*Nota del editor: Este artículo es una publicación original de Landscapes News, del Global Landscapes Forum.
El lanzamiento de un nuevo estudio que evalúa el potencial de México para desarrollar un plan nacional de acción, ha atraído de nuevo la atención hacia las iniciativas de restauración del paisaje en el país. Durante un panel desarrollado recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) se describieron los resultados del estudio titulado La restauración de ecosistemas terrestres en México, el cual examina 75 proyectos implementados desde el año 1979.
Los panelistas discutieron los compromisos de México para restaurar 8,5 millones de hectáreas de tierra degradada bajo la Iniciativa 20×20, un marco que apoya el Desafío de Bonn mediante el impulso para restaurar 20 millones de hectáreas de tierras en América Latina y el Caribe para el año 2020.
Este estudio es el primero en el país y el segundo en su tipo en América Latina, tan solo precedido por un estudio en Colombia, y, a la vez, similar a uno que se realiza en Ecuador en la actualidad, afirmó Manuel Guariguata, investigador principal y líder del equipo de Manejo Forestal y Restauración del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), quien es coautor de los dos estudios.
“Los planes nacionales de restauración de México deben ser bien informados en términos de capacidades humanas y técnicas, y deben basarse en las lecciones aprendidas de iniciativas anteriores de restauración ecológica”, afirmó Guariguata.
“En este sentido, el estudio ofrece información importante acerca de cómo se ha abordado la restauración ecológica en México, así como los desafíos de tipo institucional, biofísico y socioeconómico a superar en el futuro”.
URGE UN PLAN NACIONAL
Con casi la mitad de su paisaje degradado, en 2015, México dio el primer paso para el desarrollo de un plan de restauración. Para entonces, la CONABIO (Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad) y el CRIM (Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM) organizaron el taller Retos y perspectivas para cumplir los acuerdos internacionales en materia de restauración ecológica.
Los participantes realizaron mapas de sitios prioritarios para su restauración y evaluaron proyectos anteriores de restauración con miras a proponer un plan de acción nacional.
Para Moisés Méndez-Toribio, autor principal del estudio, parece poco probable que se alcancen los ambiciosos compromisos internacionales de restauración adquiridos por México.
Sin embargo, afirmó que espera que el nuevo estudio estimule, fortalezca y guíe los esfuerzos de restauración del país.
“El siguiente paso para la creación de un plan nacional de restauración sería reunir a todos los actores interesados en la restauración con el objetivo de construir una visión común y elaborar una plataforma adecuada para construir el plan”, sostuvo.
Méndez-Toribio y Julia Carabias-Lillo, quien fuera secretaria de Medio ambiente de México, coincidieron en la importancia de los programas de gobierno que, según el estudio, han financiado 73 por ciento de los proyectos de restauración. Durante la presentación se resaltaron dos programas de gobierno: el Programa de Restauración y Compensación Ambiental de la CONABIO, lo que llevó a la ejecución de proyectos de restauración entre 2004 y 2016; y la CONAFOR (Comisión Nacional Forestal), un programa que implementa una gran iniciativa de restauración desde el año 2013.
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, “México aún carece de un programa que obligue al Gobierno a llevar a cabo una iniciativa de restauración en todo el país, que vaya más allá de la plantación de árboles”, sostuvo Carabias-Lillo.
Los planes nacionales de restauración de México deben ser bien informados en términos de capacidades humanas y técnicas, y deben basarse en las lecciones aprendidas de iniciativas anteriores de restauración ecológica".
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
La falta de recursos para implementar y el esfuerzo que requiere establecer acuerdos con los propietarios de tierras son los desafíos más grandes, sostuvo por su lado Cristina Martínez-Garza, coautora del estudio e investigadora de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.
Martinez indicó que desde su perspectiva es preocupante que tanto las universidades públicas como los centros de la CONACYT (Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología) reciban cada vez menos fondos, cuando su participación es crítica para alcanzar los compromisos internacionales adquiridos por México.
Un resultado del estudio de México indicó que en la mitad de los casos evaluados, los proyectos se realizaron en ejidos (tierras comunales) y el otro 50 por ciento se realizó en áreas naturales protegidas, según explicó Eliane Ceccon, coautora del estudio e investigadora en temas de restauración, medio ambiente y sociedad del CRIM.
Las comunidades fueron quienes en su mayoría tomaron las decisiones y participaron en la ejecución de los proyectos de restauración, en aproximadamente el 70 por ciento de los casos, de acuerdo a la investigadora. Sin embargo, no participaron en la planeación del proyecto, lo cual constituye un reto para futuros programas de restauración sostenible en México.
“Las comunidades locales deben involucrarse en los proyectos desde su planificación hasta su ejecución” afirmó Ceccon.
“De esta forma podemos maximizar los beneficios tangibles e intangibles. Desde los años setenta, los estudios de participación social han encontrado que una comunidad puede hacerse cargo de un proyecto con mayor facilidad cuando participa activamente en su elaboración y ejecución”.
Para obtener más información sobre el estudio en mención, puede contactar a Manuel Guariguata en M.guariguata@cgiar.org.
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