La restauración de los bosques tropicales no puede realizarse sin restaurar los derechos de quienes los habitan. Foto por Juan Carlos Huayllapuma/CIFOR.

La implementación de una respuesta global coordinada para frenar la demanda de energía y evitar una mayor deforestación, reduciría la necesidad de implantar tecnologías para la eliminación artificial de dióxido de carbono, según señala un importante informe del panel de científicos de las Naciones Unidas sobre el cambio climático.

El documento, publicado recientemente por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés), busca informar a las iniciativas mundiales sobre los compromisos asumidos en virtud del Acuerdo de París de 2015, bajo el cual se intenta mantener bajo control la temperatura. El informe señala que es probable que las actividades humanas impulsen el calentamiento global hasta 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales entre los años 2030 y 2052, e insta a realizar cambios rápidos, de gran alcance y sin precedentes en la actividad humana respecto al medio ambiente.

El informe del IPCC hace algunas referencias a los derechos humanos y la equidad en el contexto del cambio climático, a partir de los avances logrados por el Acuerdo de París y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero en general, reitera el enfoque sumamente técnico del IPCC para el diseño de soluciones para el calentamiento global, una postura que ha sido criticada por varias partes interesadas dado a que minimiza la conexión entre los derechos humanos y el cambio climático.

Esta perspectiva es peligrosa, pues existe evidencia de que reconocer, proteger y ampliar el acceso al derecho sobre la tierra de los pueblos indígenas y las comunidades locales constituye una solución efectiva, eficiente y equitativa frente al cambio climático.

CAMBIO CLIMÁTICO, PUEBLOS INDÍGENAS Y COMUNIDADES LOCALES: LA EVIDENCIA

La Alianza Clima, Tierra, Ambición y Derechos (CLARA por sus siglas en inglés) se refirió recientemente al enfoque del IPCC, y señaló que “la lucha contra el cambio climático debe ser indesligable de los esfuerzos para garantizar la seguridad alimentaria, proteger los derechos humanos y proteger y restaurar los ecosistemas naturales”.

“Creemos que es necesario realizar cambios drásticos en el sistema de alimentación global dominado por las empresas —y en las dietas individuales—, para prevenir un cambio climático peligroso”, afirma la red mundial, que reúne a organizaciones sin fines de lucro, científicos, agricultores y líderes indígenas con el fin de demostrar la importancia de las soluciones locales para hacer frente al cambio climático.

A CLARA le preocupa que el compromiso con las tecnologías de eliminación de carbono a gran escala, al dañar la integridad del ecosistema, pueda intensificar las tendencias autoritarias de los Estados; la reducción de los derechos humanos individuales y de las comunidades indígenas y locales; la inseguridad alimentaria; y el debilitamiento de las disposiciones del Convenio sobre la Diversidad Biológica,.

En las últimas décadas, muchas otras voces han reflexionado sobre esta conexión entre el cambio climático y los derechos, y han señalado que los efectos del cambio climático serán más graves para grupos ya marginados, como los pueblos indígenas y las comunidades locales, y más aún para las mujeres en esos grupos.

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Las tierras indígenas son esenciales para la conservación

En respuesta a estos llamados, el Acuerdo de París y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se encuentran bien alineados con los dos principales acuerdos internacionales sobre los derechos de los pueblos indígenas: la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y el Convenio sobre Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del Trabajo. Este reconocimiento es loable y llama la atención sobre el papel de los pueblos indígenas y sus territorios tradicionales en el esfuerzo mundial de lucha contra el cambio climático. Sin embargo, en la práctica, sus derechos —en especial los relacionados con la tenencia de la tierra y los recursos— no siempre son reconocidos o respetados.

Aunque los pueblos indígenas representan el 5 ciento del total de la población mundial, los bosques que habitan y gestionan son esenciales para los objetivos ambientales globales, incluidos el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Agenda 2030 y el Acuerdo de París, puesto que existe una serie de iniciativas de mitigación del cambio climático que se implementarán como parte de ellos. La Relatora Especial de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas estima que entre el 50 y el 80 por ciento de estas tierras se superponen a áreas manejadas para fines de conservación, como las áreas protegidas.

Además, los pueblos indígenas y las comunidades locales ocupan áreas que contienen al menos el 24 por ciento (54.546 toneladas métricas) del carbono total almacenado sobre la superficie en los bosques tropicales. Parte de ese carbono se encuentra en riesgo, ya que se ubica en territorios que carecen de reconocimiento formal.

Investigaciones recientes muestran que el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la tenencia de la tierra es esencial para alcanzar los objetivos climáticos globales.

