El reconocimiento de los derechos de tenencia colectiva de la tierra en Colombia es uno de los más fuertes en América Latina: cuenta con respaldo constitucional desde 1991, y más de 30 millones de hectáreas de bosques ya han sido designadas como tierras indígenas. Sin embargo, esta protección legal a menudo no llega a garantizar los derechos en la práctica.

A medida que el país va dejando atrás un conflicto de cinco décadas e inicia un proceso nacional de ordenamiento territorial, asegurar los derechos colectivos —y no solo los individuales— es clave para el éxito del acuerdo de paz nacional que tanto ha costado a la nación.

Con el fin de comprender mejor el estado de esta situación y qué es lo que impulsa la seguridad de la tenencia colectiva, expertos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá evaluaron las percepciones de las comunidades indígenas y afrodescendientes en las regiones Pacífico y Caribe de Colombia. Este estudio se complementó con un análisis del marco legal y uno de la evolución de la titulación de tierras comunales en el país.

“Hoy es más importante que nunca abordar la problemática de los derechos colectivos”, dice Johana Herrera, investigadora de la Universidad Javeriana y coautora de un documento de trabajo sobre el tema. “Colombia está cambiando sus regulaciones sobre el acceso a la tierra, pero estos derechos están siendo relegados a un segundo plano”, agrega.

Iliana Monterroso, investigadora postdoctoral del equipo de Igualdad de Oportunidades, Género, Justicia y Tenencia de CIFOR, destaca la urgencia del tema: “La falta de reconocimiento de los derechos preexistentes puede generar conflictos, por lo que se necesita contar con mecanismos para revisar reclamos existentes”, dice.

Para ayudar a poner estas inquietudes en primer plano en las negociaciones y orientar las políticas públicas sobre tenencia de la tierra, Herrera y sus colegas acudieron a un método conocido como análisis prospectivo participativo (PPA por sus siglas en inglés).

Los investigadores organizaron una serie de talleres con representantes de cinco comunidades étnicas y los guiaron a lo largo de una tarea triple: definir el concepto de seguridad en relación con la tenencia colectiva de la tierra; identificar las variables que la afectan y cómo se relacionan entre sí; y elaborar planes de acción que conduzcan a un escenario futuro deseado.

PROGRAMAS EN CONFLICTO

Los resultados proporcionaron información reveladora sobre la situación real de la tenencia colectiva de la tierra. En primer lugar, “la Constitución reconoce visiblemente los derechos colectivos, pero los grupos indígenas dijeron que su participación en la toma de decisiones sigue siendo sobre todo hipotética”, dice Herrera.

“Lo cierto es que las reservas indígenas [conocidas como resguardos] son extremadamente vulnerables a programas de desarrollo que impulsan violaciones a gran escala de los derechos colectivos, incluidos los proyectos de minería, energía y turismo”.

Según el coautor y abogado Marco Alberto Velásquez Ruiz, también de la Universidad Javeriana, existe un choque entre las distintas leyes relativas a la propiedad y el uso de la tierra: “Uno de los principales desafíos para los derechos colectivos son los intereses en conflicto que ven la tierra y a los recursos naturales exclusivamente como materias primas”.

De hecho, los conflictos relacionados con la tenencia, y el acceso y uso de la tierra continuarán siendo un reto durante la transición posterior al conflicto. Como la investigación señala, estas disputas pueden adoptar diversas formas.

Más allá de las actividades extractivas en ecosistemas forestales valiosos, existe una tensión creciente entre grupos étnicos y pequeños agricultores, además del riesgo que representan las áreas aún pendientes de registro como tierras estatales.

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Herrera explica que Colombia es uno de los pocos países de América Latina sin un mapa de tierras públicas, dada la impenetrabilidad de casi la mitad de su territorio durante el conflicto armado. Existen alrededor de 6 millones de hectáreas destinadas a ese fin, pero “las áreas prospectivas a menudo corresponden a tierras habitadas tradicionalmente por grupos étnicos”.

Según Monterroso, esta es la razón por la que hacer un inventario de los reclamos territoriales pendientes de grupos étnicos, tanto en términos de extensión como de ubicación, es importante para orientar la implementación de nuevas regulaciones.

Un tema alrededor del cual convergieron las diversas comunidades étnicas fue la necesidad de desarrollar sus capacidades técnicas, de modo que puedan participar plenamente en los debates sobre la tenencia de sus tierras ancestrales.

“Existe una necesidad de contar con miembros de la comunidad bien capacitados, que puedan interpretar imágenes satelitales y mapas, en lugar de tener que depender de los académicos o del gobierno”, dice Herrera.

Según los investigadores, la incertidumbre en torno a la agenda de desarrollo posterior al conflicto plantea desafíos, pero también oportunidades para alinear de manera sostenible el crecimiento económico con derechos fundamentales y la conservación de los preciados ecosistemas forestales.

OPORTUNIDADES

Comprender a los actores y los factores que afectan la seguridad de la tenencia colectiva es el primer paso para mejorar las políticas y las prácticas sobre el terreno.

Armonizar la diversidad de regulaciones contradictorias sobre el uso de la tierra y los recursos naturales; empoderar a los grupos étnicos mediante el desarrollo de capacidades técnicas; e incluirlos de manera efectiva en la planificación del uso de la tierra son tres de las recomendaciones de política pública definidas en el documento de trabajo.

“¿Cuál es el papel de las comunidades étnicas en la implementación del proceso de paz? ¿Y cómo vamos a tener en cuenta sus aspiraciones?”. Herrera dice que estos las preguntas principales que deben abordarse en el actual período de transición.

Una manera de iniciar el diálogo entre los actores públicos y los grupos étnicos es “informándose sobre cómo estas comunidades y sus territorios han evolucionado, y qué papel quieren desempeñar en el futuro de sus sociedades en evolución”, agrega.

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PRIORIDADES DE INVESTIGACIÓN

Colombia ha reconocido de manera oficial grandes extensiones de tierra habitadas tradicionalmente por comunidades que dependen de los bosques, pero poner de manifiesto las solicitudes de titulación pendientes sigue siendo una prioridad de investigación, dice Herrera.

Para Monterroso, también es necesario “comprender en qué medida estos esfuerzos de formalización han resultado en cambios en los medios de vida”.

Desde una perspectiva legal, Velásquez menciona dos líneas de trabajo complementarias: investigación comparativa sobre políticas, y estudios de caso, las cuales ofrecen un medio para acercarse directamente a cuestiones específicas en el terreno.

“Las disputas sobre la tierra y los recursos naturales no son un problema solo de Colombia, sino mundial”, concluye. “Si realmente queremos que la protección de los derechos y del medio ambiente pasen a un primer plano, debemos continuar en esta rama de investigación”.

Foto de portada por Tanenhaus.

Para obtener más información sobre este tema, póngase en contacto con Iliana Monterroso en i.monterroso@cgiar.org y Johana Herrera en herrera.johana@javeriana.edu.co.