Jorge Ríos Pacaya, productor de Ucayali, Perú, quien colabora con la investigación de CIFOR. Foto Aoife Bennett-Curry.

Jorge Ríos Pacaya, productor de Ucayali, Perú. Un estudio evidencia que los pequeños productores de la Amazonía peruana son poco considerados en las políticas forestales.  Foto Aoife Bennett-Curry.

Durante mucho tiempo, la actividad agrícola y la conservación de los bosques han sostenido una relación incompatible y, por lo general, se discute acerca de cómo la primera tiene impactos negativos en la segunda. Las políticas forestales y de desarrollo, y de hecho la propia sociedad, a menudo distinguen entre el área prístina de bosque ‘primario’ y las comunidades indígenas que allí viven, y las áreas agrícolas ‘degradadas’ habitadas por agricultores.

Sin embargo, definir a los paisajes amazónicos no es tan simple. De hecho, las zonas agrícolas a menudo albergan una gran cantidad de bosques en diferentes etapas de madurez.

Recientemente, en una conferencia en Ucayali, Perú, presentamos parte de los resultados de un estudio de dos años que analizó los derechos sobre la tierra de pequeños agricultores no indígenas.

Nuestro estudio mostró que las chacras de los pequeños agricultores tienen una gran cantidad de bosque, aunque ellos cuenten con poco o ningún derecho formal a los bosques.

Estos pequeños propietarios no indígenas son un grupo poco entendido y se encuentran excluidos de la política forestal. Ellos son conscientes de cómo son vistos por la política forestal y de la situación desventajosa en la que se encuentran:

“El Estado sólo quiere titular bosques a los nativos porque ellos no destruyen bosque; o sea, no hacen chacra. Ellos conservan, solo trabajan pequeñas áreas… pero nosotros también podemos hacerlo”.

¿BOSQUES PARA UNA MAYORÍA OLVIDADA?

Al igual que muchos países con bosques en América Latina, la manera de demostrar y defender los reclamos de propiedad y alcanzar los derechos formales en el Perú es tumbando el bosque. Los pequeños propietarios deben demostrar ‘la explotación económica del predio’ (Decreto Legislativo 1089) y esto podría ‘incluir labores de preparación de suelo’; es decir, el tumbado del bosque.

Las perversidades de las leyes de tenencia de tierras, que obligan a los pequeños agricultores a deforestar para poder acceder a los derechos territoriales, no pasan desapercibidas. Los pequeños productores no pueden titular los bosques en sus parcelas como parte de la solicitud estándar de tierras, y el sistema que les permite utilizarlos o titularlos supera a menudo sus capacidades administrativas y financieras.

Según  evidencia un estudio reciente, los pueblos no indígenas son, de lejos, el grupo más numeroso en la Amazonía rural del Perú. Para ejemplificar,  en nuestro sitio de estudio en Ucayali representan el 60% de la población rural. Sin embargo, son poco entendidos y muy rara vez figuran en las agendas de investigación y, particularmente, de la política forestal, constituyendo así lo que los autores han bautizado como la mayoría olvidada.

Sin embargo, los pequeños agricultores no son los únicos con casi nula representación en la política forestal. Los bosques secundarios y de regeneración conforman la mayor parte de cualquier paisaje tropical poblado, pero su valor es a menudo pasado por alto.

Una creciente comunidad de académicos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones intergubernamentales y grupos de base están llamando la atención sobre la necesidad de pensar más allá de las grandes extensiones de bosques primarios, ampliando las competencias de los bosques de conservación a paisajes ‘degradados’, como las áreas de frontera forestal/agrícola, donde existen numerosos bosques fragmentados y utilizados selectivamente.

PERCEPCIONES DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES SOBRE LA PROPIEDAD FORESTAL

Nuestra investigación involucró la aplicación de una encuesta a 252 hogares y dos años de trabajo etnográfico participativo. Más del 90% de los entrevistados sabía que no podía obtener el título para su bosque; sin embargo, el 32% de las tierras reclamadas por los informantes era bosque primario. Un 25% adicional fue bosque en barbecho (bosque en regeneración).

Sorprendentemente, sólo el 42% de las tierras reclamadas estaban ocupadas por cultivos y pastos, lo que demuestra que los bosques son una parte importante del inventario de tierras para estas personas, incluso si no pueden obtener derechos formales sobre las mismas.

Algunos agricultores querían mantener los bosques para convertirlos en cultivos más adelante, pero también fue evidente la preferencia por mantener los bosques por sus beneficios intrínsecos (recreación), el ecosistema (microclima y mantenimiento del agua en cochas), madera para viviendas y productos forestales no maderables (carne de monte):

“Conservo mi monte alto para mantener allí  los animales silvestres porque la empresa de plantaciones hizo correr a todos los animales, y todos se van a mi monte”,  me dijo uno de los pequeños agricultores que había reclamado 15 hectáreas de bosque maduro como parte de su inventario de tierras.

