Foto por Mokhamad Edliadi/CIFOR.

Cerca del 30 % de la superficie de la tierra está cubierta de bosques, y alrededor de 1600 millones de personas dependen de ellos por sus significativas contribuciones a su ambiente y medios de vida. Sin embargo, cada año se pierden 12 millones de hectáreas de bosque intacto en los trópicos, debido a su destrucción o degradación permanente.

Forest Landscape Restoration (FLR, Restauración del Paisaje Forestal) es una de las iniciativas más nuevas que se proponen para contribuir a solucionar el problema. Mientras que REDD+, una iniciativa afín más conocida, apunta a reducir las emisiones provenientes de la deforestación y la degradación, el objetivo de FLR es restaurar la integridad ecológica de los paisajes deforestados y degradados. Ambas notan el vínculo que existe entre los bosques sanos y el bienestar humano.

El interés en FLR creció en 2011, con el lanzamiento del Desafío de Bonn, que tiene por objeto restaurar 150 millones de hectáreas de terrenos degradados hacia 2020, una cifra que la Declaración de Nueva York sobre los Bosques de 2014 subió a 350 millones de hectáreas hacia 2030.

Los científicos del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) están estudiando cómo la FLR ha funcionado hasta ahora, con vistas a identificar desafíos clave. Algunos de estos desafíos se presentan en un nuevo trabajo que destaca consideraciones en materia de tenencia, gobernanza e igualdad para que FLR funcione en el campo.

“La comunidad internacional ha destinado cuantiosos recursos para la reforestación de áreas con grandes pérdidas forestales en los trópicos. Se han fijado objetivos muy ambiciosos, pero la implementación en muchos países ha sido baja”, explica Steven Lawry, director del Programa de Investigación de CIFOR sobre Equidad, Género y Tenencia, y coautor de este trabajo.

Lawry sostiene que esto, en parte, se debe al hecho de que se ha prestado poca atención a las preguntas acerca de la fortaleza de los derechos territoriales y forestales de las personas que viven en las áreas que se benefician de las iniciativas de restauración.

“De hecho, los derechos comunitarios a menudo son débiles. Las comunidades no pueden tomar decisiones acerca de la planificación o implementación de los proyectos de FLR”.

¿ES ESTA TIERRA MI TIERRA? 

Los investigadores descubrieron que los sistemas de tenencia desempeñan una función destacada en la decisión acerca de quién se beneficia de los bosques y quién de las iniciativas de restauración.

“La seguridad de la tenencia es fundamental”, sostiene Lawry. “Las comunidades o los individuos que gozan de derechos territoriales y forestales pueden decidir si aceptan las inversiones de FLR en términos que les sean favorables”.

“En el caso de los derechos forestales, ellos pueden negociar cuestiones acerca de la elección de especies de árboles, el uso de las tierras forestales en relación con otros tipos de uso, y los principios operativos sobre el manejo forestal y la gobernanza”, añade.

Los científicos descubrieron que el principal obstáculo para alcanzar este objetivo es que si bien las personas tienen derecho sobre la tierra, no tienen derecho sobre todos los árboles en ella.

“La FLR intenta restaurar la funcionalidad ecológica y, en términos generales, las especies nativas suelen ser mejores para eso”, señala Rebecca McLain, consultora de CIFOR y autora de este estudio.

“Pero si las personas no tienen derecho a cultivar las especies nativas de manera sostenible, que están protegidas, entonces no cultivarán esas especies en las áreas sobre las cuales tienen derecho, porque esos no son sus árboles. Este es un importante factor disuasivo”, sostiene.

La investigadora toma el caso de Ghana, que ha tenido cierto éxito en la superación de este desafío, gracias a una iniciativa gubernamental de distribución de ingresos conocida como CREMA (Área de Gestión del Recurso Comunitario). En el marco de CREMA, las comunidades cuentan con la autoridad para gestionar los recursos en pos del beneficio económico, al tiempo que reciben apoyo en sus esfuerzos por conservar la biodiversidad nativa.

CREMA se ocupa directamente del equilibrio entre los objetivos de conservación y de desarrollo y utiliza el conocimiento local para proteger de manera sostenible la tierra y los bosques.

VACÍOS EN MATERIA DE POLÍTICAS

La mayor parte del dominio forestal en los países en desarrollo está en manos del Estado y a cargo de los organismos forestales locales y nacionales. La gobernanza forestal está basada en gran medida en la combinación de la regulación formal e informal del uso forestal por parte de gobiernos, empresas, comunidades y otros usuarios forestales.

“Las normas y reglamentos a menudo apoyan valores importantes y objetivos de políticas públicas, incluidas la conservación y la protección de la biodiversidad”, afirma Lawry.

