MATO GROSSO, Brasil.  La falta de avances en la reparación de un sistema turbio de propiedad de tierras y las normas de uso de tierra en Brasil pueden poner en peligro la capacidad del país para ampliar una iniciativa de cambio climático que lo vería recibir amplio financiamiento internacional para salvar sus bosques.

“Una gran parte del Amazonas son tierras sin título. Nominalmente pertenece a la Unión”, explicó Peter May, quien está trabajando en un proyecto de investigación sobre REDD+ a nivel mundial, coordinado a través del Centro para la Investigación Forestal Internacional.

REDD+ es un mecanismo global para reducir las emisiones provenientes de la deforestación y degradación forestal, así como para promover la conservación y manejo sostenible de los bosques, y el aumento de las reservas forestales de carbono. El proyecto ofrece una de las opciones más económicas para reducir los gases de efecto invernadero.

Identificar claramente quien es el propietario de las tierras forestales es esencial para que REDD+ se asegure de que los pagos para conservar los bosques van al legítimo propietario del terreno, y que estos propietarios puedan celebrar de forma legítima contratos a largo plazo con “compradores” de carbón a nivel mundial.

Brasil ha estado tratando de resolver el problema de la tenencia de la tierra. Esto incluye el uso de decenas de millones de dólares para apoyar a los gobiernos locales en sus esfuerzos por regularizar los títulos de propiedad. El dinero es parte de una donación de mil millones de dólares del gobierno noruego para apoyar REDD+ en los próximos 10 años.

“Se han hecho progresos… al tener una mayor cantidad de tierra con títulos en los últimos años, comparado con los que hubo antes”, señaló May. “Pero este proceso es muy lento, mucho más lento de lo que debería ser si vamos a realizar un avance significativo a corto plazo en la reducción de la deforestación”.

Otro desafío se relaciona con el llamado Código Forestal, las normas que dictan la cantidad de tierra que un propietario puede convertir y usar para fines comerciales, y cuánto debe permanecer en su estado natural.

“Este es un debate que está enfrentando los intereses de la agroindustria y a los propietarios de tierras contra los intereses del medio ambiente, y hay pocas probabilidades de un final próximo en términos de llegar a un acuerdo conciliatorio entre estas partes”, dijo May.

Actualmente, el Código Forestal requiere que el 80 por ciento de una propiedad en el Amazonas, y 20 a 35 por ciento de tierra en ciertas áreas, sigan siendo bosques. Los terratenientes y agrocomerciantes quieren reducir estas porciones, para que más tierras puedan convertirse legalmente.

“Hasta que estos dos temas se resuelvan, no vamos a ver gran avance en REDD.”