Ganando servicios ecosistémicos

Según datos públicos, se han deforestado o degradado unos 9 millones de hectáreas de tierras, y la pérdida de bosques ha ido en aumento desde 2001.  Diferentes programas para fomentar la conservación de los bosques, entre ellos el Programa Nacional de Conservación de Bosques para la Mitigación del Cambio Climático, conocido como ProBosque, y varios proyectos REDD+ se  han puesto a prueba. En ese contexto, los hallazgos de los investigadores indican que los beneficios no siempre equivalen a dinero en efectivo.

“El discurso sobre los beneficios a menudo se centra solo en los beneficios económicos”, dice Harlem Mariño de DAR. “Pero, con el tiempo, las personas han entendido que los servicios ecosistémicos de la conservación [de los bosques] son un beneficio, como también lo es el apoyo técnico para el manejo de sus bosques y sus cultivos”.

Tal es el caso de Lejía, una comunidad de aproximadamente 380 personas ubicada en el límite del Parque Nacional Cordillera Azul, en la región San Martín, en la zona norcentral del Perú.

Un proyecto REDD+ desarrollado en el parque nacional, el cual también involucra a Lejía, no incluye beneficios económicos directos para la comunidad, pero se centra en garantizar la protección de servicios ecosistémicos como el agua y productos forestales que proporcionan alimentos, materiales para vivienda y otros bienes para las familias.

“[Los habitantes de Lejía] valoran mucho los beneficios no monetarios, [especialmente] el hecho de haber conservado sus servicios ecosistémicos y sus medios de vida”, dice Mariño.

El beneficio de la tranquilidad

El pueblo de Huicungo, también en la región San Martín, colinda con otra área protegida, el Parque Nacional Río Abiseo (PNRA). Sus habitantes cultivan cacao en pequeñas parcelas cercanas a un área de conservación establecida por ellos mismos y conocida como Concesión Martín Sagrado. Como una forma complementaria de reducir la presión sobre esta área de conservación, desde 2008 trabajaron en el Bosque Modelo Río Huayabamba-Abiseo, y más adelante, gracias a alianzas con otras tres concesiones de conservación ubicadas en la zona de amortiguamiento del PNRA, todas se convirtieron en lo que hoy se conoce como la Reserva de Biosfera Gran Pajatén, reconocida por la UNESCO en 2016.

Décadas atrás, esa zona de la región San Martín era conocida por la producción de coca, la materia prima de la cocaína y el tráfico de drogas llevó violencia a la zona, afirma la investigadora Giuliana Cecilia Larrea, quien participa en el estudio. Hoy, en cambio, los agricultores valoran el bosque por los servicios ecosistémicos que les brinda, y se encuentran evaluando diferentes actividades generadoras de ingresos, entre ellas el uso de plantas medicinales y otros recursos no maderables, el turismo, y la piscicultura, en asociación con PUR Projet, que implementa un proyecto REDD+ en la zona.

La asistencia técnica ha sido un beneficio clave, que ha ayudado a los agricultores locales a mejorar su producción de cacao orgánico, un cultivo estrella que ahora exportan a Europa a través de una organización de comercio justo.

Aunque el cacao no es tan rentable como lo era la hoja de coca, las familias campesinas de Huicungo prefieren la seguridad de una cosecha legal a la inseguridad que acompañaba a un cultivo destinado a la producción de drogas, explica Larrea.

“Ese es uno de los beneficios que más destacaron las personas”, dice. “El espacio que están protegiendo les proporciona no solo servicios ecosistémicos, sino también el alivio de vivir en paz”.

El valor del bosque en pie

La comunidad de Mencoriari, en la región Junín, en la zona central del Perú, está conservando su bosque a través de un programa de incentivos distinto. ProBosque, un programa del Ministerio del Ambiente, paga a la comunidad por conservar el bosque mediante una transferencia directa de efectivo de aproximadamente USD 3 por hectárea.

Considerando que el área de conservación consta de 10.000 hectáreas, eso equivale a unos USD 30.000 anuales. Recientemente, la comunidad decidió utilizar parte de esos fondos para construir una nueva escuela. Sin embargo, para los aproximadamente 370 miembros de la comunidad indígena, mayoritariamente de origen asháninka, los beneficios van más allá del dinero en efectivo.

En reuniones con los investigadores de DAR, señalaron que desde que se inició del proyecto habían mejorado su producción de cacao y café, y que están criando peces y aves de corral. También valoran los servicios ecosistémicos, incluidos el agua, las plantas medicinales y el aire puro.

