Un niño sentado en un tocón en Kalimantan Central, Indonesia. Según estudios recientes, las comunidades forestales, como a la que el niño pertenece, pueden ayudar a reducir las emisiones de carbono, siempre y cuando se les reconozcan los derechos legales sobre sus bosques. Fotografía de Achmad Ibrahim / CIFOR.

Nota del editor: una versión de este artículo fue publicada originalmente en The Jakarta Globe. El autor es decano de la Facultad de Gobierno Ateneo de Manila, negociador principal de las Filipinas sobre procesos de REDD+ y miembro del Consejo Directivo del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

En diciembre, los negociadores sobre temas climáticos se reunirán en Lima, Perú, durante la XX Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, un paso fundamental en el proceso que se espera culmine con un nuevo acuerdo sobre el cambio climático en la COP de París en el 2015. Los paisajes forestales formarán parte de la agenda de negociaciones; un componente esencial del acuerdo debe ser el reconocimiento de un componente crucial para la mitigación del cambio climático: los derechos forestales comunitarios. El informe del Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y la Iniciativa para los Derechos y Recursos (RRI) Securing Rights, Combating Climate Change. How Strengthening Community Forest Rights Mitigates Climate Change encuentra sólida evidencia de que el fortalecimiento de los derechos forestales comunitarios puede ayudar a reducir las emisiones de dióxido de carbono (CO2) procedentes de la deforestación, y mejorar la salud de los bosques.

El papel de la deforestación en el cambio climático global es bien conocido: cada minuto, el planeta pierde el equivalente a 50 campos de fútbol, que representa el 11% de todas las emisiones anuales de gases de efecto invernadero (GEI). Sin embargo, con frecuencia los gobiernos han pasado por alto o subestimado la necesidad de fortalecer los derechos forestales comunitarios con el fin de reducir las emisiones derivadas de la deforestación. Las comunidades locales e indígenas tienen derechos legales u oficiales sobre por lo menos 513 millones de hectáreas de bosques, que almacenan unas 37.000 millones de toneladas de carbono. Si los gobiernos reconocieran más derechos a las comunidades forestales e hicieran más por proteger tales derechos, la cifra podría aumentar de manera significativa. Los bosques de la región de Asia-Pacífico son especialmente importantes.

Los gobiernos que han reconocido legalmente los derechos forestales comunitarios han visto cómo las comunidades resisten las presiones de la deforestación y mantienen sanos los bosques.

De acuerdo con un informe preparado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), estos comprenden casi el 22% de la superficie terrestre del planeta y representan el 19% de sus bosques. Muchas comunidades tienen derechos jurídicos limitados sobre sus bosques, o carecen de ellos, porque los gobiernos conservan la propiedad legal y la autoridad sobre su gestión.

En Indonesia, por lo menos 41 millones de hectáreas de bosques de comunidades forestales indígenas son legalmente de propiedad del gobierno, que se encarga de su administración. Las comunidades que habitan estos bosques no tuvieron derechos legales sobre ellos hasta mayo de 2013, cuando la Corte Constitucional de Justicia de Indonesia dictaminó que los pobladores indígenas tienen el derecho de administrar los bosques donde viven. El control gubernamental puede significar el otorgamiento de derechos a operadores comerciales para talar los bosques con el propósito de obtener madera, extraer aceite de palma, producir pulpa de celulosa (empleada en la fabricación de papel) y realizar labores de extracción minera.

En años recientes, el gobierno de Liberia hizo uso de sus derechos legales sobre la mayor parte del suelo y los bosques del país para autorizar el uso comercial de alrededor del 50% de sus tierras forestales para la tala comercial, la extracción de aceite de palma y la minería. Ello a pesar de que las comunidades dependen de estos bosques para su subsistencia y tienen fuertes vínculos culturales e históricos con ellos. La reforma de los sistemas jurídicos mediante el fortalecimiento de los derechos forestales comunitarios protegerá los bosques, conservándolos como sumideros (depósitos) de carbono en lugar de convertirlos en fuentes de emisiones.

Los gobiernos que han reconocido legalmente los derechos forestales comunitarios —y los han protegido creando una cartografía y registros oficiales, expulsando a colonos y madereros ilegales, y brindándoles asistencia técnica— han visto cómo las comunidades resisten las presiones de la deforestación y mantienen sanos los bosques.

HISTORIAS DE ÉXITO

En la Amazonia boliviana y brasileña, las comunidades cuentan con sólidos derechos legales y gobiernos que las apoyan. ¿El resultado? Una tasa de deforestación dramáticamente menor de los bosques administrados por un gobierno. En la Amazonia boliviana, la deforestación de los bosques de las comunidades indígenas es seis veces menor que la deforestación en otras partes de la cuenca amazónica. En Brasil, la tasa de deforestación de los bosques de las comunidades indígenas es 11 veces menor que en los bosques amazónicos ubicados fuera de las zonas indígenas. De hecho, los bosques de las comunidades indígenas brasileñas son más eficaces en resistir a la deforestación causada por colonos, madereros y otros, que cualquier otro esquema de propiedad de la tierra.

