Compartir
0

Más información

Peru - Para las comunidades indígenas que habitan los bosques amazónicos del Perú, obtener el reconocimiento legal que garantiza sus derechos colectivos la tierra puede tomar hasta 20 años, y, a veces, incluso vidas.

Veintitrés años desde su ratificación al Convenio 169 y once desde la firma de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), el país, cuya Constitución se reconoce como multiétnico y multicultural, aún enfrenta desafíos en su política de promoción y protección de los derechos de los pueblos indígenas, especialmente los derechos a la tierra y los recursos naturales.

Desde 1974, más de 1.300 comunidades indígenas de la Amazonía peruana han obtenido el título comunal de aproximadamente 12 millones de hectáreas de tierra, incluido el 17% de los bosques del país. A pesar del importante progreso, el proceso de titulación todavía está plagado de dificultades logísticas, haciendo de este un curso largo, complicado y costoso que no todas las comunidades pueden afrontar, y mientras tanto, sus derechos sobre millones de hectáreas de bosques son vulnerables.

“Si los derechos de los pueblos indígenas son vulnerables, los bosques del Perú también son vulnerables”, explica Anne Larson, Científica Principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR), quien durante los últimos cuatro años ha estado investigando la implementación de las reformas de tenencia de derechos colectivos en Perú como parte como el Estudio Comparativo Global sobre Reformas de Tenencia en Tierras Forestales (GCS-Tenure), una investigación que abarca varios países.

   Las comunidades requieren atención y soporte frente a las amenazas externas y soporte para que sus organizaciones y federaciones puedan definir y llevar a cabo su agenda propia, recomienda estudio. Marlon del Águila/CIFOR.

UN PROBLEMA COMPLEJO

Esta situación afecta a los pueblos indígenas más allá del ejercicio de sus derechos a la tierra que habitan. En 2014, un caso emblemático ilustró el alcance del problema cuando madereros ilegales fueron acusados ​​de asesinar a cuatro líderes Asháninca de la comunidad Alto Tamaya Saweto en la región Ucayali. La comunidad había solicitado en 2003 el reconocimiento y titulación de sus tierras, pero el gobierno de Ucayali suspendió el proceso de titulación durante más de 11 años, ya que una parte del área de la comunidad había sido clasificada como bosque de producción. Saweto finalmente obtuvo su reconocimiento legal en 2015, gracias a la movilización del Estado, la atención mundial que obtuvo el caso y la presión de la comunidad internacional hacia la atención de las demandas de justicia de la comunidad.

Otra comunidad llamada Veracruz, en la región Loreto, también tuvo que esperar 10 años para la obtención de su título, y fue gracias al apoyo de la cooperación internacional que esto fue posible. Y así, la lista sigue:

  • Comunidad Porvenir de Inaguya (región Loreto) => 19 años
  • Comunidad San José de Piri (región Loreto) => 14 años
  • Comunidad Puerto Azul (región Madre de Dios) => 9 años
  • Comunidad Boca Pariamanu (región Madre de Dios) => 8 años
  • Comunidad Shipetiari (región Madre de Dios) => 6 años

Además, según datos de la ONG Instituto de Bien Común, de las 1300 comunidades nativas tituladas hasta ahora, un 80% de estas no están inscritas en los registros públicos, lo que constituye el paso final y definitivo para garantizar sus derechos al territorio que habitan y del que se sostienen.

UN LARGO CAMINO

Aunque de acuerdo a ley las comunidades deben seguir al menos 20 pasos distintos para ser tituladas, la investigación de CIFOR demuestra que en la práctica se requieren al menos 35 pasos diferentes -y aún más si encuentran problemas tales como superposiciones-. Es por ello que todavía hay muchas comunidades indígenas que siguen esperando a que se resuelvan sus trámites de formalización, y se estima que más de 600 comunidades no han iniciado el proceso.

Según Iliana Monterroso, investigadora del GCS-Tenure, la superposición de los derechos territoriales sigue siendo un problema y representa principal causa de las demoras en el proceso de formalización.

“Estudios recientes indican que más del 40% de la Amazonía peruana, unos 16 millones de hectáreas, han sido otorgadas a concesiones de petróleo o gas, y al menos la mitad de esa área se superpone a comunidades indígenas y reservas para pueblos en aislamiento voluntario. Además, más de 9 millones de hectáreas de concesiones forestales comerciales (más del 50% del área clasificada como bosques de producción, según el Servicio Forestal Nacional de Perú) también se superponen a territorios de comunidades indígenas”.

   Un creciente número de consumidores, Estados y empresas en todo el mundo están exigiendo que sus productos no provengan de áreas donde no se respetan los derechos de la tierra de las poblaciones que viven en los bosques. Marlon del Águila/CIFOR.

PROBLEMA DE PAÍS

Además de los compromisos internacionales, el país también es parte de iniciativas para enfrentar el cambio climático y que incluyen el reconocimiento, la demarcación y la titulación de las comunidades indígenas como resultados intermedios para evitar la deforestación y la degradación, tales como REDD+. Pero ahora, Perú necesita avanzar en garantizar una solución definitiva que asegure el reconocimiento legal de las tierras indígenas para alinearse a las políticas internacionales de comercio y cooperación.

El 3 de julio pasado, el Parlamento Europeo hizo un llamado a la Comunidad Europea, los Estados miembros y sus socios de la comunidad internacional para que adopten todas las medidas necesarias para el pleno reconocimiento, protección y promoción de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo sus tierras, territorios y recursos e instó a las naciones de la UE para que se aseguren de que todas sus políticas de desarrollo, inversión y comercio respeten los derechos de los pueblos indígenas.

