Antigua concesión de castaña en Madre de Dios, Perú. Yoly Gutierrez/CIFOR.

La conservación y restauración de los bosques tropicales podría representar más de una cuarta parte de la solución a corto plazo para hacer frente al cambio climático. Y debido a que millones de personas en todo el mundo viven en estos bosques o en sus cercanías, y dependen de ellos para su sustento, el trabajo de conservación y reforestación debe tomar en cuenta los usos del suelo existentes y buscar soluciones que sirvan a las comunidades locales así como a objetivos más amplios.

Por ello, muchos investigadores y formuladores de políticas están dirigiendo su atención hacia formas de gestión de los paisajes que tengan en cuenta consideraciones sociales, económicas, políticas y también ecológicas. Una opción cada vez más popular es el llamado enfoque jurisdiccional (JA por sus siglas en inglés), según el cual un paisaje se define por límites relevantes en términos de políticas, con un alto nivel de participación gubernamental como base.

Según los autores de un nuevo estudio que evalúa la efectividad de los JA en varios lugares del mundo, el enfoque “tiene un gran potencial para promover soluciones integrales y duraderas a los problemas interrelacionados de la deforestación tropical, los medios de subsistencia rurales y la seguridad alimentaria”. Actualmente se están llevando a cabo varios “experimentos” jurisdiccionales, por lo que los autores sostienen que “es el momento oportuno” de realizar una evaluación sistemática para comenzar a aprovechar las lecciones iniciales de estos experimentos en diversos lugares de los trópicos.

El informe es fruto de una colaboración entre el Earth Innovation Institute (EII), el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y el Grupo de Trabajo de Gobernadores para el Clima y los Bosques (GCF-TF por sus siglas en inglés).

Su lanzamiento coincide con el décimo aniversario del GCF-TF —un momento histórico para reconocer los avances que los Gobiernos subnacionales han logrado como líderes de la acción climática— y fue presentado durante la Reunión Anual del GCF-TF, el 10 y 11 de septiembre pasados, en San Francisco, Estados Unidos. Esta reunión precedió a la Cumbre Mundial de Acción Climática cuyo objetivo fue impulsar mayores compromisos mundiales y acelerar las acciones para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y prevenir el peligroso cambio climático.

El informe constituye la primera evaluación integral de la sostenibilidad jurisdiccional, y se basa en evidencias de 39 estados y provincias de 12 países donde existen compromisos para el desarrollo bajo en emisiones, dice la autora principal Claudia Stickler, científica del EII.

La investigadora señala que la mayoría de las jurisdicciones que aparecen en el estudio han hecho al menos una promesa o compromiso para reducir la deforestación, y más de la mitad tienen al menos una política, un programa u otro tipo de acción en marcha para cumplir con dicho compromiso.

Amy Duchelle, científica de CIFOR y coautora del estudio, espera que la información sea utilizada ampliamente por los Gobiernos subnacionales y la variedad de actores que apoyan estos esfuerzos hacia un JA.

DESVINCULAR EL CRECIMIENTO Y LA DEFORESTACIÓN

Los investigadores evaluaron los avances de los sitios hacia un desarrollo sostenible con bajas emisiones, tomando en cuenta sus objetivos y compromisos, sus sistemas de monitoreo y reporte y plataformas de gobernanza multiactores, así como políticas e iniciativas innovadoras que son claves para la sostenibilidad jurisdiccional. También realizaron una evaluación detallada de la deforestación, las tasas y tendencias de las emisiones, y exploraron las barreras y oportunidades para el desarrollo de la sostenibilidad.

En muchos niveles, los resultados fueron alentadores: los investigadores hallaron “avances considerables” en todas las jurisdicciones que estudiaron. Cerca de la mitad de las jurisdicciones redujeron la deforestación por debajo de su nivel de referencia de emisiones forestales (NREF) en los últimos cinco años. En Brasil, los estados que utilizaron el enfoque lograron avances particularmente impresionantes: se demostró que habían reducido la deforestación en alrededor del 44% en relación con su NREF. Los investigadores también encontraron que, en promedio, el PIB estaba aumentando en los sitios con mucha mayor rapidez que las tasas de deforestación: concluyeron que en casi todas las jurisdicciones “el crecimiento económico (señalado por el PIB) parece estar desvinculado de la deforestación”.

El informe ya ha recibido comentarios positivos. Según Rafael Robles de Benítez, director de Cambio Climático de Quintana Roo, México (ciudad copatrocinadora de la Reunión Anual del GCF-TF), “este informe es realmente útil porque las jurisdicciones pueden compartir información fundamental sobre sus avances entre sí y con sus socios. También ayuda a planificar e identificar brechas que requieren atención y gestión”.

SE REQUIEREN RECOMPENSAS

Los coautores concluyen que para aprovechar todo el potencial de los JA, los líderes políticos que llevan los procesos a la práctica necesitan más apoyo. “Ni siquiera las principales jurisdicciones [en términos de logros en sostenibilidad] han obtenido grandes beneficios por sus esfuerzos”, dice Stickler. Desde el año 2008, se han comprometido casi USD 15.000 millones para apoyar a las jurisdicciones subnacionales (de manera directa o a través de programas o fondos nacionales o regionales) en REDD+ y el desarrollo con bajas emisiones. Pero el estudio encontró que “en realidad, los desembolsos a las jurisdicciones han sido considerablemente menores en ese mismo período de tiempo”, señala Stickler.

Según el coautor Daniel Nepstad, científico y director ejecutivo del EII, esto significa que, con algunas notables excepciones, “los líderes políticos de los estados y provincias tropicales que quieren llevar esto a cabo —que están listos para poner en práctica las políticas y los programas para frenar la deforestación y apoyar a las comunidades forestales en vastas regiones— no están logrando concretar las asociaciones que necesitan para que esto suceda”.

Por ello, Stickler aconseja que “los gobiernos jurisdiccionales y otros actores deben seguir recibiendo señales positivas de que sus esfuerzos valen la pena y deben ampliarse”. También dice que necesitan ayuda para acceder a recursos y crear mejores procesos y asociaciones para avanzar hacia el logro de sus compromisos de reducción de la deforestación y la degradación, así como para mejorar el bienestar de sus ciudadanos.

Sin este tipo de apoyo explícito, estos esfuerzos a nivel jurisdiccional corren el riesgo de caer en el olvido y no lograr el nivel de cambio requerido. Nepstad dice que actualmente “la lucha contra la deforestación tropical sigue siendo una ambición política con la que es difícil ser elegido si quieres ser gobernador de un estado o provincia con bosques tropicales, y ese es un problema”.

En la reunión, Mary Nichols, presidenta de la Junta de Recursos del Aire de California, destacó cómo el GCF-TF (que California ayudó a crear) ha crecido hasta incluir a Gobiernos que en conjunto poseen un tercio de todos los bosques tropicales del mundo. Continuó destacando que “el GCF-TF ha aumentado su inclusión y su enfoque en historias de éxito reales que involucran a la ciencia y al conocimiento tradicional. Ver el nivel de participación y las iniciativas conjuntas de estados y provincias con fundaciones, países donantes y, lo que es más importante, comunidades indígenas, me da mucha esperanza sobre el futuro y sobre nuestra capacidad para abordar efectivamente la crisis climática”.

Para mayor información sobre este tema, puede ponerse en contacto con Amy Duchelle en a.duchelle@cgiar.org.

Este artículo es parte del Estudio Global Comparativo de CIFOR sobre REDD+

 Esta investigación fue financiada por la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD) y la Iniciativa Internacional para el Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania.