Aunque la titulación es esencial, evidencia indica que es solo el primer paso para que las comunidades forestales mejoren sus medios de vida. Juan Carlos Huayllapuma/CIFOR.

Se podría decir que la comunidad indígena Tres Islas, en el sudeste del Perú, lo tiene todo: buenos recursos para la pesca; un inmenso bosque con madera, castañas amazónicas, palmas y otros árboles; y una belleza natural que cualquier ecoturista pagaría por disfrutar.

Pero sus habitantes han aprendido que poseer derechos comunales a la tierra no garantiza el disfrute de todos estos derechos.

“Nuestra comunidad recibió su título de la propiedad hace más de 22 años, gracias al esfuerzo de nuestros padres y abuelos”, dice Sergio Perea, presidente de Tres Islas, una de las comunidades incluidas en el Estudio Comparativo Global sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales que actualmente desarrolla el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

“Pensamos que poseer este título nos otorgaría derechos sobre todos los recursos de nuestras tierras, Pero no ha sido así”, afirma Perea.

La posesión de un título de propiedad no garantiza a los pobladores rurales de Tres Islas la seguridad de la tenencia ni mejores medios de vida, una realidad que enfrentan varias comunidades forestales de la Amazonia peruana.

En Perú, los bosques son considerados de propiedad estatal, y las comunidades deben obtener permisos para la utilización de los recursos maderables y no maderables. Esto a menudo es un proceso difícil y prolongado que requiere experiencia técnica y pago de tasas que las comunidades generalmente no pueden afrontar.

Es más, el actual título de propiedad de Tres Islas, no cubre toda el área que los miembros de la comunidad reclaman como su territorio. “Esto ha dado lugar a conflictos con las personas que poseen derechos de extracción maderera u otras concesiones en tierras que la comunidad considera propias”, explica Iliana Monterroso, investigadora post doctoral de CIFOR quien coordina el estudio en Perú.

Incluso en sus tierras tituladas, los habitantes de Tres Islas deben contar con un permiso del gobierno para la extracción maderera. Además, enfrentan conflictos con personas foráneas que poseen concesiones mineras que se superponen con sus tierras, así como con los mineros y madereros que operan ilegalmente en su territorio.

Resistencia

Pero los habitantes de Tres Islas han encontrado formas innovadoras para organizarse y obtener el apoyo requerido en busca de soluciones.

“Debido a los desafíos que enfrentaban, tuvieron que organizarse rápidamente”, explica Monterroso”. “También desarrollaron nuevas habilidades, ya que tuvieron que relacionarse con el gobierno, con organizaciones no gubernamentales y con los juzgados. Algunas lecciones de su experiencia pueden ser útiles a comunidades de otras zonas que se hallen en situaciones similares”.

Según la legislación peruana, un título otorga a las comunidades indígenas derechos de propiedad, pero recursos como los bosques permanecen bajo propiedad estatal. Y aunque las comunidades indígenas pueden obtener permisos para la extracción maderera, están obligadas a presentar planes operativos anuales.

La mayor parte de las comunidades carecen de la experiencia necesaria para el desarrollo de este tipo de planes, por lo que contratan a expertos forestales externos. El alto costo de preparación del plan puede exceder los ingresos previstos por la venta de la madera.

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En tierras públicas, el gobierno otorga concesiones a particulares o empresas durante un tiempo determinado. Estas concesiones pueden ser para actividades extractivas, como explotación maderera o minería, o para recolección de castaña amazónica, reforestación, conservación o ecoturismo.

Durante décadas, en Madre de Dios, la región donde se encuentra Tres Islas, estas concesiones fueron gestionadas por diferentes ministerios, que no coordinaron entre sí. Como consecuencia de ello, hoy existen muchas áreas en reclamo por derechos superpuestos.

En una misma extensión de tierra, diferentes titulares de concesiones pueden tener derechos para extracción de madera, recolección de castaña amazónica, turismo, agricultura y minería. En ocasiones, las reclamaciones de las personas foráneas se superponen a las de las comunidades indígenas, a pesar de que las comunidades poseen el título de propiedad.

Para complicar aún más las cosas, algunas concesiones, como las de petróleo, gas y minería a gran escala, son controladas por el gobierno nacional, mientras que los gobiernos regionales gestionan otras.

Aunque los residentes de Tres Islas obtuvieron los títulos de sus tierras hace más de dos décadas, la comunidad entera se encuentra dentro del área de dos contratos de arrendamiento petrolero y de gas. Por ley, el gobierno peruano debe celebrar con las comunidades indígenas un proceso de consulta previa sobre cualquier proyecto de desarrollo que afecte sus derechos comunales.

Luego de algunos conflictos internos, en enero de 2015 la comunidad votó por no participar en ningún proceso de consulta previa acerca de la exploración en las concesiones de petróleo y gas. En la práctica, esto interrumpió el desarrollo del petróleo y gas en la zona por el momento, aunque es probable que el tema surja nuevamente.

