen restricciones legales para realizar actividades comerciales empresariales.
En base a este análisis, planteamos tres recomendaciones a considerar en el diseño e implementación de este tipo de programas para el contexto de Perú:
- El MINAM y los gobiernos regionales deben coordinar estrechamente para definir cómo estos pueden participar de REDD+ bajo enfoques jurisdiccionales a nivel subnacional. También se requiere diseñar y aprobar nuevas normas, o la modificar las ya existentes, para promover y apoyar los modelos jurisdiccionales de nivel subnacional proporcionando seguridad jurídica a los inversionistas y a los mercados de carbono.
- Tanto inversionistas como proponentes de programas jurisdiccionales deben comprender las consideraciones legales mostradas en este Infobrief antes de diseñar o buscar implementar estos programas con gobiernos regionales. Esto es importante para garantizar la alineación con las normas nacionales de REDD+ y los procesos de anidación a nivel técnico que buscan asegurar la integridad ambiental de las reducciones de emisiones del país.
- Los donantes y agencias de desarrollo deben colaborar con la autoridad nacional de REDD+ (MINAM), proporcionando financiamiento y apoyo técnico para completar el marco regulatorio que responda a la visión que el país determine sobre REDD+ jurisdiccional implementado por gobiernos regionales, y que incluya la participación e inquietudes de las mujeres y los hombres de las comunidades que dependen de los bosques y que desempeñan un papel clave en su conservación.
Para obtener más información sobre este tema, puede ponerse en contacto con Pablo Peña en ppenaa@pucp.edu.pe, Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cifor-icraf.org, o Tamara Lasheras en t.lasheras@cifor-icraf.org
Este trabajo ha sido realizado como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (www.cifor.org/gcs). Entre los socios financiadores que han apoyado esta investigación se encuentran la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD, subvención n.º QZA-21/0124), la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, subvención n.º 20_III_108) y el Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) con apoyo financiero de los donantes del Fondo del CGIAR.
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