La cooperación intersectorial es uno de los mayores desafíos para implementar la restauración a nivel de paisaje. Foto por Raquel Arvelos/Global Landscapes Forum.

América Latina se ha comprometido a restaurar 27,7 millones de hectáreas de paisajes forestales para el año 2020 como parte del Desafío de Bonn, pero ¿hasta qué punto están listos los marcos legales en la región para avanzar en este objetivo, y qué tan efectivamente se están implementando?

Para arrojar luz sobre el estado de la gobernanza de la Restauración del Paisaje Forestal (FLR, por su sigla en inglés) en América Latina, científicos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y la Universidad de Sao Paulo en Brasil analizaron los marcos legales de 17 países de la región.

El estudio, dirigido a los responsables de la toma de decisiones y profesionales de los sectores público, privado y sin fines de lucro, examina los marcos legales que regulan la restauración de los bosques, evalúa las percepciones de los actores locales sobre su implementación y presenta recomendaciones clave para ayudar a llevar la FLR del papel a la realidad.

“Los marcos legales existentes pueden usarse para fomentar la restauración, y existe un impulso político para lograr los objetivos de FLR”, dice Daniella Schweizer, coautora del estudio.

Brasil, Colombia, Ecuador y Guatemala, por ejemplo, ya cuentan con planes nacionales para impulsar la agenda, y otros países de la región están redactando los suyos en respuesta al Desafío de Bonn, una iniciativa global para restaurar 150 millones de hectáreas de tierras deforestadas y degradadas para el año 2020 y 350 millones de hectáreas para el año 2030.

Sin embargo, “los planes no especifican qué tipo de cuellos de botella se deben superar para ejecutarlos sobre el terreno”, dice Manuel Guariguata, investigador de CIFOR y coautor del estudio.

IMPACTO A ESCALA

Para Schweizer, la cooperación intersectorial es uno de los mayores desafíos para implementar la restauración a nivel de paisaje. Para alejarse de los proyectos piloto fragmentados y temporales y lograr un impacto a escala se requieren “plataformas estables en las que todos los actores tengan voz y responsabilidades claramente establecidas”.

México y Guatemala se encuentran entre los países que han asumido el liderazgo en la creación de estas estructuras y, en este último, los actores entrevistados se sienten particularmente “optimistas” sobre el futuro de la implementación de la FLR en su territorio.

Desde una perspectiva legal e institucional, el estudio exige la armonización de las regulaciones y una gestión integrada de la tierra. Específicamente, “la coordinación entre los sectores agrícola y ambiental, que a menudo trabajan por separado e incluso se contradicen entre sí”.

Según Schweizer, uno de los obstáculos para el acuerdo sobre estrategias multisectoriales es el hecho de que FLR significa cosas diferentes para diferentes actores. Por lo tanto, “es esencial que los objetivos de una iniciativa de FLR sean claros, para que su resultado pueda ser monitoreado de manera adecuada”.

Asimismo, los marcos legales deben precisar cuáles de las diversas actividades de FLR están regulando, ya sean de restauración ecológica, agroforestales o sistemas silvopastoriles. “Esto porque la FLR busca optimizar diferentes actividades de uso de la tierra que en ocasiones compiten entre sí”, dice Guariguata.

“Los marcos legales contradictorios tienen mucho que ver con esto, ya que no existen principios basados en la FLR acordados internacionalmente que guíen los planes nacionales de restauración ni su implementación”, explica.

Otro elemento clave para la implementación de la FLR en la región tiene que ver con la continuidad. La restauración es un proceso que puede tomar décadas para proporcionar todos sus beneficios, explica Schweizer, lo que exige provisiones financieras y disposiciones políticas que vayan más allá de los mandatos presidenciales.

Una actividad fundamental, por ejemplo, es la creación de capacidades para la implementación y el monitoreo de las actividades de restauración, tanto entre la sociedad civil como entre las partes interesadas locales.

Los encuestados en países como Guatemala, sin embargo, señalaron que lo efímero de las campañas educativas y de los incentivos financieros llevan a las personas a “talar o quemar los árboles que plantaron tan pronto como terminan las intervenciones”, dice Schweizer.

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DE LA TEORÍA A LA PRÁCTICA

Los próximos pasos en la investigación incluyen la identificación de indicadores sociales, económicos y políticos —no solo ecológicos—, para evaluar cuán probable es que una posible intervención de FLR tenga éxito en un contexto dado, dice.

Schweizer también menciona la necesidad de realizar investigaciones adicionales sobre cómo hacer que la restauración sea “más atractiva y eficiente en costos”, al tiempo que salvaguarda los objetivos de aumentar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos.

Una tercera prioridad es continuar evaluando los obstáculos para la implementación de la FLR percibidos por las partes interesadas en el campo. Para la investigadora, “la restauración no debe ser una disciplina académica o teórica, sino debe involucrar a los diversos actores en el terreno”.

A pesar de los diversos desafíos, Schweizer destaca dos tendencias positivas: una mayor conciencia sobre los servicios ecológicos y productos que brindan los paisajes restaurados, y una mayor comprensión de la necesidad de que las partes interesadas coordinen su trabajo “no solo de palabra, sino también en la práctica”.

Para más información sobre esta investigación  por favor póngase en contacto con Manuel Guariguata en M.guariguata@cgiar.org o Daniella Schweizer en daniellaschweizer@gmail.com.

Este estudio fue posible gracias a USAID.