“Pero cuando las políticas no tienen en cuenta los objetivos económicos y de uso de la tierra de los usuarios locales, los reglamentos pueden tener un efecto punitivo, negando o limitando las oportunidades para que las comunidades puedan subsistir gracias a los bosques, incluso para los usos forestales sostenibles”, añade.

McLain afirma que otro asunto importante que surge a menudo es la “discrepancia” entre las políticas forestales y agrícolas.

“La política forestal que intenta apoyar la FLR convive con una política agrícola que alienta a las personas a desbrozar y a plantar cultivos. Eso termina generando un conflicto”, sostiene McLain.

La mayoría de las personas que viven en las comunidades forestales son pobres, por lo cual plantan y cosechan todo aquello que les brinde mayores ingresos a sus familias. McLain afirma que existen formas en que las personas pueden ganarse la vida gracias a los bosques. Sin embargo, si pueden sacar mayor ventaja de la agricultura, muy probablemente desbrocen la tierra para sus cultivos.

“En ese punto, debemos contar con una política de pagos por servicios ecosistémicos, gracias a la cual literalmente se puedan realizar pagos a las personas para que no desbrocen el bosque para plantar cultivos, como la palma de aceite o la yuca”, afirma.

EL PROBLEMA ESTÁ EN LOS DETALLES

Los investigadores descubrieron que las organizaciones no gubernamentales, las ONG, a menudo desempeñan un papel fundamental en el apoyo a las comunidades que desean manejar sus bosques.

“En Madagascar, el gobierno reclama el derecho sobre los bosques, pero anteriormente tenían una ley que permitía crear bosques gestionados por la comunidad”, sostiene McLain. “Una ONG internacional ayudó a la comunidad a negociar el contrato con el servicio forestal y, básicamente, luego pudieron reclamar los derechos sobre una parcela”.

Otra solución que los investigadores creen que podría funcionar es otorgar concesiones a largo plazo a las comunidades, en vez de otorgárselas a las grandes empresas madereras. Algunos países están intentando hacerlo, transfiriendo los derechos a las comunidades locales. Pero siempre existen condiciones.

“La cuestión es que si se quiere extraer madera, se precisa un plan de manejo. Pues bien, eso no es tan sencillo como parece, ya que requiere habilidades técnicas y tiempo. En consecuencia, básicamente, las personas están atadas de pies y manos”, opina McLain.

Lawry concuerda y agrega que es necesario contar con planes de manejo sofisticados en muchos contextos en los que a las comunidades se les ha otorgado una serie de derechos, no simplemente concesiones.

“La disposición de Kenia para el establecimiento de las asociaciones de bosques comunitarios es un ejemplo. Las comunidades solo pueden utilizar el bosque una vez que se haya aprobado el plan de manejo”, sostiene.

“Por otra parte, el requisito del plan de manejo ha funcionado bien en Guatemala, en la Reserva de la Biósfera Maya, donde los planes cuentan con la certificación FSC. Allí, las comunidades disponían de tres años para certificar sus planes, y contaban con un gran apoyo de las ONG en las cuestiones técnicas”, afirma.

McLain sostiene que no solo las comunidades demuestran incapacidad para desarrollar un plan de manejo, sino que también los gobiernos a menudo carecen de recursos para ello.

“En términos de FLR, es importante descubrir qué es lo que hace falta para que funcione. No es realmente la tenencia, pero esta puede ser parte de lo que se precisa para que funcione”, afirma.

LAS PERSONAS EN PRIMER LUGAR

Los investigadores sostienen que las iniciativas FLR tendrán una mayor posibilidad de éxito a largo plazo, si se invierte en ayudar a las comunidades a obtener derechos más consolidados y claros en materia forestal, en aquellos casos en los que los derechos son deficientes.

“En algunos contextos, los derechos son sólidos en teoría, pero los organismos forestales no han cambiado sus prácticas reglamentarias de forma que reconozcan la nueva autoridad de las comunidades para ejercer un mayor control sobre el uso y el manejo de los bosques”, indica Lawry.

“Los programas de FLR pueden ayudar a negociar la actualización completa de los derechos, como condición para la inversión y el apoyo a largo plazo”, comenta.

McLain agrega que para que la FLR funcione, es preciso contar con un firme compromiso de la comunidad y de los actores involucrados.

“Pienso que si se contara con un compromiso comunitario real y significativo, en el cual el gobierno, el sector privado y las ONG se reunieran con los usuarios forestales y verdaderamente los escucharan, esto podría funcionar”, mantiene, dice.

“Cómo lograrlo es el gran desafío”, añade.

Esta investigación se desarrolló en el marco y gracias a los donantes del Programa del CGIAR sobre Políticas, Instituciones y Mercados (PIM).