La batalla contra la minería fue más larga y más complicada. Madre de Dios tiene una larga historia de minería aluvial de oro a pequeña y mediana escala, en gran medida no regulada. Varias concesiones otorgadas por el gobierno se superponían a Tres Islas, mientras que otros mineros operaban ilegalmente dentro de los límites de la comunidad.

Según los líderes comunales, con los campos mineros llegaron también los problemas de la tala ilegal, el comercio de gasolina de contrabando para los motores, y el tráfico de mujeres para la prostitución.

Por ellos, en 2010, la comunidad decidió retomar el control de sus tierras limitando el acceso de las personas foráneas. Los transportistas que prestaban servicios a los mineros ilegales demandaron a la comunidad y ganaron legalmente el derecho de acceder por su territorio. La comunidad entonces llevó el caso ante el Tribunal Constitucional del Perú, que en 2012 emitió un fallo histórico defendiendo la autonomía de la comunidad y su derecho a controlar el acceso a sus tierras reconocidas legalmente.

Los habitantes de Tres Islas se preparan ahora para un futuro que esperan sea más sostenible. Con la ayuda de organizaciones sin fines de lucro, desarrollaron un plan de gestión maderera, el cual cumple con las normas que los obligan a contar con un plan operativo anual y llevar una contabilidad detallada. También tienen planes para la cosecha de castañas amazónicas y otros productos forestales no madereros, y están poniendo en marcha una empresa turística de base comunitaria.

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Cada actividad es coordinada por un comité, y los miembros de los comités pagan una parte de sus ganancias a un fondo que se utiliza en beneficio de toda la comunidad.

“La comunidad tuvo la necesidad de organizarse internamente en el corto plazo para abordar su problema legal, por lo que estableció un comité para el trabajo con los abogados”, dice Monterroso. “Entonces empezaron a darse cuenta de que necesitaban organizar otros grupos para otras actividades importantes tales como la gestión de los productos forestales no maderables, como la castaña amazónica”.

Al inicio de cada año, miembros de la comunidad recolectan las vainas de castaña amazónica que caen de árboles enormes (Bertholletia excelsa). Con gran habilidad, abren las vainas y extienden las castañas para que se sequen. Antiguamente, vendían las castañas a intermediarios, a menudo a precios desfavorables.

Pero hoy, gracias al apoyo externo, especialmente de ONG, Tres Islas ha adquirido equipos para el secado y procesamiento de la castaña amazónica, para que la comunidad pueda aumentar sus ingresos. Los miembros del comité de castaña amazónica de la comunidad ya están experimentando con nuevos productos, tales como dulces de castaña amazónica.

También se encuentra en marcha un plan para procesar los frutos de la palma, aunque la planta aún no ha sido equipada. El comité de ecoturismo de la comunidad también está desarrollando planes para atraer visitantes.

Desafíos futuros

A pesar de que la decisión del Tribunal Constitucional significa que los derechos a la tierra de la comunidad están más seguros, sus habitantes aún enfrentan dificultades para hacer realidad sus planes.

Aún están a la espera de la instalación del servicio de electricidad para la planta de procesamiento de castaña amazónica. El financiamiento para la elaboración de los planes operativos anuales de gestión maderera también será un reto, dice Perea. Y en el negocio turístico, tendrán que competir con agencias ya establecidas.

En ello no están solos: los retos de Tres Islas son comunes a los tres países que conforman el estudio comparativo global de CIFOR sobre reformas de la tenencia forestal, según evidencian los resultados preliminares de Perú, Uganda e Indonesia.

“En todos estos países, los pobladores enfrentan tres problemas principales: la apropiación de tierras y la competencia en el uso del suelo; la falta de apoyo para defender sus derechos y beneficiarse plenamente de los recursos forestales; y la capacidad limitada, en términos de capital, para hacer más rentables sus recursos”, dice Mani Ram Banjade, investigador posdoctoral de CIFOR.

Así mismo, Baruani Mshale, quien coordina el estudio en Uganda, comparte una visión similar. “En el caso de Uganda, también encontramos que otorgar un certificado o un título es absolutamente esencial, pero no es el final. Hay muchas más cosas que hacer, y que van más allá del bosque. Van más allá del título de propiedad y se trata de entender qué más necesitan las comunidades forestales”.

“Que los medios de vida de una comunidad mejoren depende de otras cosas como un tipo de apoyo concertado, ya sea a través de normas que permitan gestionar los recursos naturales o el apoyo de ONG u otras entidades”, agrega Anne Larson, investigadora principal de CIFOR, quien coordina el estudio en Latino América.

El estudio comparativo global sobre reformas de tenencia en tierras forestales de CIFOR se desarrolla gracias al soporte de la Comisión Europea y GEF  y cuenta con el respaldo técnico de IFAD y la FAO.

Para obtener más información sobre este tema, por favor póngase en contacto con Anne Larson en a.larson@cgiar.org (español e inglés), o Esther Mwangi en e.mwangi@cgiar.org (inglés).