Foto: Jorge Martinez. Concurso de fotografía 2014 del Global Landscapes Forum.

Hace casi 20 años, en 1996, el Gobierno de Namibia concedió derechos sobre la fauna salvaje —elefantes, rinocerontes negros, leones y muchas especies de antílopes— a organizaciones comunitarias  de conservación recién creadas. Hoy, Namibia cuenta con 82 de estas organizaciones, que cubren el 20% de su territorio. Estas han generado trabajo para miles de residentes locales e ingresos procedentes de albergues turísticos que se destinan a la construcción de escuelas y clínicas. El medio ambiente también ha mejorado, pues las personas renunciaron al ganado a favor de animales silvestres más adecuados para el entorno semiárido de Namibia.

Algo similar ocurrió en Guatemala en 1990, cuando el Gobierno creó la Reserva de la Biosfera Maya y destinó cerca del 40% de este territorio a concesiones forestales comunitarias. Las concesiones han generado ingresos considerables, principalmente a través de la venta de caoba y teca sostenible de alto valor. Las tasas de deforestación en estas concesiones se han reducido sustancialmente.

Estos son dos ejemplos de iniciativas que buscaban crear nuevas instituciones y empresas de recursos comunes, es decir,  buscaban conectar bienes y servicios producidos localmente con mercados de alto valor.

Y en ambos casos, los residentes locales han cosechado importantes beneficios sociales, económicos y ambientales.

LEGADO COLONIAL

Los casos ejemplifican los beneficios obtenidos por algunas comunidades dependientes de bosques comunales y otros recursos naturales en países en desarrollo durante los últimos 20 años, tras recuperar una mayor participación en el uso, manejo y otros derechos relacionados con dichos bosques; zonas que, durante y después de la época colonial, estuvieron bajo el control y la administración de agencias gubernamentales, a menudo en detrimento de estas comunidades.

La tendencia entre los gobiernos de los países en desarrollo fue a mantener el modelo colonial de propiedad estatal, incluso después de que sus países lograron la independencia. En lugares con una débil regulación estatal de la extracción maderera y del desarrollo, los pobladores locales debieron asumir los costos ambientales y sociales de la degradación de tierras y cuencas hidrográficas. Tenían poco o ningún poder para proteger sus tierras y bosques locales de la invasión de forasteros. Las normas locales para la asignación de derechos sobre los recursos perdieron fuerza, y las capacidades institucionales locales para la administración de los recursos a menudo también se debilitaron.

Las normas estatales para el uso de los bosques también podían ser agresivas y punitivas. A menudo, los pobladores locales solo podían utilizar los recursos si lograban obtener un permiso o pagaban por ello. Incluso en ciertos lugares, se criminalizó el uso tradicional de los bosques, como la caza de subsistencia y la recolección de productos forestales no maderables. En varios países de la región del Sahel de África occidental, los agricultores tenían que obtener permisos para talar árboles que ellos mismos habían plantado en sus propias tierras. El resultado fue una reducción en el número de árboles plantados.

De manera general, entonces, los avances de los últimos 20 años muestran cómo la seguridad de la tenencia y la clarificación de los derechos pueden crear condiciones para una mejor gestión de los recursos, para atraer inversión externa, y para una distribución más equitativa de los beneficios provenientes de los recursos comunes.

NUEVOS RETOS

Hemos pasado a lo que podría denominarse una “nueva generación” de retos para la gestión de los recursos de propiedad común: las comunidades cuentan con derechos recientemente fortalecidos sobre los recursos, pero ¿qué sigue?

Porque a pesar de los beneficios, los acuerdos para la gobernanza de los recursos locales tienden a ser frágiles, y las empresas locales tienden a ser débiles. Más aún, los avances realizados en la devolución de derechos ha llamado la atención sobre la pobreza persistente en muchas comunidades que dependen de recursos de uso común tales como pastos, pesca y agua, vida silvestre y bosques.

Por ello, el primero de la lista de nuevos retos es el siguiente: garantizar que las comunidades con derechos sobre los recursos recientemente fortalecidos derechos puedan crear economías locales sólidas basadas en el uso sostenible de los recursos naturales locales.

Para empezar, se requerirán nuevas formas de acuerdos de gobernanza local y empresas locales capaces no solo de llevar a los mercados bienes y servicios locales de alto valor, sino de hacerlo de manera que proporcionen beneficios justos a los titulares de los derechos locales. Los intermediarios —en ocasiones las ONG— pueden ser claves para la creación de una visión de negocios local para la negociación de acuerdos con empresas e inversionistas externos, lo cual también puede ayudar a generar confianza entre partes no acostumbradas a trabajar de manera conjunta.

También es importante comprender que la capacidad de las personas para participar en empresas de recursos comunes puede variar en función de su edad, educación, género, salud y otros factores sociales y demográficos. Reconocer estas diferencias, y de qué manera se manifiestan en las dinámicas del poder, puede ayudar a crear salvaguardas contra la captura por las élites de las empresas de recursos comunes y a diseñar acuerdos de distribución de beneficios que garanticen que todos los titulares de derechos obtengan una participación justa en los beneficios derivados de la propiedad de los recursos comunes.

Claramente, esta estos nuevos retos no son menos intimidantes que los anteriores.

Por ello, para explorar  soluciones  estuvimos reunidos en el  panel sobre “Tenencia de recursos comunes para un futuro en común”, que se realizó el sábado 5 de diciembre en el Global Landscapes Forum 2015, en París. Identificando estos problemas y profundizar en ellos, podemos ayudar a que la tenencia de recursos colectivos conduzca a beneficios en común.

 Para obtener más información acerca de este tema, por favor póngase en contacto con Steven Lawry en s.lawry@cgiar.org

 Esta investigación recibió el apoyo de la Unión Europea y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF).