Los diversos tipos de títulos de propiedad y otras reformas de tenencias en comunidades que habitan en los bosques en Indonesia, Uganda y Perú usualmente han mejorado las vidas de las personas, pero la inseguridad alimentaria sigue siendo un problema generalizado, apunta un estudio reciente.

La investigación, presentada en un nuevo InfoBrief, formó parte del Estudio Comparativo Global sobre Reformas de Tenencia en en Tierras Forestales del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

Los investigadores dividieron en tres grupos los diferentes tipos de regímenes donde se hizo el estudio: tierras forestales de propiedad de Pueblos Indígenas (PI) y comunidades locales; tierras forestales designadas para los PI y las comunidades locales o tierras estatales; y tierras consuetudinarias o informales.

Anne Larson, científica principal de CIFOR, indica que las reformas de tenencia, y en particular las que conceden titularidad plena, tiene muchos beneficios para las comunidades.

“Para aquellos grupos que tienen demandas consuetudinarias o históricas sobre una área, obtener su título es un hito importante, puede ser algo muy trascendente y les ofrece más seguridad a largo plazo. Por ello, muchas comunidades ven el título de propiedad formal como un gran paso para mejorar sus vidas. Frente a estas expectativas nuestro estudio sugiere que [el título de propiedad] no conduce necesariamente a ese resultado en la práctica”.

ESTUDIO =>

Modelos para la formalización de las tierras forestales consuetudinarias y comunales: La necesidad de integrar los medios de vida en los objetivos relacionados con los derechos y la conservación forestal

Los investigadores realizaron encuestas en 55 comunidades de tres países: 22 en Perú, 16 en Uganda y 17 en Indonesia. Se efectuaron un total de 2075 encuestas en hogares y 164 grupos focales con hombres y mujeres por separado, además de 136 entrevistas de informantes clave a líderes de las aldeas.

Los resultados mostraron que, en lo que respecta a medios de vida, hacer alguna reforma es casi siempre mejor que no hacer ninguna.

Los avances más positivos se observaron en las tierras designadas para uso comunitario en Uganda (47 % de los entrevistados afirmaron que sus ingresos habían aumentado desde la reforma) y en tierras de propiedad plena en Perú (45 %).

La diferencia entre estos porcentajes demuestra que no es el tipo de régimen (propiedad de la tierra versus tierras forestales designadas) lo que determina el resultado, sino más bien las prioridades y las políticas particulares aplicadas en cada lugar. También es importante el contexto: los encuestados en Uganda viven y trabajan en una región considerada como la “despensa de alimentos” del país y se estaban beneficiando de un alza en los precios de los productos alimenticios que vendían en el mercado.

ESCASEZ DE ALIMENTOS

Sin embargo, incluso en las comunidades con alguna forma de tenencia formal de la tierra, los investigadores encontraron niveles sorprendentemente altos de inseguridad alimentaria.

Entre el 38 % y el 57 % de las personas entrevistadas que viven en los sitios de las principales reformas tuvieron problemas para alimentar a sus familias durante una parte del año, en comparación con el 41 % – 84 % de los sitios de tenencia consuetudinaria. Además, aunque muchas personas observaron mejoras y otras ningún cambio, entre el 20 % y el 33 % reportaron disminuciones en los ingresos agrícolas desde que empezaron las reformas.

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“Creo que es un porcentaje increíblemente alto”, dice Larson. “Obviamente, se trata de comunidades rurales y, a menudo, grupos marginados, pero es sorprendente que tantas personas experimenten algún tipo de inseguridad alimentaria durante el año”.

Este asunto ha sido poco priorizado en las discusiones e investigaciones sobre la tenencia de la tierra, a pesar de ser un tema importante. “La inseguridad alimentaria es un problema enorme. Tiene el potencial de socavar la seguridad de la tenencia de las personas, su futuro y su capacidad de permanecer en sus tierras a largo plazo”, afirma Larson.

La investigadora agrega que cuando las personas no pueden alimentar a sus familias, suelen a enviar a los jóvenes fuera de la comunidad a buscar trabajo.

“Eso no crea una comunidad segura ni autodeterminación ni supervivencia cultural a largo plazo. La capacidad de las comunidades para mantener sus culturas y medios de vida prósperos en el futuro se verá afectada si no se abordan los problemas relativos a los medios de vida”.

UN CAMBIO DE PRIORIDADES

La mayoría de las reformas de tenencia forestal y de la tierra se centran específicamente en los derechos o la conservación, dice Larson. El estudio evidencia que también deben dirigirse específicamente a asegurar los medios de vida.

“Por lo general, la prioridad no es ‘establecer comunidades indígenas sólidas y permitirles usar el bosque para su sustento”, explica. “Así que terminas con reglas muy estrictas sobre el uso del bosque, en especial para la tala”.

Un primer paso crucial es establecer metas para los medios de vida y la seguridad alimentaria como un objetivo de las reformas, con objetivos e indicadores. Para que los medios de vida mejoren, las personas necesitan nuevas fuentes de ingresos o abordar los problemas que impiden su progreso.

“Si alguien está violando tus fronteras, robando tu madera o utilizando tu tierra, tener un título debería ser una mejora; sin embargo, también significa que alguien tiene que imponer su cumplimiento, y eso no siempre sucede”, explica Larson.

Indica que por ejemplo los gobiernos pueden colaborar con dicho cumplimiento, o ayudar a las comunidades a establecer pequeñas empresas o forestería comunitaria, lo que los habitantes locales consideren que necesitan.

“No estamos hablando de alentar más exploración petrolera o minera, o que el Gobierno venga y le diga a la gente cómo manejar sus asuntos. Las comunidades deben decidir qué es lo que quieren para sus medios de vida, y el Estado debe brindar las condiciones propicias para que ello suceda”, expresa Larson.

La investigadora agrega que también es fundamental una mejor coordinación entre las distintas ramas y niveles de gobierno. Por ejemplo, las oficinas de titulación, en especial si son subnacionales, no suelen trabajar con las oficinas forestales nacionales. A su vez, estas no trabajan con las direcciones de agricultura, y así sucesivamente.

Es importante destacar que se necesita más investigación. Este estudio se basó en apenas unas cuantas preguntas de una encuesta más amplia, pero ha hecho sonar una alarma, dice Larson.

“El hecho de que no veamos mucha diferencia entre la forma más segura de reforma agraria (propiedad) y la más débil (derechos de uso) sugiere que algo no está funcionando: el título por sí solo no es suficiente”.

“Necesitamos más investigación sobre las reformas y la seguridad alimentaria a fin de comprender qué es lo que está yendo mal, y dónde sí están mejorando los medios de vida, para así aprender lo que podamos de esos casos y hacer mejoras en todas las reformas”.

Este trabajo se realizó como parte del Programa de Investigación del CGIAR sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) dirigido por el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI).