Los incentivos como la certificación de productos maderables están resultando menos eficaces que las sanciones destinadas a frenar deforestación. Foto Icaro Cooke Vieira / CIFOR.

En el bosque amazónico de Brasil, los incentivos como la certificación de productos maderables están resultando menos eficaces que las multas u otras sanciones destinadas frenar la tala ilegal y la desaparición de los bosques, según un estudio.

“La certificación y otros incentivos para las operaciones madereras legales tienden a funcionar mejor cuando involucran cadenas de valor bien desarrolladas y tienen buenas conexiones con los mercados”, explicó Pablo Pacheco, científico principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y uno de los autores del estudio.

“Sin embargo, un número importante de pequeños agricultores y comunidades no se encuentran bien integrados a dichas cadenas de valor, por lo que no hay incentivos para que adopten certificación”.

Los países que importan productos forestales tropicales y organizaciones internacionales como el Consejo de Administración Forestal, que fija estándares para la producción sostenible de madera, han adoptado medidas para verificar la “trazabilidad” de la madera desde el mercado hasta su origen en los bosques, de forma que se pueda garantizar que esta no ha sido obtenida de manera ilegal.

La mayor parte de la presión sobre los bosques de la Amazonía brasileña no se debe a la tala practicada por los pequeños agricultores, sino al desmonte para la agricultura o la expansión ganadera”.

Pero esos sistemas tienden a funcionar cuando son aplicados a la madera destinada a los mercados de exportación, dice Pacheco, mientras que los pequeños agricultores y las comunidades por lo general venden su madera en los mercados locales o nacionales.

En última instancia, dice, la mayor parte de la presión sobre los bosques que conduce a la deforestación de la Amazonía brasileña no se debe a la tala practicada por los pequeños agricultores o las comunidades, sino al desmonte para la agricultura o la expansión ganadera.

“De todos modos, los pequeños agricultores y las comunidades contribuyen muy poco a la deforestación total, por lo que la certificación no es necesariamente un instrumento que ayude a reducir la deforestación”, explica Pacheco. “Y aun cuando los usuarios locales no estén certificados, ello no significa que sus prácticas conlleven a un incremento de la presión sobre los bosques”.

RELEVANCIA Y RECEPTIVIDAD

Otros estudios han investigado  la efectividad de los incentivos, tales como pagos por servicios ambientales, o las sanciones y multas, para detener la deforestación y la degradación forestal.

Pacheco y sus colegas se centraron más bien en dos factores interrelacionados. Uno fue la sostenibilidad: qué tan bien los sistemas de producción forestal protegen a los bosques naturales y benefician a las comunidades locales, en especial a los más pobres; un factor al que ellos llaman “relevancia”. El otro fue cuán susceptibles son estos sistemas de producción —cosecha, procesamiento y venta— a la regulación u otros controles gubernamentales, característica a la que ellos llaman “receptividad”.

Su objetivo fue entender cómo el creciente énfasis internacional sobre el seguimiento a los productos forestales y la verificación de su legalidad —mediante la certificación o siguiendo las leyes de importadores como los Estados Unidos, países de la Unión Europea y Australia—influye en los sistemas de producción y en la sostenibilidad.

LA TENENCIA  AÚN NO ES CLARA

Entre  el 2000 y 2010, alrededor de 169 000 kilómetros cuadrados de la Amazonía brasileña fueron deforestados, y otros 50 800 kilómetros cuadrados fueron degradados por incendios o por impactos indirectos de la tala. La mayor parte de la deforestación se debió al desmonte, la ganadería o la agricultura en gran escala, como la producción de soya; y la certificación de la madera poco puede hacer para detener dicha tendencia.

El bosque también es hogar de los pequeños agricultores, muchos de los cuales viven en situación de pobreza, vendiendo árboles de sus tierras cuando necesitan dinero en efectivo para gastos del hogar o para emergencias. Eso hace que los bosques sean una prioridad no solo para la conservación, sino también por sus beneficios sociales, señalan los investigadores.

En los últimos años, Brasil ha logrado grandes avances en el reconocimiento de los derechos sobre la tierra, en especial para las comunidades indígenas. Pero ha avanzado muy poco en materia de concesiones forestales para la producción de madera, y en casi dos terceras partes del bosque amenazado por la deforestación, los derechos sobre la tierra aún no son claros.

Incluso cuando los pequeños propietarios cuentan con el título legal de sus tierras, a menudo no pueden pagar el costo de obtener la certificación para su madera. Así, la mayoría de ellos no puede vender a intermediarios que suministren productos forestales a compradores interesados en verificar la legalidad de la madera, sino que venden a nivel local, en mercados informales para consumo interno.

En casi dos terceras partes del bosque amenazado por la deforestación, los derechos sobre la tierra aún no son claros”.

BUSCANDO SOLUCIONES

Esos factores dificultan que incentivos tales como la certificación contribuyan a mejorar los medios de vida de los pequeños agricultores, según Pacheco.

“A fin de cuentas, la certificación no será útil para las comunidades, o al menos no tan útil como indica la teoría”, señaló.

En cambio, los productores de madera que tienen más probabilidades de calificar para la certificación del Consejo de Administración Forestal o de CERFLOR —un sistema puesto en marcha por la industria de productos madereros— son las plantaciones de gran escala y explotación intensiva.

Pero la mayoría de esas operaciones corporativas se encuentran fuera de la Amazonía, principalmente en el sur de Brasil, por lo que estos incentivos no son tan efectivos para detener la deforestación amazónica.

Por ello, en búsqueda de soluciones, investigadores y políticos están empezando a considerar una combinación de reglamentos mejorados y aplicación de normas e incentivos, así como alternativas para la certificación de productos agrícolas que  provienen de prácticas que no contribuyen a la destrucción de los bosques, afirma Pacheco.

Para obtener más información acerca de los temas de esta investigación, por favor póngase en contacto con Pablo Pacheco en p.pacheco@cgiar.org.

Esta investigación forma parte del Programa de Investigación de CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería.