La producción de madera es un negocio de USD 6.000 millones y pilar económico de la zona centro-sur de Chile. Pero probablemente la gente que vive cerca de las plantaciones industriales incluye a los más pobres del país, según los hallazgos de un nuevo estudio.
El estudio de 180 municipios o comunas —el primero en analizar el impacto socioeconómico de las plantaciones industriales de árboles en Chile a lo largo de una década, de 2001 a 2011— encontró que cuan mayor es la expansión de las plantaciones de árboles en una localidad, también es la tasa de pobreza.
“Nuestros datos indican que las grandes plantaciones desplazan inevitablemente las tierras agrícolas”, afirma Manuel Guariguata, científico principal del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) y uno de los coautores del estudio.
“Y dado que requieren mano de obra más calificada técnicamente, las plantaciones podrían no generar suficientes oportunidades económicas para los trabajadores locales o para el desarrollo local”, agrega.
La industria forestal representa un 3% del producto interno bruto de Chile, y la madera proveniente de esta es el segundo mayor producto de exportación del país, después de los minerales.
Las plantaciones de pinos de rápido crecimiento (principalmente Pinus radiata) y eucaliptos (principalmente Eucalyptus globulus) se incrementaron de 300.000 hectáreas en 1974 a alrededor de 2,7 millones de hectáreas en 2013.
Para estimular este crecimiento, en la década de 1970 el gobierno militar promulgó leyes que permitieron la privatización de grandes extensiones de tierras públicas y otorgaron subsidios y exenciones fiscales a las plantaciones.
SEÑALES DE ADVERTENCIA
Este tipo de inversión no trae como resultado inmediato el desarrollo económico, y hay señales de que sería incluso más difícil para algunas personas salir de la pobreza
Los críticos dicen que la rápida expansión ha tenido un alto costo social y ambiental.
El establecimiento de plantaciones en tierras que las comunidades indígenas mapuches reclaman como territorio ancestral ha provocado conflictos, ya que reduce el acceso a tierras sagradas y elimina los bosques nativos donde habitan los espíritus protectores del pueblo.
Los críticos también culpan a las plantaciones por absorber grandes cantidades de agua dulce, reduciendo el suministro disponible para la agricultura local. Esto, combinado con la sustitución de agricultura tradicional por plantaciones, reduce aún más el mercado laboral para los trabajadores agrícolas no calificados.
“No demostramos que las empresas forestales estén causando tales impactos negativos, pero nuestro estudio sí lanza señales de advertencia”, señala Krister Andersson, coautor del estudio y director del Centro para la Gobernanza de los Recursos Naturales de la Universidad de Colorado en Boulder.
“Lo que nuestro análisis muestra es que el desarrollo económico no se produce automáticamente a partir de este tipo de inversión, y hay señales de que podría hacer más difícil que la gente salga de la pobreza”, dice.
Las plantaciones requieren menos mano de obra que la agricultura tradicional de pequeña escala, y la gente que contratan son por lo general empleados semicalificados que no viven en el lugar, en vez de trabajadores agrícolas no calificados de la localidad, dice Andersson.
El resultado es un círculo vicioso: al haber menos puestos de trabajo disponibles, los trabajadores no calificados podrían migrar a las ciudades en busca de empleo. Eso significa un menor número de contribuyentes, menores ingresos para el gobierno y menos fondos para servicios públicos como las escuelas locales. Luego, debido al menor número de alumnos, algunas escuelas rurales se cierran, lo que reduce aún más las oportunidades de desarrollo local.
Una excepción a este patrón es Los Muermos, una ciudad de unos 16.000 habitantes ubicada en la región de Los Lagos en el sur de Chile.
Para obtener el mayor beneficio posible de las plantaciones, el gobierno municipal estableció un Departamento de Desarrollo Forestal y convocó a funcionarios del gobierno, académicos, empresarios y líderes de la sociedad civil para discutir los problemas y preocupaciones relacionados con el desarrollo local.
“Este es un buen ejemplo de una población local y sus representantes políticos lidiando con los desafíos enfrentados los residentes rurales y el potencial económico de las plantaciones forestales circundantes”, escriben los autores del estudio.
“La experiencia de Los Muermos, comparada con las experiencias de comunas vecinas, sugiere que el impacto socioeconómico de las plantaciones de árboles dependerá en gran medida de la manera en que los actores locales interactúen con las empresas forestales y respondan a ellas”, señalan.
APRENDER DE LA EXPERIENCIA DE CHILE
Otros países pueden aprender de este estudio y de la experiencia de Chile, que tiene la mayor y más antigua industria de plantaciones forestales de América Latina, dicen los autores. El estudio de Chile fue posible gracias a la cantidad de información disponible en las bases de datos del gobierno: datos anuales en algunos casos y bienales en otros.
Un elemento clave es que los países necesitan generar datos confiables y bases de datos de fácil acceso, como las utilizadas para este estudio, que estén a disposición del público y que permitan el análisis de los impactos a lo largo del tiempo, señala Guariguata.
“Esta es una lección oportuna para los países de América del Sur que están expandiendo su área forestal plantada como fuente de madera y celulosa a través de programas gubernamentales”, dice Guariguata.
“En el futuro, van a querer saber si las plantaciones de árboles a gran escala tuvieron impactos positivos o negativos en los medios de vida”.
El estudio también destaca la importancia de experimentar con políticas de promoción de plantaciones forestales y de tomar conciencia de los peligros potenciales, dice Andersson.
“Los gobiernos que persiguen objetivos de reducción de la pobreza deberían establecer salvaguardas a la forma en que estas industrias operan”, dice.
“Deben tomar en consideración cómo las plantaciones se relacionan con sus vecinos, cómo involucrar a otras personas en la toma de decisiones, en las oportunidades de empleo o de capacitación y en los derechos sobre el agua, para garantizar que los agricultores locales no se vean afectados negativamente”.
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