Fotografía cortesía de Brett Fernau

La creación de áreas protegidas ha permitido salvaguardar algunos de los últimos bosques de Guatemala, pero al mismo tiempo está amenazando los medios de vida de las mismas personas que durante generaciones mantuvieron estos reservorios de gran diversidad biológica, asegura un nuevo estudio.

“El estudio enfatiza la importancia de nuevas reglas de acceso y exclusión a los recursos forestales que están redefiniendo los sistemas ecológicos del altiplano guatemalteco”, dijo Anne Larson, investigadora principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y coordinadora de un número especial sobre reformas de la tenencia forestal publicado originalmente en la revista Conservation and Society.

Las prácticas tradicionales de manejo forestal de las comunidades indígenas han mantenido la tasa de deforestación en la región del altiplano guatemalteco cercana al uno por ciento al año, cifra inferior al promedio nacional de 1,46 por ciento, según el estudio realizado por Silvel Elías de la Universidad de San Carlos en Guatemala.

Pero las organizaciones ambientales, tanto internacionales como nacionales, preocupadas de que la presión social lleve a una mayor tala de los bosques, han impulsado la creación de reservas forestales que prohíben las actividades que sustentan los medios de vida de estas comunidades, como la recolección de leña o el pastoreo de ovejas.

Incluso la aprobación de una ley diseñada para darle mayor participación a la población local en el manejo de estas áreas no ha logrado aliviar las tensiones.

Esto se debe a que con frecuencia el poder de los gobiernos locales choca con los derechos históricos y consuetudinarios de las comunidades indígenas, según el estudio.

“Los bosques comunales en el altiplano occidental representan áreas únicas donde la biodiversidad se ha mantenido gracias a los esfuerzos de gestión llevados a cabo por las comunidades”, dijo Elías.

“Los pueblos indígenas del altiplano creen que la biodiversidad –y los recursos naturales en general– no deben considerarse aisladamente si no más bien como parte de un todo interrelacionado”.

Estudios en el mundo han demostrado que a pesar de las reformas de tenencia de la tierra llevadas a cabo con el objetivo de darle mayor control sobre el manejo forestal a la población local, los gobiernos con frecuencia limitan el rol que las comunidades pueden desempeñar.

Algunos investigadores han criticado a los proyectos de conservación por haber desplazado a las poblaciones locales o restringido su acceso a los recursos, aunque otros estudios demuestran que el problema es menos frecuente de lo que se alega.

Sin embargo, los datos demuestran que las tasas de deforestación de los bosques manejados comunitariamente pueden ser incluso inferiores a las de las áreas protegidas.

El altiplano occidental de Guatemala presenta bosques, ya sea de coníferas, latifoliados o mixtos. La mayor parte se encuentra en tierras utilizadas comunalmente por comunidades indígenas que han desarrollado sistemas para la gestión de sus recursos.

“Es fundamental que los pueblos indígenas tengan el derecho a retener cierto grado de control sobre sus recursos mediante el manejo colectivo de sus territorios”.

“Ellas se benefician de los productos y servicios que estos bosques brindan para la subsistencia familiar”, dijo Elías. “De modo que estas comunidades entienden que deben preservarlos por su propio bien”.

En muchos lugares, los bosques protegen las nacientes de los ríos y, al mismo tiempo, les proporcionan a los habitantes plantas medicinales y leña.

También albergan lugares que son fundamentales para las creencias espirituales de las comunidades. Esto convierte a los bosques en un tipo de “riqueza colectiva”, que transmiten de generación en generación los bienes, conocimiento, organización y relaciones que son fundamentales para los medios de vida locales”, sostuvo Elías.

En Guatemala, Elías examinó tres casos donde la creación de las áreas protegidas socavó los derechos de los pueblos indígenas a los bosques en sus territorios.

El pueblo Maya-Ixil se opuso a la creación de la reserva de biosfera Visis Cabá, de 45 mil hectáreas de extensión, en su territorio ancestral en el municipio de San Gaspar Chajul, en la región Quiché del norte del país, argumentando que afectaría los medios de vida y le daría control de sus tierras a grupos ajenos a la comunidad. Ellos continúan exigiendo que se respeten sus derechos, aunque no han logrado convencer a las autoridades para que deroguen el decreto que crea la reserva de la biosfera.

Cuando se creó el Parque Regional Municipal Los Altos de San Miguel Totonicapán en el territorio del pueblo Maya-K’iche, las organizaciones ambientales presionaron para que se estableciera un organización de comunidades indígenas que ayudara a administrarlo. Sin embargo, debido a que la organización no siguió las estructuras comunitarias tradicionales y se subordinó al gobierno municipal y los partidos políticos, los pueblos indígenas finalmente decidieron desmantelarla. Consideraban también que la organización respondía más a intereses externos que a los suyos propios.

En la región de Huehuetenango, el gobierno municipal encabezó los esfuerzos de la administración de la reserva forestal creada para proteger el bosque comunal Todos Santos Cuchumatán de 7,068 ha. Esto generó conflicto con las comunidades indígenas debido a que limitó su uso de los recursos forestales. Las normas también restringían el pastoreo de ovejas, actividad importante para la subsistencia familiar, especialmente las mujeres.

La Ley Forestal de 1996 le dio a los gobiernos municipales un rol de liderazgo en la gestión de los bosques y allanó el camino para la creación de áreas protegidas en las municipalidades. En muchos lugares, esos gobiernos han reemplazado o erosionado la autoridad de las estructuras indígenas tradicionales, según el estudio.

Los sistemas tradicionales de las comunidades que aseguran el uso sostenible de la leña y otros recursos fueron reemplazados, parcial o totalmente, por control externo y sanciones que no seguían las prácticas consuetudinarias.

“La transformación de los bosques comunales en áreas protegidas ha significado un cambio importante en el manejo de los recursos naturales”, dijo Elías.

“Existe una contradicción entre las formas tradicionales de gobernanza de los bosques comunitarios y la administración oficial de áreas protegidas”.

Una ley aprobada en 2005, como resultado de los compromisos asumidos durante los acuerdos de paz que pusieron fin a la guerra civil en Guatemala, estableció un registro de derechos a la tierra, pero la mayor parte de las comunidades de pueblos indígenas y pequeños propietarios todavía carece de títulos formales a sus tierras.

Si bien hay una disposición que permite que las personas obtengan el reconocimiento de sus tierras comunitarias, muchas no tienen conocimiento de la misma y no es suficiente para garantizar los derechos colectivos a esas tierras, sostuvo Elías.

“Es fundamental que los pueblos indígenas tengan el derecho a retener cierto grado de control sobre sus recursos mediante el manejo colectivo de sus territorios”.

En algunos casos, las comunidades están recibiendo apoyo directo para el manejo forestal y la conservación de sus territorios sin crear áreas protegidas oficiales.

“Esos ejemplos podrían servir de base para la adopción de un enfoque más equitativo hacia la planificación de la conservación”, concluyó Larson.

Para obtener mayor información acerca de los temas abordados en este artículo, sírvase contactar a Anne Larson.