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MRV para REDD+ en México requiere de un esfuerzo participativo

Estudio muestra desafíos importantes para la implementación de MRV para REDD+ en dos regiones de México.
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Reserva de la biósfera El Triunfo, ubicada en las montañas de la Sierra Madre de Chiapas (México). Foto por J. Paulo Carbajal-Borges.

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Mexico - Si los programas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) tienen éxito, los cambios en dichas emisiones deben medirse de manera confiable.

Aunque esto puede parecer una tarea puramente técnica, también requiere esfuerzos políticos locales y nacionales, según un nuevo artículo publicado por el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).

“Las personas tienden a pensar en MRV —siglas de monitoreo, reporte y verificación—como algo que está en manos de técnicos especializados”, dice Paulina Deschamps, coautora del estudio. “MRV tiene un componente técnico importante, pero también es parte de un proceso político, por lo que plantea tanto desafíos como oportunidades”.

El estudio se centra en los sistemas de MRV para programas destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes de la deforestación y la degradación de los bosques (REDD+) en México.

“México ha sido uno de los referentes mundiales sobre REDD+”, dice Deschamps. “El país está adoptando un enfoque innovador basado en paisajes sostenibles. No existen, sin embargo, muchos estudios sobre cómo funciona MRV a diferentes niveles”.

El proceso REDD+ de México es liderado por la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), la cual ha establecido Áreas de Acción Temprana en los estados de Chiapas, Jalisco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Esos cinco estados representaron el 36 por ciento de las emisiones del sector forestal del país entre 2001 y 2011.

Además, México forma parte de las dos principales iniciativas mundiales de REDD+, el programa REDD+ de las Naciones Unidas (UN-REDD, por sus siglas en inglés) y el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF, por sus siglas en inglés), y recibe financiamiento internacional de otras fuentes. Parte de ese financiamiento se destina a establecer sistemas de MRV. Pero el estudio de CIFOR, que se centró en Chiapas y Yucatán, halló que las opiniones y expectativas de los actores locales a menudo difieren de las de los organismos gubernamentales nacionales responsables de las iniciativas REDD+ en el país.

“En ambos estados existe una gran cantidad de experiencia y capacidades a nivel subnacional”, dice Deschamps. “La sociedad civil y el mundo académico conducen foros voluntarios de REDD+, porque quieren compartir información” y a menudo sienten que el gobierno nacional no les sigue el paso.

En general, encontramos una falta de entendimiento sobre MRV y sus objetivos, así como sobre los roles y responsabilidades a nivel nacional y subnacional".

Paulina Deschamps, coautora del estudio.

Conciliar diferentes opiniones

El estudio pone atención en las relaciones entre las actividades de REDD+ a nivel estatal y a nivel nacional. Se basa en 45 entrevistas realizadas entre agosto y noviembre de 2016 con representantes del gobierno estatal y nacional, académicos y representantes de organizaciones no gubernamentales, productores forestales, comités asesores técnicos de REDD+ y el Agente Público de Desarrollo Territorial de Yucatán.

Las entrevistas revelaron varios desafíos importantes para la implementación de MRV para REDD+, pero también señalaron soluciones, dice Deschamps. Muchas tenían que ver con establecer claramente procedimientos institucionales para proporcionar información y asegurar la participación.

“En general, encontramos una falta de entendimiento sobre MRV y sus objetivos, así como sobre los roles y responsabilidades a nivel nacional y subnacional”, dice Deschamps. “Parte del problema es que no existe un canal oficial de comunicación para que la CONAFOR brinde información sobre MRV y para definir roles y responsabilidades”.

“Eso podría lograrse mediante un reconocimiento oficial de los foros subnacionales ya existentes, como los Comités Técnicos Consultivos REDD+ y los Grupos de Trabajo sobre MRV, que reúnen a expertos técnicos, académicos y representantes de la sociedad civil para discutir problemas, formular propuestas y pasar a la acción”.

Aunque los comités y grupos de trabajo son informales y no vinculantes, “han sido excelentes espacios para la discusión sobre REDD+”, explica Deschamps. “No habría necesidad de crear nuevas estructuras; bastaría con que estos espacios fueran formalmente reconocidos e impulsados por la CONAFOR”.

Las entrevistas también revelaron que los funcionarios del gobierno nacional y los actores locales tenían ideas distintas sobre el propósito de MRV.

Mientras los funcionarios nacionales tendían a ver los sistemas de MRV únicamente como un medio para monitorear las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de asegurar que el país cumpla con sus compromisos internacionales, los actores locales quieren que los sistemas de medición proporcionen insumos para las políticas de planificación y uso del suelo.

Aunque los funcionarios del gobierno nacional no ven el sistema de MRV principalmente como una herramienta de planificación, “las personas a nivel subnacional quieren comprender mejor qué sistemas funcionan y por qué, para que ello los ayude a formular mejores políticas”, dice.

Ambos puntos de vista no son mutuamente excluyentes, aclara Deschamps, pero se necesita un debate para integrarlos.

El caso de México arroja muchas luces sobre los desafíos que probablemente surjan para otros países en relación con el Marco de Transparencia Mejorado establecido por el Acuerdo de París”.

Anne Larson, científica principal de CIFOR y coautora del estudio.

La participación es clave

Los foros participativos como los consejos técnicos pueden proporcionar una forma de integrar estos puntos de vista, agrega Deschamps.

Contar con canales más formales para la participación y la comunicación también podría ayudar a resolver otros desafíos clave, incluyendo el intercambio de información sobre cómo se debe hacer el monitoreo entre funcionarios del gobierno nacional y actores subnacionales. Eso también definiría el papel de los actores subnacionales.

“Los actores subnacionales están interesados en contribuir de una manera significativa al diseño de MRV”, explica. “No quieren que su papel se limite a validar la información del gobierno nacional. También quieren revisar los objetivos y desempeñar un papel más activo en la planificación”.

Según Deschamp, la principal lección del estudio, es que “es importante institucionalizar el proceso de MRV”.

REDD+ tiene una larga historia en México, pero organismos nacionales como la CONAFOR han visto frustrados sus esfuerzos de implementación debido a recortes presupuestarios y escasez de personal.

“Muchos tenían miedo de que REDD+ pudiera desaparecer en México porque no había suficientes recursos y no estaba recibiendo suficiente atención del gobierno”, dice Deschamps. “Pero nuestro estudio halló a numerosos actores que están muy conscientes de lo que está sucediendo y quieren que el proceso avance”.

La pregunta principal ahora, dice, es cómo garantizar un apoyo técnico, financiero y administrativo continuo para REDD+ y MRV. Eso significa continuar con los foros participativos y garantizar que REDD+ y MRV se consoliden firmemente como una política institucional.

“El caso de México arroja muchas luces sobre los desafíos que probablemente surjan para otros países en relación con el Marco de Transparencia Mejorado establecido por el Acuerdo de París”, dice Anne Larson, científica principal de CIFOR y coautora del estudio. “Los aportes de actores en múltiples niveles son importantes para asegurar esa transparencia”.

Para obtener más información sobre el tema, póngase en contacto con Paulina Deschamps en paulina.deschamps@gmail.com o Anne Larson en a.larson@cgiar.org

Esta investigación contó con el apoyo financiero de la Iniciativa Internacional del Clima (IKI) del Ministerio Federal de Medio Ambiente, Protección de la Naturaleza, Construcción y Seguridad Nuclear (BMUB) de Alemania y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).

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