Las normas para la certificación del aceite de palma sostenible no siempre son accesibles para los pequeños productores. Juan Carlos Huayllapuma/CIFOR

La mayoría de las personas desean hacer lo correcto en sus vidas. Pero en ocasiones, esto puede ser costoso o inconveniente. Es por ello que se requieren incentivos adicionales para fomentar un buen comportamiento.

En ningún ámbito esto es más evidente que en la industria del aceite de palma.

Producir aceite de palma en forma sostenible requiere que los productores, entre otras cosas, reduzcan la pérdida de la biodiversidad y la deforestación, prevengan la explotación del personal y reduzcan al mínimo la contaminación y las emisiones de GEI. Sin embargo, esto a menudo va más allá de las leyes del país en el cual realizan sus actividades y es más costoso y complejo que el ejercicio comercial normal entre sus competidores.

Así pues, además de contribuir a un mejor futuro ambiental y a demandar algunas hectáreas de moralidad en tierras más elevadas, ¿qué es lo que motiva a los productores a cumplir con estas normas?

“Hemos descubierto que existen principalmente dos motivaciones. El primero es el riesgo comercial al que se exponen los productores cuando llevan a cabo prácticas insostenibles. Y el segundo se refiere a las relaciones y alianzas que forman las empresas”, afirma Sophia Gnych, científica del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y autora principal de un artículo publicado recientemente al respecto.

INCURSIONANDO

Los grupos de la sociedad civil y los consumidores han desempeñado un papel clave en el incremento de los riesgos de reputación y de mercado de las compañías que funcionaban en forma insostenible.

Como consecuencia, se han registrado importantes avances en la industria, como por ejemplo la Mesa Redonda sobre el Aceite de Palma Sostenible (Roundtable on Sustainable Palm Oil, RSPO) que certifica las prácticas sostenibles de cultivo.

Durante el año pasado, el aceite de palma con certificación RSPO representó un 21 % de los 13,47 millones de toneladas de aceite de palma producidos a nivel mundial. Esto significa una notable adherencia a la certificación, dado que el primer aceite de palma certificado fue comercializado en 2008.

Pero a pesar de estos logros, la certificación requiere acciones e incluye costos que solo algunos productores pueden afrontar. Por lo tanto, puede que la certificación de toda la base de suministro no sea factible.

“En la actualidad, las normas de certificación se limitan a las grandes compañías”, afirma Gnych haciendo referencia a grandes productores de aceite de palma, como Agri Resources y Wilmar.

Compañías como estas enfrentan un importante riesgo comercial si se verifica que suministran aceite de palma insostenible. También tienen la capacidad de cumplir con los criterios de sostenibilidad y aun así obtener ganancia. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los pequeños productores proveedores.

HASTA LA RAÍZ DEL ASUNTO

Los pequeños productores están menos motivados por estos riesgos relativos a la reputación, ya que no tienen una marca reconocida que defender. Pero su acceso a la industria y  al mercado internacional importa.

Los pequeños productores, quienes representan un 40 % de la producción del aceite de palma de Indonesia y quienes constituyen un factor importante dentro de los desafíos de la deforestación y otras cuestiones de sostenibilidad, son los más propensos a resistir el cambio. Muchos no tienen el conocimiento, la capacidad técnica, el capital o la flexibilidad financiera para mejorar sus prácticas según las normas de sostenibilidad.

Sin embargo, el compromiso reciente por parte de los principales comerciantes mundiales de aceite de palma respecto de eliminar la deforestación de sus cadenas de suministro amenaza con excluir a los pequeños productores.

Un estudio llevado a cabo en Borneo Occidental, Indonesia, muestra que los pequeños productores han perdido hasta el 70 % de sus potenciales ingresos debido a “costos de plantación” y al reembolso de créditos. En este contexto, es comprensible que los costos adicionales de las prácticas sostenibles —como un mejor monitoreo y reporte de las normas y la capacitación en buenas prácticas agrícolas— presenten grandes obstáculos frente al cambio.

Además de estas barreras, cabe destacar actitudes y prácticas arraigadas en el sector gubernamental y de muchos de los miembros que manejan y conforman la industria, desde productores a dueños de molinos, quienes quizás no comprenden totalmente las preocupaciones en cuanto a la sostenibilidad o a lo que esto significa en la práctica.

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La interacción de estos factores ha generado “un paisaje de políticas, normas y regulaciones sociales y ambientales complejo y fragmentado”, sostiene Gnych.

Y, como es previsible, las soluciones serán probablemente igual de complicadas.

“No creo que exista una única respuesta a esto”, afirma Gnych. “Pero en la actualidad, los productores de aceite de palma no están alcanzando siquiera los mínimos  estándares legales”.

La investigación de Gnych propone una serie de sugerencias para mejorar la sostenibilidad de la industria. Entre ellas, se incluye la aplicación de regulaciones existentes y una mejor planificación del uso de la tierra por parte del gobierno, la conversión hacia la sostenibilidad en el ámbito local y la oferta de asistencia técnica y servicios de alta calidad accesibles para los pequeños productores.

El estudio también examina el otro lado de la ecuación, el de la demanda, que muy frecuentemente es ignorada.

OFERTA Y DEMANDA

Darmin Nasution, ministro de Coordinación de Asuntos Económicos de Indonesia, señaló durante la Conferencia Internacional sobre la Palma de Aceite y el Ambiente (ICOPE, por su sigla en inglés) que el lado de la demanda es el foco del problema.

“Algunos países europeos no vacilarán en promover un boicot contra el aceite de palma no sostenible; sin embargo, deben estar dispuestos a pagar una prima por los productos sostenibles”, afirma.

“No podemos asumir la carga solos. El costo de ser sostenible no es solo responsabilidad de los productores, sino también de los consumidores”.

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¿Qué cabe concluir, entonces, de las observaciones del ministro? Si los consumidores intentan ser más sostenibles, ¿tendrán que hacerse cargo también de los costos adicionales derivados de la sostenibilidad del aceite de palma?

“Cada uno debe hacer su parte. No creo que necesariamente se trate de un consumidor que pague más. Sino que se trata de distribuir los costos de manera equitativa en toda la cadena de valor”, sostiene Gnych.

“En estos momentos, la mayor parte de la ganancia se genera en las etapas de venta minorista, fabricación, refinación y comercio. La motivación de una mayor certificación al respecto se centrará en la optimización de la cadena de suministro y en la redistribución de la riqueza”.

“Básicamente, este asunto se trata del tipo grande que le ofrece un mejor trato al tipo pequeño, reconociendo los gastos reales de una producción sostenible”.