Un estudio que compara los diferentes regímenes de gobernanza existentes en la Amazonía peruana, reveló que los territorios titulados evitaban la deforestación y degradación de los bosques dos veces más que las áreas protegidas.

Otros estudios también han demostrado la eficacia de invertir en asegurar los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales sobre la tierra como una medida costo-efectiva para la mitigación del cambio climático. Por ejemplo, en comparación con las iniciativas de captura y almacenamiento de carbono, los costos de reconocer los derechos de tenencia son hasta 29 veces menores que los costos estimados para las centrales eléctricas de carbón, y hasta 42 veces menores que los de las centrales de gas natural.

Además, existe un consenso general de que asegurar los derechos sobre la tierra produce un impacto favorable sobre la pobreza y la desigualdad. Las tierras de propiedad colectiva son clave para los medios de subsistencia de 2.500 millones de personas en el mundo. Esto incluye a 370 millones pertenecientes a pueblos indígenas, quienes representan, de manera desproporcionada, el 15 por ciento de los pobres —en términos económicos— del mundo.

Un trabajo del Banco Mundial relaciona los derechos de tenencia fuertes con ingresos más elevados y una mayor estabilidad socioeconómica, y también existe evidencia de que la seguridad de la tenencia puede reducir la desigual carga de la pobreza que afecta a las mujeres.

LO QUE OCURRE REALMENTE

Existe suficiente evidencia científica, así como la expectativa y la necesidad de involucrar las áreas de bosques manejadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales en los planes de mitigación del cambio climático, para garantizar que estas sean esenciales para cualquier iniciativa global relacionada.

Este hecho también debería priorizar el reconocimiento de las tierras que ocupan, pero sobre las cuales no tienen derechos formales.

Sin embargo, estos factores no se ven reflejados en las acciones en la práctica. Este sector de la población posee legalmente solo el 10 por ciento de la tierra que reclama de manera consuetudinaria. Sus territorios siguen amenazados por la demanda mundial de recursos naturales, y sus líderes han experimentado un número creciente de asesinatos, amenazas de muerte y actos de violencia sexual e intimidación por parte de actores privados y gubernamentales. Estos niveles de violencia han sido reconocidos en el reciente Acuerdo Regional sobre Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú), suscrito por 24 países de América Latina y el Caribe para garantizar la protección del medio ambiente y los defensores de la tierra.

A diferencia de los acuerdos internacionales mencionados arriba, los sistemas legales y políticos nacionales históricamente han limitado los derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales a la tierra y los recursos, como lo demuestra el hecho de que solo 21 países incluyen compromisos claros para implementar iniciativas de tenencia de la tierra y los recursos relacionadas con los pueblos indígenas y las comunidades locales en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional.

Como es evidente, para recomponer la situación se requiere más que el reconocimiento de derechos, dado que los derechos de los pueblos indígenas a sus tierras ancestrales y al consentimiento libre, previo e informado (CLPI) ya son reconocidos en el ámbito internacional. Las dificultades y amenazas continúan aun luego de la formalización de los derechos, lo que refleja la gran ambivalencia existente al abordar la desigualdad y corregir los errores históricos.

Se espera que el cambio climático tenga sus efectos más devastadores sobre los pueblos indígenas, las comunidades locales y otros grupos vulnerables. Por lo tanto, las estrategias de mitigación deben basarse en los derechos y la justicia para evitar agudizar esta inequidad fundamental. La restauración de los bosques tropicales no puede realizarse sin restaurar los derechos de quienes los habitan.

LO QUE DEBE OCURRIR

¿Cómo avanzar en este campo? Aquí, cinco puntos clave:

• Reconocer, proteger y ampliar el acceso a los derechos sobre la tierra a los pueblos indígenas y las comunidades locales es una solución efectiva, eficiente y equitativa para el enfrentar el cambio climático.
• Forjar una transición hacia enfoques basados en derechos para enfrentar el cambio climático, acompañada de un impulso para asegurar y ampliar la capacidad de ejercer los derechos ya reconocidos.
• Se debe restablecer el vínculo con los hombres y mujeres de las comunidades indígenas y locales como titulares de derechos y poseedores de soluciones climáticas y no como beneficiarios de un proyecto.
• Si no se pone énfasis en los derechos, las iniciativas que se desarrollen en los territorios de los pueblos indígenas y las comunidades locales pueden fracasar y corren el riesgo de agudizar la inequidad en algunos de los ecosistemas más vulnerables.
• El financiamiento de la lucha contra el cambio climático debe priorizar el apoyo técnico y financiero para abordar los problemas relacionados con la tenencia.

Para obtener más información sobre este tema, por favor póngase en contacto con Juan Pablo Sarmiento Barletti en j.sarmiento@cgiar.org.

Este artículo es parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+.