Historias similares abundan en toda América Latina en los lugares donde el reconocimiento legal y la protección del gobierno a los derechos forestales comunitarios permiten a las comunidades gestionar de manera sostenible sus bosques y resistir las presiones de la deforestación. En Guatemala, los bosques comunitarios legalmente reconocidos de la Reserva de la Biosfera Maya de Petén, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, sufren 20 veces menos deforestación que las denominadas “zonas de protección estricta” de la reserva, donde la tala de árboles está prohibida. Como sucede a menudo, la aparente protección estricta del gobierno termina convirtiéndose en un acceso libre de facto, que incluye invasiones y explotación forestal ilegal. Por el contrario, con el apoyo del gobierno, las comunidades de la reserva se han vuelto expertas en mantener la salud de sus bosques. En México, alrededor de 8,1 millones de hectáreas de bosques se encuentran bajo manejo forestal comunitario. En una zona de la región de Yucatán, los bosques gestionados por la comunidad muestran una tasa de deforestación prácticamente nula (0,002 %), 350 veces menor que en una vecina reserva gubernamental con protección estricta. Las comunidades pueden enfrentar parcialmente las acciones gubernamentales que afectan sus derechos sobre los bosques. En la Reserva de la Biosfera de Río Plátano, en Honduras, las comunidades crearon la Unión de Cooperativas Agroforestales para brindarse apoyo mutuo frente a la insuficiente protección y apoyo gubernamentales. Durante años, el gobierno fracasó en su propósito de aprobar a tiempo los planes de manejo forestal, proporcionar apoyo financiero o expulsar a los colonos ilegales. Como resultado de la creación de la Unión, los bosques de estas comunidades presentan tasas de deforestación hasta 140 veces menores que las de otras áreas de la reserva. En la Reserva de Biosfera Bosawas de Nicaragua, el gobierno entregó al menos seis títulos de propiedad a pobladores indígenas que operan bajo planes no oficiales de uso sostenible del suelo. Sin embargo, el gobierno ha fallado en gran medida en su intento de proteger las tierras indígenas de Bosawas de la invasión de colonos. La respuesta de las comunidades consistió en la vigilancia de sus propias fronteras, lo que trajo como resultado una tasa de deforestación 14 veces menor que en otras partes de la reserva.

PROBLEMAS QUE PERDURAN

En otros lugares, el panorama es menos optimista. Las comunidades de países en donde los gobiernos socavan activamente sus derechos forestales sucumben a las presiones de la deforestación. Los bosques de algunas comunidades indígenas peruanas sufren la peor deforestación de toda la Amazonia y han perdido hasta un 51 por ciento de su territorio, en su mayor parte a favor de concesiones de petróleo y gas, las cuales cubren el 75% de la Amazonia peruana.

En parte de la región peruana de Madre de Dios, hasta un 87% de los bosques de las comunidades indígenas ha sido destinado a concesiones mineras, petroleras y gasíferas, entre otros usos conflictivos del suelo. Del mismo modo, en Ecuador, las tierras indígenas que se encuentran fuera de las áreas protegidas por el gobierno perdieron un 6,5% de sus bosques entre los años 2000 y 2008, en parte debido a concesiones petroleras y mineras ubicadas en ellas. Las concesiones también trajeron como resultado la construcción de carreteras y la llegada de colonos.

Fuera de América Latina, en Papua, Nueva Guinea, casi todos los bosques son jurídicamente de propiedad de las comunidades (97%), pero esto en gran medida solo se cumple en el papel, pues frecuentemente el gobierno asigna bosques pertenecientes a comunidades indígenas para su uso como las plantaciones de palma aceitera. El gobierno ha firmado contratos de alquiler con empresas privadas sobre aproximadamente 4 millones de hectáreas , el equivalente al tamaño de Suiza. Si, como está previsto-, estos bosques son talados y transformados para la producción de aceite de palma, la deforestación liberaría casi 3.000 millones de toneladas de CO2.

Para abordar el tema de los derechos forestales comunitarios no solo como un problema de uso de bosques o del suelo, sino como un problema de cambio climático, los gobiernos, la sociedad civil y otros grupos de interés pueden:

• Reconocer legalmente los derechos forestales de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

• Proteger los derechos forestales legales de los pueblos indígenas y las comunidades locales; por ejemplo, creando mapas para definir los límites de los bosques comunitarios y expulsando de ellos a los madereros ilegales.

• Apoyar a las comunidades forestales con asistencia técnica y capacitación.

• Involucrar a las comunidades forestales en la toma de decisiones sobre las inversiones que afectan a sus bosques.

• Y, compensar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales por los beneficios climáticos que provee su gestión forestal sostenible. Un proverbio africano dice “se necesita una aldea para criar a un niño”.

La pregunta es: ¿necesitamos también una aldea para detener el cambio climático? ¿Puede la “aldea global” detener el cambio climático mediante el reconocimiento y la protección de los derechos forestales de una aldea local? La respuesta es sí.

A medida que se acerca la COP 20 de Lima en diciembre, es importante tomar esto en cuenta.