Además, un creciente número de consumidores, Estados y empresas en todo el mundo están exigiendo que sus productos no provengan de áreas donde no se respetan los derechos de la tierra de las poblaciones que viven en los bosques.

‘’Si el Perú no avanza en garantizar los derechos de sus pueblos indígenas a la tierra y los recursos, su competitividad en el comercio, y el apoyo de la cooperación internacional, se verán afectados’’, enfatiza Larson.

UN TÍTULO Y ALGO MÁS

De acuerdo a Monterroso, hay una docena de programas de titulación en marcha para tierras colectivas en la Amazonía peruana. Esto representa nuevas oportunidades para reconocer los derechos a la tierra y los bosques de las comunidades indígenas, pero estas iniciativas requieren apoyo gubernamental.

El Estudio de CIFOR ha identificado cinco acciones que pueden ayudar a garantizar que se complete la implementación y los medios de vida a largo plazo, con resultados sostenibles también para los bosques:

  1. Urge establecer una voluntad política. El gobierno necesita institucionalizar la regularización de los derechos de las comunidades nativas en la agenda política, asignando desde la cartera de economía recursos para el reconocimiento, titulación, concesión de contratos de usufructo, registro de derechos y promoción de incentivos para asegurar que las instituciones gubernamentales tengan los recursos humanos y financieros para finalizar el proceso de implementación.
  2. Se necesita simplificar los procedimientos, impulsar un conjunto  integrado y consecuente de políticas y procesos actuales y asumir un compromiso a largo plazo, incluyendo la  resolución o transformación de conflictos. Este problema no puede resolverse si se depende solo de los proyectos de titulación de corto plazo apoyados por la cooperación externa.
  3. Se debe brindar apoyo a los gobiernos regionales – los que ahora manejan una gran parte de los procesos de titulación-. Necesitan capacitación y recursos humanos y financieros para poder enfrentar los desafíos de la titulación.
  4. Las comunidades indígenas pueden carecer de las capacidades técnicas o los recursos financieros para invertir en sus territorios y es aquí donde los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales son clave para proporcionar asistencia técnica y apoyo. Los diferentes sectores del Estado deben generar mecanismos para que las comunidades puedan generar beneficios, más allá de la formalización, que permitan desarrollar sus medios de vida y asegurar la condición de los bosques, desde su propia visión.
  5. Aunque es un paso esencial, la sola titulación de tierras comunales no es suficiente para garantizar el control del territorio, en la medida que existe presión sobre los recursos estratégicos en la Amazonía y en base a un modelo de desarrollo económico extractivo y agroindustrial. Las comunidades requieren atención y soporte frente a las amenazas externas y apoyo para que sus organizaciones y federaciones puedan definir y llevar a cabo su agenda propia.
   Más del 40% de la Amazonía peruana, unos 16 millones de hectáreas, han sido otorgadas a concesiones de petróleo o gas, y al menos la mitad de esa área se superpone a comunidades indígenas y reservas para pueblos en aislamiento voluntario. Marlon del Águila/CIFOR.

“Es importante anotar que el proceso de fortalecimiento por parte del Estado no acaba entregando el papel, para que el Perú avance en esta tarea necesita asumir un compromiso a largo plazo’’, dice Monterroso.

Safia Aggarwal, oficial del programa forestal de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), institución que brinda soporte técnico al estudio de CIFOR, destaca que una conclusión importante es que las superposiciones de los derechos de los pueblos indígenas con extensas áreas concedidas a actividades extractivas no significa que todas estas últimas deban detenerse.

“Las actividades extractivas deben realizarse de manera responsable, basadas en consultas y el derecho de los pueblos indígenas a decidir –más allá si las tierras comunitarias tienen título o no-. Promoviendo además alianzas equitativas entre el sector privado y las comunidades para que los beneficios sean tangibles para los pueblos indígenas y se garantice también que las industrias asuman la responsabilidad total de abordar cualquier problema ambiental que resulte de sus actividades”.

Entonces, después de toda esta información, ¿queda alguna duda de que el problema de la seguridad de los derechos a la tierra y el territorio de los pueblos indígenas no es un problema solo de los pueblos indígenas?

Para más información sobre este estudio, puede ponerse en contacto con Anne Larson en a.larson@cgiar.org

Conozca más sobre el estudio de CIFOR en www.cifor.org/gcs-tenure

—En conmemoración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas

Esta investigación fue llevada a cabo por CIFOR como parte del Programa de Investigación sobre Bosques, Árboles y Agroforestería (FTA) y el Programa sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM) del CGIAR, con el apoyo de la Comisión Europea, el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

(Visited 1 times, 1 visits today)
Este estudio forma parte del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería(FTA), que cuenta con el respaldo de los Donantes del Fondo CGIAR.
Política de derechos de autor:
Queremos que comparta el contenido de Los Bosques en las Noticias (Forests News), el cual se publica bajo la licencia Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) de Creative Commons. Ello significa que usted es libre de redistribuir nuestro material con fines no comerciales. Para ello, le pedimos que incluya el crédito correspondiente de Los Bosques en las Noticias y un enlace al contenido original, que indique si se han hecho cambios en el material, y que difunda sus contribuciones bajo la misma licencia de Creative Commons. Si quiere republicar, reimprimir o reutilizar nuestros materiales, debe notificarlo a Los Bosques en las Noticias, poniéndose en contacto con forestsnews@cgiar.org