Medición de carbono y otros gases de efecto invernadero en turberas, Iquitos, Perú. Junior Raborg/CIFOR-ICRAF

Los mercados de carbono han sido tanto elogiados como un factor crucial para hacer frente a la crisis del clima, como criticados por ser considerados una “fachada verde” en los esfuerzos de mitigación. Al margen de las opiniones, lo cierto es que los mercados de carbono mueven millonarias cantidades de dinero, con, por ejemplo, un valor negociado de créditos de carbono en el mercado mundial de casi 1 billón de dólares en 2022, y una proyección de 2,68 billones de dólares para el año 2028.

Estos mercados permiten que personas, empresas, gobiernos y otras organizaciones compensen parte de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) de sus actividades mediante el financiamiento de proyectos que reducen o eliminan emisiones de GEI de la atmósfera en donde es posible.

Las consideraciones éticas y las implicaciones de esta práctica son como mínimo complejas. Para empezar, existe una preocupación legítima de que los compradores favorezcan adquirir los créditos disponibles en lugar de priorizar sus propias reducciones de emisiones, lo que puede dar lugar a acusaciones de “lavado verde” (greenwashing), y constituir un obstáculo para cualquier ambición de lograr la rápida y drástica reducción de emisiones globales que se necesita con tanta urgencia,  especialmente considerando que el 2030, año en que según el Acuerdo de París las emisiones deberían disminuir en un 43%, está muy cerca, y que el planeta ya ha aumentado su temperatura en más de 1,5 grados centígrados en 2023.

Además, las contabilidad de captura de carbono atribuidas a muchos programas de compensaciones no han podido defenderse frente a las críticas, lo que ha puesto en tela de juicio las credenciales ecológicas de los compradores de créditos de carbono. Por ejemplo, recientemente el gigante del petróleo y el gas Shell fue criticado por haber contabilizado como parte del reporte de cumplimiento de sus objetivos climáticos más de un millón de créditos de carbono dudosos y desacreditados que se encontraban bajo investigación.

En el Centro para la Investigación Forestal Internacional y Centro Internacional de Investigación Agroforestal (CIFOR-ICRAF) tenemos una larga trayectoria y experiencia en el seguimiento de los mercados y proyectos de carbono, una tarea que iniciamos en 2009 con nuestro trabajo sobre el esquema de reducción de emisiones derivadas de la deforestación y degradación forestal (REDD+).

En este contexto, estamos proponiendo una lista de principios para orientar la participación en los mercados de carbono que pueden ayudar a hacer realidad proyectos con efectos positivos tanto para las personas como para los paisajes; y a evitar algunos de los errores más comunes acontecidos en la práctica de los mercados de carbono que han sido destacados en los medios de comunicación y puesto a los mercados de carbono en el centro de atención.

Principios para la participación en los mercados y programas de carbono

• Integridad: La mitigación del cambio climático en los sectores productivos —entre ellos, la energía, el transporte, la vivienda, la industria manufacturera y la agricultura— debe ser la prioridad absoluta; los créditos de carbono pueden funcionar como un beneficio adicional. Por lo tanto, no deberían representar un “derecho a contaminar” para quienes los compren, sino una contribución secundaria para compensar aquellas actividades que no puedan realizarse con una menor huella climática. No deberían ser utilizados para promover reivindicaciones climáticas por empresas carentes de estrategias ambiciosas de responsabilidad en materia climática, lo que incluye a aquellas empresas que buscan realizar compensaciones sin antes haber demostrado sus esfuerzos por reducir su huella climática.

• Credibilidad: Los programas de créditos de carbono deben utilizar métodos y objetivos con base científica, y resultados respaldados por la ciencia. Esto implica realizar un monitoreo continuo de lo que ocurre con los bosques y las personas que se encuentran en la zona de un proyecto de carbono, y también fuera de ella, para asegurarse de que la deforestación evitada no se está desplazando a otro lugar (lo que se conoce como “fuga” de emisiones). Las herramientas y los datos necesarios para ello están al alcance de todos: las herramientas de mapeo forestal por satélite permiten el monitoreo de la deforestación a gran escala, e investigaciones como nuestro proyecto GCS-REDD+ (Estudio Global Comparativo sobre REDD+) han hecho un seguimiento exhaustivo de los mecanismos de distribución de beneficios de los proyectos de REDD+.

• Centrarse en las comunidades locales: Las personas que viven y que dependen de los ecosistemas en los que se implementan esquemas de créditos de carbono deben ser protegidas de cualquier efecto negativo no deseado, como el deterioro de sus medios de vida, de su capacidad para expresar sus opiniones o de su sentido de pertenencia al lugar. Muchos actores no han otorgado suficiente importancia al tema de la participación y la capacidad de acción de las comunidades locales, o han empezado a suavizar normas como los principios del consentimiento libre, previo e informado (CLPI). Los mecanismos de mercado son riesgosos por naturaleza, y los inversionistas mejor preparados para asumir estos riesgos deben asegurarse de no trasladarlos a las comunidades locales en los lugares de intervención.

• Equidad: Todos los beneficios generados por un proyecto de este tipo deben distribuirse de manera justa. Esto significa tener en cuenta la viabilidad financiera (teniendo en cuenta los precios de mercado actuales, el carbono de los proyectos de forestación y reforestación apenas permite cubrir  una parte de los costos de establecimiento y gestión del proyecto). También implica considerar si el proyecto supondrá una mejora de los medios de vida de sus participantes. La equidad no consiste únicamente en dividir los costos de un proyecto: también debe tener en cuenta los costos de oportunidad derivados del cambio en la gestión de la tierra por parte de las comunidades locales que exige el crédito de carbono, así como todos los beneficios. Supone además una distribución equitativa de los beneficios dentro de las comunidades involucradas y entre ellas.

• Transparencia: En un contexto cambiante, complejo y sujeto a riesgos, la transparencia y la buena gestión de los conflictos de interés y las consideraciones éticas son fundamentales. Como hemos visto en el último año, los proyectos de carbono deben estar preparados para hacer públicos sus intereses y estar abiertos a críticas en todo momento.

• Buena gobernanza: Es esencial tener claridad sobre la propiedad de la tierra, los árboles y todos los demás activos en los que se invertirá; desarrollar políticas claras sobre la toma de decisiones y la distribución de beneficios; contar con procesos específicos y herramientas participativas adecuadas que garanticen que las voces de los participantes en el proyecto sean potenciadas y tomadas en cuenta en cada paso del camino; y garantizar que se dispone de consentimiento libre, previo e informado (CLPI) y de salvaguardas sociales y ambientales.

A pesar de todas sus complejidades y dificultades, los mercados de carbono son una forma, entre muchas, de lograr el tan necesario cambio hacia la valoración de los servicios ecosistémicos esenciales de los bosques y árboles, cuyas contribuciones deben internalizarse en la economía real. Cuando están bien diseñados, ejecutados y monitoreados, los mercados de carbono pueden ayudar a este objetivo. Los principios, herramientas y enfoques que permiten preservar y restaurar los ecosistemas y al mismo tiempo mejorar los medios de vida de las personas cuyas vidas están ligadas a ellos ya existen, solo tenemos que asegurarnos de utilizarlos.