Nota del editor: este es un extracto de un artículo publicado originalmente en ForestsClimateChange.org. El artículo completo puede ser leído aquí.
El Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés) logró un importante hito en la Séptima Reunión de la Junta Directiva, celebrada el pasado mes de mayo en Songdo, Corea del Sur.
Los 24 miembros de la Junta Directiva se pusieron de acuerdo sobre los seis puntos esenciales que faltaban para permitir la capitalización del fondo y han establecido un calendario de reuniones en junio y noviembre de 2014 para coordinar contribuciones financieras.
Los países industrializados se han comprometido a proveer fondos por hasta USD 100.000 millones al año en el 2020, para apoyar las acciones de adaptación y mitigación de países en desarrollo. Se espera que estos fondos provengan de una combinación de fuentes públicas y privadas.
Aunque la CMNUCC ha pedido activar la capitalización inicial del GFC por un importe de al menos USD 10.000 millones, muchos demandan cantidades superiores considerando los USD 30.000 millones de financiamiento rápido del periodo 2010-2012. Se ha dejado en claro que la Junta Directiva del GFC no debe tener ambiciones conservadoras.
El GFC se ha vuelto cada vez más importante en lo relativo al establecimiento de prioridades de financiamiento para los sectores de uso de la tierra y forestal. Un estudio reciente realizado por CIFOR en veintitrés proyectos de REDD+ de seis países ha demostrado que la inseguridad financiera y en la tenencia de tierras son las principales barreras para la implementación de REDD+. Para que los procesos de REDD+ logren tener éxito, el tema financiero requiere una solución con carácter de urgencia.
La falta de financiamiento disponible para la adaptación y la mitigación del cambio climático en los sectores forestal y de uso de la tierra debe ser considerada en el contexto de los recientes comentarios realizados en la Cumbre de los Bosques de Asia, en Yakarta (Indonesia), por Mark Burrows, director general y vicepresidente de Credit Suisse. Burrows fue de la opinión de que se requiere de compromiso político y políticas públicas para permitir que parte de los estimados USD 225 billones de capital del sector privado fluya hacia la economía verde.
Burrows describió al sector privado como “ansioso por ‘dar el salto’ a la inversión verde”.
Marco de acreditación del GCF
Como primer paso para obtener financiamiento del GFC, las entidades de implementación (EI) y los intermediarios requieren acreditarse. El marco de acreditación se aplica tanto al sector público como al privado, y a las EI e intermediarios nacionales, regionales e internacionales. El financiamiento fluirá de las IE y los intermediarios a las entidades ejecutoras (EE).
Se estableció un Comité de Acreditación integrado por cuatro miembros de la Junta Directiva al que se le encargó la tarea de seleccionar un Panel de Acreditación “independiente” que asesore a la Junta y se encargue de llevar a cabo el proceso de acreditación. El panel estará integrado por seis expertos con representación equilibrada entre países desarrollados y en desarrollo.
Todas las entidades que soliciten la acreditación deben demostrar que cumplen con las normas fiduciarias y las salvaguardas sociales y ambientales acordadas por la Junta Directiva.
Sin embargo, el GFC aún no ha adoptado salvaguardas específicas. La Junta Directiva ha acordado usar un enfoque de “nivel inferior” y ha adoptado las Normas de Desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI) en lugar de salvaguardas, lo que le ha generado críticas por parte de organizaciones de la sociedad civil (OSC).
Muchas OSC argumentan, con razón, que las normas de la CFI no representan “mejores prácticas” y que además son demasiado débiles para un fondo de esta naturaleza. Esta posición cuenta con respaldo dentro del Consejo Directivo del GCF, uno de cuyos miembros ha dejado en claro que el Fondo de Adaptación es más fuerte en el tema de los derechos humanos mientras que el Banco Asiático de Desarrollo lo es en temas de consultas.
Partes y observadores con experiencia en procesos de REDD+ también han expresado preocupaciones relativas a la coherencia con las Salvaguardas REDD+ de Cancún, las cuales podrían requerir de una mayor reflexión y orientación por parte de la XX Conferencia de las Partes de la CMNUCC (COP20), que se celebrará en Lima en diciembre.
En reconocimiento de este reto, la Junta Directiva ha acordado que las normas de la CFI serán usadas de manera provisional y que tienen la intención de desarrollar salvaguardas específicas del GFC dentro de los próximos 3 años, con la participación de diversas partes interesadas y aprendiendo de las experiencias obtenidas a través de la Unidad de Evaluación Independiente y el Mecanismo de Reparaciones Independiente.
Se espera que una mayor armonización de las normas de la CFI mediante el desarrollo de las salvaguardias del GCF. Sin embargo, no está claro si se pondrá en marcha un proceso que requiera una nueva solicitud de acreditación de las entidades ya acreditadas, ni hasta qué punto se realizará una revisión de su idoneidad para permanecer acreditadas. Esta es una cuestión importante que la Junta Directiva deberá considerar, pues tiene el potencial de impactar en los ciclos, proyectos y programas de financiamiento del GCF, y podría conducir a riesgos de reputación.
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