Hace poco cumplió diez años el Forest Steward Council (FSC). En estos últimos diez años la certificación ha llegado a ejercer una influencia importante sobre el sector forestal comercial. Más de 30 millones de hectáreas de bosque han sido certificados bajo los estándares de FSC y 70 millones de hectáreas más bajo otros esquemas. Inicialmente, la certificación se enfocó en la extracción a escala industrial. Pero ahora el movimiento se da cuenta que también necesita dirigirse hacia las empresas forestales comunitarias y a los pequeños dueños de bosque. Estos grupos poseen o manejan cerca de la cuarta parte de todos los bosques en países en vías de desarrollo y son importantes en algunos países desarrollados también.

Según “La certificación del bosque y las comunidades: Mirando hacia la próxima década”, por August Molnar de Forest Trends, cerca de 50 comunidades que manejaban 1,1 millones de hectáreas de bosque habían sido certificadas bajo el sistema de FSC hasta agosto del 2002. La mayoría estaban en México y Guatemala, con algunos otros casos dispersos en otros lados. La Iniciativa para la Forestería Sostenible (SFI) y el sistema de Certificación Forestal Pan-Europeo (PEFC) han certificado los bosques que son propiedad de pequeños propietarios individuales, pero no los bosques comunitarios.

Molnar dice que conseguir la certificación ha ayudado a las comunidades de varias maneras, si no siempre con precios más elevados. Éstas incluyen el mayor reconocimiento y seguridad de tenencia, apoyo financiero y técnico de gobiernos y donantes y acceso a nuevos mercados. Además, algunas empresas grandes han reducido el número de accidentes que sufren sus trabajadores y mejorado las relaciones con sus vecinos. El proceso de la certificación también ha dado un lugar en la mesa de negociaciones a la población indígena y a otros grupos tradicionalmente marginados.

No obstante, la mayoría de las empresas comunitarias y pequeños propietarios encuentran la certificación costosa y difícil. La experiencia del Sureste de México sugiere que en promedio, a las empresas forestales comunitarias les cuesta $60.000 certificarse por cinco años. Eso es demasiado, particularmente considerando que la mayoría no consigue precios mas altos para sus productos. Hasta ahora los donantes han asumido la mayoría de estos costos, pero eso no durará para siempre. La mayoría de las comunidades y de los pequeños propietarios carecen de la capacidad administrativa, volumen y calidad de productos, asistencia técnica y el reconocimiento legal necesario para poder pensar seriamente en certificar sus actividades.

El FSC ha aprobado nuevas reglas para “Bosques Pequeños y Manejo de Baja Intensidad (SLIMFs)”, que hacen más fácil y más barato que las comunidades consigan certificar a sus bosques. Aún así, Molnar estima que solamente un porcentaje muy pequeño de comunidades y de pequeños propietarios de bosque encontrarán factible y útil hacerlo.

Ayudar al resto requerirá de diversas estrategias. Los esfuerzos de mercadeo pueden destacar el hecho que sean indígenas y pequeños productores quienes venden los productos. Los gobiernos necesitan quitar las barreras legales a las actividades forestales de los pequeños propietarios. Los departamentos forestales, los proyectos de donantes, y las ONGs deben centrarse más en proveer servicios de apoyo a los negocios. Además se debe prestar atención especial para asegurarse que los esfuerzos por la certificación no perjudican el acceso a los recursos y a los mercados de las familias con bajos ingresos.