En ocasiones, los hombres y las mujeres valoran diferentes aspectos de sus bosques, dice Larrea. En algunas comunidades, las mujeres hablaron más sobre la conservación del bosque como un legado y como medio de sustento para sus hijos, mientras que los hombres hablaron más sobre los mercados para productos relacionados con los bosques.

Salvaguardas frente a las amenazas

Según los investigadores aunque las tasas de deforestación en comunidades con proyectos de conservación se están reduciendo, la presión sobre el bosque circundante sigue siendo alta. Los habitantes de las tres comunidades mencionaron la tala ilegal en zonas aledañas; y en las cercanías de Huicungo, la minería de oro y la construcción de carreteras también representan amenazas para la conservación de los bosques.

En 2010, durante la Cumbre sobre el Cambio Climático celebrada de Cancún, México, los negociadores elaboraron una lista de siete salvaguardas destinadas a garantizar que las actividades de REDD+ no solo no causen daño, sino que además contribuyan al desarrollo sostenible y los objetivos ambientales. Las amenazas que enfrentan las comunidades que forman parte del estudio desarrollado en el Perú indican la necesidad de contar con salvaguardas efectivas y transparentes, una de las indicadas en la lista emitida en Cancún en 2010.

Miembros de las tres comunidades indicaron en los talleres desarrollados como parte del estudio que les gustaría contar con más autoridades gubernamentales cerca —incluidos policías e inspectores de la fiscalía— para que intervengan en caso de actividades ilegales en sus bosques.  Cabe indicar que aunque las comunidades monitorean sus propios territorios, no pueden tomar medidas contra madereros ilegales u otros invasores sin el apoyo efectivo de la ley.

El éxito de Huicungo con el cacao también se ha convertido en un imán para personas de otras zonas que migran al lugar con la esperanza de despejar algunas tierras forestales y unirse a la cooperativa local. Sin embargo, las políticas de desarrollo rural no contemplan el asentamiento planificado de personas, por lo que las comunidades deben encontrar formas de enfrentar los conflictos que surgen. Así es que en un caso, una comunidad llegó a un acuerdo que permitía a los recién llegados quedarse siempre y cuando se dedicaran solo a actividades de turismo sostenible.

“REDD+ indígena”

Las salvaguardas también exigen el respeto de los derechos de las comunidades indígenas, incluidos los derechos territoriales. El principal grupo de convergencia de organizaciones indígenas de la Amazonia peruana propuso su propia versión de REDD+, a la que denominó “REDD+ Indígena”, la cual hace hincapié en la titulación y en actividades de desarrollo sostenible para las comunidades, en lugar de en la comercialización de créditos de carbono.

Otras salvaguardas implican la participación plena y efectiva de los habitantes locales en el diseño e implementación de actividades de REDD+.

“Aunque REDD+ está en marcha en el Perú desde el año 2008, cuando se formó un Grupo Nacional REDD+, aún faltan las voces de los usuarios del bosque”, dice Larrea.

La información básica sobre los programas de distribución de beneficios, las opciones disponibles y las salvaguardas debe llegar a los gobiernos regionales y locales y a las comunidades, a fin de desarrollar acciones realistas y eficientes para la conservación de los bosques y la mitigación y adaptación al cambio climático, dice.

Es esencial alinear las prioridades de los diversos actores para que el Perú pueda definir sus salvaguardas y decidir cómo monitorearlas como parte del Sistema de Información de Salvaguardas requerido por los acuerdos de Cancún. El Perú aprobó su estrategia nacional de REDD+ en 2016, pero las oportunidades para que los actores de diferentes sectores y diferentes regiones del país discutan los problemas y resuelvan sus diferencias aún son limitadas, indica Larrea.

A medida que Perú y otros países elaboren sus estrategias de conservación forestal, los resultados de estos proyectos pueden brindar orientación para futuros emprendimientos, según los investigadores.

“Los mecanismos de distribución de beneficios de REDD+ deben crearse a partir de las experiencias existentes”, dice por su lado Hugo Che Piu de DAR. “Hay que tomar en cuenta que las circunstancias cambian, y a veces muy rápido. Se necesita asegurar que la distribución de beneficios sea sostenible a lo largo del tiempo”.

Las salvaguardas, dicen los investigadores, son cruciales para ayudar a monitorear esos cambios y garantizar la sostenibilidad de las comunidades que trabajan para conservar sus bosques.

Foto de portada por Marlon del Aguila Guerrero/CIFOR.

Para obtener más información sobre el tema, póngase en contacto con Amy Duchelle: a.duchelle@cgiar.org.

Esta investigación contó con el apoyo del Departamento para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (UKAID).