Investigadores y miembros de una comunidad nativa de la Amazonía peruana conversan sobre la conservación sostenible de los bosques. Foto: José Luis Mego Panduro

Nota del editor: La lista completa de autores de este artículo incluye a Ciro Castro, Roween Kalman, Lauren Cooper, Cristina Miranda Beas, Deborah Delgado Pugley y Anne M Larson.

Un estudio sobre los incentivos monetarios para conservar los bosques en Perú ha generado un conjunto de sugerencias y buenas prácticas para los implementadores y participantes de programas similares. 

Perú es un país pionero en la implementación de incentivos para la conservación forestal liderados por el Estado. Con el objetivo inicial de reducir a cero la deforestación de los bosques tropicales, el gobierno peruano, a través del Ministerio del Ambiente, creó en 2010 el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático (PNCB) para contribuir a la conservación de los bosques y responder a los compromisos asumidos por Perú frente a la comunidad internacional en materia de cambio climático. 

Un mecanismo clave fue el uso de incentivos monetarios para apoyar a las comunidades indígenas en la conservación de sus bosques. Las denominadas Transferencias Directas Condicionadas o TDC se pusieron en marcha en comunidades nativas con títulos de propiedad en toda la región amazónica de Perú, proporcionando financiamiento para apoyar patrullas forestales, inversiones en desarrollo sostenible (como productos forestales y agroforestería) y otras prioridades definidas por las comunidades participantes. 

Sin embargo, casi 15 años después, la tasa de deforestación de Perú sigue siendo alta, y los esfuerzos por frenar la pérdida de bosques se han quedado muy por debajo de los objetivos originales. Además, las comunidades beneficiarias de las TDC experimentan altas tasas de abandono y expulsión, lo que suscita dudas sobre la sostenibilidad del programa a largo plazo. 

En respuesta a estos retos, el PNCB, la Universidad Estatal de Michigan y la Pontificia Universidad Católica del Perú iniciaron una colaboración de investigación interdisciplinaria. Este esfuerzo, enmarcado en un acuerdo de trabajo interinstitucional, partió de una pregunta clave: ¿Cómo se pueden mejorar las Transferencias Directas Condicionadas para lograr resultados y objetivos de conservación y desarrollo a largo plazo con modelos que puedan adaptarse a otros contextos y ampliarse en ambición?

A lo largo de 24 meses, el equipo de investigación realizó trabajo de campo en la región de San Martín y Madre de Dios, analizó las prácticas de implementación de las TDC, evaluó las percepciones de los ministerios aliados y de los actores subnacionales en el territorio (gubernamentales, no gubernamentales y organizaciones indígenas), y realizó estudios de caso en ocho comunidades nativas diferentes para identificar las condiciones habilitantes que conducen al éxito de las TDC. 

La investigación identificó importantes factores contextuales y relacionales que influyen en la eficacia del programa. Un ejemplo es que los resultados satisfactorios, medidos en términos de experiencias positivas y contratos de conservación completados, dependían en ocasiones de los beneficios de las patrullas comunitarias, que son un requisito para recibir las TDC. 

Varios encuestados respondieron positivamente a la utilidad de los datos generados por las patrullas comunitarias y compartidos por el PNCB como una herramienta valiosa. Sin embargo, las tareas administrativas exigidas a los miembros de la comunidad, como redactar informes y seguir estrictos procedimientos contables, surgieron como importantes obstáculos para el éxito y causa de suspensiones en algunos casos. 

A partir de un conjunto variado de casos, la investigación pone de relieve tanto los obstáculos transversales como las mejores prácticas para programas similares basados en incentivos. En ese sentido, se destacó en un Infobrief publicado en la biblioteca de CIFOR-ICRAF un conjunto de diez recomendaciones, de las que derivan prácticas sugeridas.  

Algunas recomendaciones con acciones claves son:  

• Establecer interacciones de calidad entre implementadores del programa de incentivos y participantes. Asegurar que el personal implementador cuenta con tiempo y recursos suficientes para establecer confianza, obtener el consentimiento y aclarar las obligaciones mutuas, reconociendo las necesidades variables de distintas comunidades 

• Alinearse con otras intervenciones con el fin de multiplicar el impacto. Identificar las oportunidades pertinentes y revisar los planes, plazos y objetivos, especialmente si se dirigen a las mismas comunidades donde se aplicarán los incentivos. Eso implica coordinación con diferentes ONG y entidades locales que ofrecen apoyos, inversiones, y capacitaciones para una mejor articulación.            

• Promover y monitorear la equidad y la inclusión. Desarrollar y aplicar protocolos para rastrear los impactos intergeneracionales y de género, incluidas las tasas de participación y la distribución de beneficios, con el uso de métodos desagregados.                                                   

• Reconocer y apoyar las tareas administrativas y de liderazgo requeridas: Ofrecer soporte técnico y capacitación en las comunidades para la gestión culturalmente adecuada del incentivo y apoyar los esfuerzos comunitarios para generar transparencia interna y evitar la mala gestión e incluir una compensación justa por las funciones de gestión y servicio requeridas, con procesos comunitarios de toma de decisiones que los miembros consideren  legítimos. 

Las conclusiones subrayan la necesidad de una mejor coordinación entre las comunidades locales, y sus organizaciones representativas y los agentes estatales y no estatales para maximizar los efectos de las inversiones en incentivos. 

Lea el Infobrief completo aquí.  

Para obtener más información sobre este tema, puede ponerse en contacto con: 

Lauren T. Cooper en ltcooper@msu.edu
Rowenn Kalman en kalmanr1@msu.edu
Cristina Miranda Beas en c.mirandab@pucp.pe
Deborah Delgado Pugley en deborah.delgado@pucp.pe
Ciro Alexander Castro Pacheco en ciro.castro@pucp.edu.pe

Los socios que financiaron esta investigación incluyen a la Fundación Tinker, proyecto “¿Bueno para los bosques, bueno para la gente?” (una colaboración entre la Universidad Estatal de Míchigan y Pontificia Universidad Católica del Perú)  y la Iniciativa Climática Internacional Alemana (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza y Seguridad Nuclear bajo el proyecto TransMoni, un esfuerzo colaborativo de CIFOR-ICRAF, la Universidad Estatal de Míchigan, la Universidad de Wageningen y el Öko-Institut.