Paisaje en Mbeya, Tanzania. Abigail K. Hart/CIFOR-ICRAF

En los años 90, los anuncios de “apadrina un niño” solían ser recurrentes en la televisión. Frente a problemas generalizados y aparentemente perennes como la pobreza y la desnutrición, ayudar a un niño a salir adelante “por solo un dólar al día” era una propuesta atractiva.  

Pero por muy populares y omnipresentes que fueran en su momento, las agencias de desarrollo que publicaban esos anuncios se vieron obligadas a cambiar de táctica. Apadrinar a un solo niño en una comunidad llena de personas con problemas similares provocaba desavenencias familiares, generaba confusión cultural y no abordaba los problemas sistémicos. Actualmente, la mayoría de las agencias se han orientado a enfoques comunitarios, territoriales y nacionales, que, aunque carezcan de la misma influencia comercial, ofrecen más oportunidades para un cambio equitativo y duradero. 

Parece que se está produciendo un cambio similar en el ámbito de REDD+, el plan respaldado por la ONU para reducir la deforestación y la degradación y aumentar las reservas de carbono. El concepto inicial del programa era muy sencillo: para ayudar a mitigar el cambio climático, paguemos a las personas que viven en los bosques o cerca de ellos para que dejen de talarlos.  

Sin embargo, un análisis a fondo de los proyectos piloto de REDD+ sobre el terreno muestra que el panorama es más complejo. Esto anticipa lo que está ocurriendo ahora con los programas jurisdiccionales de REDD+ a mayor escala. 

Esta disyuntiva se pone de relieve en un nuevo estudio publicado en la revista científica Global Environmental Change que trata de dilucidar las repercusiones de los proyectos REDD+ en el comportamiento de los miembros de las comunidades adyacentes a los bosques. En una muestra de 17 iniciativas REDD+ activas a nivel subnacional en el sur global, los coautores descubrieron que los pagos condicionados (pagos realizados únicamente previa prueba de la protección de los bosques, que son conceptualmente el núcleo de REDD+) no eran percibidos por la población local como un factor clave en sus decisiones sobre el uso de la tierra. 

“Esperábamos que los pagos condicionados fueran lo que importara, pero al final no parece ser lo que inclinó a los hogares hacia cambios en el uso de la tierra beneficiosos para el clima”, afirma Erin Sills, directora del Departamento de Recursos Forestales y Medioambientales de la Universidad Estatal de Carolina del Norte y coautora del artículo. “En cambio, lo que descubrimos es que cuantas más intervenciones había, más probabilidades había de que se produjeran cambios positivos en el uso de la tierra (reducción de las emisiones de carbono) por parte de los hogares. Esto era más probable con una mezcla de intervenciones positivas y negativas: se necesita tanto el ‘premio como el castigo’”.  

Esto podría incluir una combinación de cosas como el apoyo a medios de vida alternativos, el desarrollo de capacidades, la educación sobre los beneficios que aportan los ecosistemas forestales intactos y la vigilancia para disuadir de la actividad ilegal. 

Uno de los estudios de caso más exitosos, que tuvo lugar en la región de Shinyanga (Tanzania), demostró el valor de este enfoque polifacético. En este lugar, se animó a las comunidades locales a proteger y restaurar los bosques secos locales que en el pasado se habían gestionado de forma sostenible mediante el sistema tradicional ngitili de cerrar las zonas boscosas en la estación seca, pero que en los últimos años se habían visto amenazados y degradados por el pastoreo excesivo y el recojo de la leña.   

En esa intervención, las recompensas económicas por proteger los bosques de ngitili se combinaron con la provisión de tecnologías alternativas eficientes desde el punto de vista energético, medios de vida alternativos y técnicas agrícolas mejoradas. El proyecto REDD+ también proporcionó educación e información, reforzó los derechos de propiedad y concedió premios a las comunidades en reconocimiento de sus logros en materia de restauración. Además, se impusieron sanciones y multas por la destrucción de ngitilis, así como cuotas y permisos para el pastoreo, el corte de forraje y la recolección de madera. 

“La vida de las personas es muy compleja. A menudo [los participantes en proyectos REDD+] intentan ganarse la vida en zonas muy remotas, sin ninguno de los sistemas de apoyo a los que estamos acostumbrados [en lugares más desarrollados]”, explica Sills. “Así que tiene sentido, mirando hacia atrás, que la idea de que puedan decir simplemente: ‘oh, genial, un pago en efectivo, voy a cambiar completamente lo que estoy haciendo’, es demasiado simplista para el realmente complicado acto de equilibrio de mantener los medios de vida rurales en estos lugares”.  

Por lo tanto, los incentivos condicionados, no siempre se aplicaban de la forma imaginada por los científicos y economistas que idearon el plan. 

“REDD+ ha tenido sus altibajos en términos de financiamiento relacionados con la existencia o no de acuerdos internacionales y demanda del mercado. Últimamente parece que se está pasando de la cantidad a la calidad de los créditos de compensación de carbono, y eso significa que el sistema se está adaptando, lo cual es bueno”, dijo Sills.   

“Pero si estás sobre el terreno e intentas establecer un contrato [para pagos condicionados de REDD+], necesitas cierta certidumbre. Esa falta de certidumbre puede haber hecho que los incentivos condicionados no se aplicaran como esperábamos, y que la gente tampoco respondiera como esperábamos”.  

Aunque las primeras iniciativas de REDD+ examinadas en este estudio eran en su mayoría proyectos subnacionales, el enfoque de REDD+ se está alejando en general de las intervenciones basadas en proyectos y se está orientando hacia políticas de ámbito más nacional y jurisdiccional. 

“Lo que sugieren nuestros resultados es que no hay una solución milagrosa: no se puede establecer un programa nacional REDD+ con pagos condicionados para la conservación de los bosques y asumir que esos pagos por sí solos contribuirán a la mitigación del cambio climático en el país; va a ser necesario examinar todo el conjunto de políticas y medidas que pretenden afectar a los bosques y que afectan involuntariamente a los incentivos forestales”, dijo Sills

“Así que no hay una respuesta fácil: no es que hayamos descubierto que los incentivos condicionados sean malos; simplemente no son suficientes. Parece que a lo que responden los hogares es a un conjunto de medidas: algunas condicionales, otras no condicionales, algunas positivas y otras más orientadas a hacer cumplir la ley. Y es esa combinación eficaz de medidas lo que los hogares nos dicen que va a conducir al cambio”.

Este trabajo ha sido realizado como parte del Estudio Global Comparativo sobre REDD+ del Centro para la Investigación Forestal Internacional (www.cifor.org/gcs). Entre los socios financiadores que han apoyado esta investigación se encuentran la Agencia Noruega de Cooperación al Desarrollo (NORAD, la Iniciativa Internacional de Protección del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear de Alemania (BMU, y el Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (CRP-FTA) con apoyo financiero de los donantes del Fondo del CGIAR.