Además, muchos de los pequeños agricultores con los que interactuamos en el campo tenían conocimiento acerca de proyectos relacionados con pagos por servicios ecosistémicos (PSE). Con frecuencia nos preguntaban si efectivamente era posible recibir dinero por conservar los bosques.

¿PUEDEN LOS DERECHOS DE TENENCIA AYUDAR A LOS BOSQUES Y A LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES?

La clarificación de derechos sobre la tierra se presenta como un elemento clave para lograr mejoras en la gobernanza de los bosques. Generalmente se presume que si las personas cuentan con derechos sobre los bosques, probablemente tienen más incentivos para cuidarlo. Los derechos formales sobre la tierra también son fundamentales para acceder a proyectos de pagos por servicios ecosistémicos.

Sin embargo, sólo los grupos tradicionales definidos por el Estado, así como las comunidades, tienen derechos reales a tierras forestales, y la ley en el Perú es clara acerca de qué es y qué no es una ‘comunidad‘,  según un estudio reciente de CIFOR.

La designación de derechos sobre la tierra se basa en definiciones y, por ello, los caseríos de los pequeños agricultores no son considerados comunidades, por lo que no tienen los mismos derechos sobre las tierras forestales.

Definiciones como estas pasan por alto la diversidad socio-cultural e histórica de un grupo, y colaboran con el fracaso de muchas iniciativas de desarrollo y conservación.

Esta situación queda ilustrada en los puntos de vista de dos pequeños agricultores provenientes de diferentes partes de la Amazonía peruana acerca de los proyectos de palma aceitera que aquí recojo:

“A mí me ofrecieron plantones de palma sí, y los acepté. Pero luego me puse a pensar ‘¿Qué van a comer mis hijos hoy? ‘… ¿Y si tengo que salir de acá? ¿Qué pasará con esa deuda inmensa que ahora tenía? No estoy de acuerdo; así que esos plantones, los vendí. Mejor comer hoy y tener mi libertad”.

Pero al mismo tiempo, no todos los pequeños agricultores están preocupados por alimentar a sus familias en el presente y en realidad ven estas oportunidades como una cuenta de ahorros que podrán utilizar en el futuro:

“Mira mi palma, ahora tengo 10 hectáreas y pronto tendré 15. Yo las miro y veo mi jubilación, mi futuro; sé que con eso podré estar tranquilo en mi vejez”.

RETOS Y OPORTUNIDADES

El 57% de cobertura forestal (bosque de diferentes edades) encontrada en 252 pequeños agricultores es algo alentador.  Sin embargo, la falta de una política que permita a los pequeños agricultores poseer y beneficiarse de estos bosques y, de hecho, la falta de entendimiento de cómo estas personas operan en realidad día a día, crea obstáculos en los objetivos orientados a la conservación de los bosques.

Además evidencias de un estudio en curso muestra que los derechos territoriales por sí solos no son suficientes para proteger los bosques, y que para ser exitosos, requieren de mecanismos sólidos de gobernanza que apoyen los nuevos mandatos.

A la luz de esto, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre del Perú (SERFOR), con el apoyo del Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCBCC) y el Ministerio de Medio Ambiente, está proponiendo una cláusula de ‘cesión de uso‘, mediante la cual los pequeños agricultores tendrían derechos de usufructo sobre los bosques en sus chacras, aunque dentro de parámetros de gestión específicos.

Después de varios años, esta es una propuesta bienvenida. Sin embargo, persiste la siguiente interrogante: ¿cómo podemos evitar el desarrollo de procesos altamente burocráticos que podrían dificultar los esfuerzos del Estado para asignar todos estos derechos, o supervisar la gestión de los bosques recién titulados?

Una sugerencia ha sido aumentar el uso de herramientas geográficas y de sensoramiento remoto básicas, estableciendo un pequeño equipo de expertos en cambio de cobertura del suelo en la oficina SERFOR que tendría a su cargo la revisión sistemática del uso de las tierras forestales en los caseríos. Por ejemplo, la oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNDOC) está facilitando un esfuerzo similar con la Fiscalía de la Nación, que podría también ser utilizado al nivel de los pequeños agricultores, proporcionando imágenes de alta resolución para SERFOR.

El debate recién empieza y probablemente continúe por un tiempo. Pero lo que es alentador en este caso es la existencia de un proceso dinámico, en el que la investigación informa a las políticas para que puedan considerar realidades poco conocidas como las de estos productores.