YAKARTA, Indonesia — A pesar de medidas preventivas, las complejas leyes y políticas que rigen los recursos forestales en Asia se ven a menudo socavadas por actividades corruptas e ilegales que dificultan los intentos por desarrollar una economía más “verde” en la región, dijeron expertos en una reciente conferencia.
Mejores controles y contrapesos permitirían mayor transparencia, posibilitando el desarrollo de un marco económico “verde”, de bajo carbono, eficiente en recursos y con inclusión social, dijeron expertos reunidos en la Cumbre de los Bosques de Asia en Yakarta.
Una economía verde también podría ayudar en la gestión sostenible de los recursos naturales frente a la creciente demanda de alimentos, combustible y otros productos básicos. “El sector forestal es especialmente vulnerable a la ilegalidad y la corrupción debido a los incentivos financieros relacionados con el uso ilegal de los recursos”, dijo Andrew Wardell, ex director de investigación del Programa Bosques y Gobernanza del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR).
Wardell encabezó un panel de debate en la Cumbre orientado a analizar cómo la gobernanza y los marcos legales pueden promover el uso sostenible de la tierra. “Aunque se han hecho progresos considerables y siguen haciéndose, hay un número considerable de iniciativas que aún necesitan la prueba del tiempo para mostrar en qué medida están contribuyendo a una mejora de la gobernanza; todavía hay muchos desafíos”, dijo Wardell, que ahora dirige la unidad de Capacidad de Investigación y Desarrollo de Asociaciones de CIFOR en CIRAD, un instituto de investigación agrícola francés.
BASES SOSTENIBLES
Ya se han creado varias instituciones para abordar estos desafíos. En los últimos años, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) creó recursos como la “Hoja de Ruta para la Comunidad ASEAN” y el “Plan de Acción de la Comunidad Política y de Seguridad de la ASEAN” para fortalecer el Estado de derecho, reforzar las medidas de lucha contra la corrupción y reducir los delitos transnacionales y transfronterizos, incluidos los relacionados con los recursos naturales.
El Plan de Acción de la Comunidad Política y de Seguridad de la ASEAN tiene como objetivo integrar a Asia en la economía mundial ayudando a promover la circulación de bienes, servicios, inversiones, mano de obra calificada y capital y mejorando a la vez los medios de vida a través del alivio a la pobreza. Su mandato incluye el establecimiento de un marco regional para aplicar controles de certificación forestal para el año 2015 a fin de ayudar a fortalecer los esfuerzos para combatir la tala ilegal y su comercio asociado.
La certificación forestal, que como muestra un reciente estudio de CIFOR mejora las condiciones de trabajo y beneficia los medios de vida locales, hace frente a la deforestación y la degradación forestal asegurando que la madera se produzca de acuerdo con estándares específicos.
Otra iniciativa, el Acuerdo de Asociación Voluntaria entre Indonesia y la Unión Europea (VPA por sus siglas en inglés), es fundamental para el plan de acción de la UE para la Aplicación de las Leyes, Gobernanza y Comercio Forestales (FLEGT), concebido para asegurar que solamente la madera y los productos de madera de fuentes legales obtengan acceso a los mercados de la UE. Indonesia adoptó el Sistema de Verificación de la Legalidad de la Madera (SVLK) en 2009 para ayudar a establecer el cumplimiento de las normas legales entre los productores de madera.
“El plan de acción FLEGT pone la carga legal en los importadores para que demuestren que están importando únicamente madera legal”, dijo Olof Skoog, embajador de la UE en la ASEAN, durante una charla en la Cumbre Bosques de Asia. “Han estado en curso negociaciones difíciles, complicadas y muy técnicas, inspiradas en ambos lados por la misma visión y objetivos: combatir la tala ilegal en Indonesia y promover la exportación de madera legal de Indonesia al lucrativo mercado de la UE”, dijo.
DERECHOS A LA TIERRA
Sin embargo, la inseguridad en los títulos de propiedad y la falta de claridad en el uso de la tierra, el uso de los bosques y los derechos de tenencia de la tierra en el Sudeste de Asia siguen obstaculizando la capacidad de la población rural pobre de mejorar sus medios de vida, limitan las posibilidades de lograr transparencia en la gobernanza, y entorpecen la creación de un marco para una economía verde sostenible, dijeron panelistas en la Cumbre.
Por otra parte, las mujeres, los grupos indígenas y otros grupos marginados a menudo son excluidos de la toma de decisiones, los derechos y el acceso a los recursos forestales.
En 2012, un fallo de un tribunal en Indonesia confirmó los derechos constitucionales de los pueblos indígenas sobre sus territorios, incluyendo tierras y bosques tradicionales. Sin embargo, en algunos casos, grupos indígenas han sido encarcelados y multados después de que sus tierras ancestrales fueran nacionalizadas conforme a leyes del gobierno de Indonesia dirigidas a prevenir la tala ilegal, dijo Rukka Sombolinggi de la Alianza de Pueblos Indígenas del Archipiélago. El gobierno no pudo presentar ningún documento legal o mapa que muestre los límites del parque nacional, dijo Sombolinggi, y agregó que se han cartografiado al menos 2,4 millones de hectáreas de tierras indígenas, pero el esfuerzo no ha sido aceptado oficialmente debido a la política indonesia de contar con “un solo mapa”.
“La principal tarea en este país es que necesitamos la reorganización y reestructuración del control de la tenencia”, dijo. “Tenemos que tener el mismo poder entre todos los ministerios e instituciones para ocuparnos de los recursos”.
A pesar de las dificultades para comprender las diferentes demandas, derechos e intereses del gobierno nacional o de los gobiernos provinciales, pueden utilizarse enfoques jurisdiccionales para establecer efectivamente un medio para abordar luchas de poder de naturaleza delicada, dijo Wardell.
Los enfoques jurisdiccionales de la planificación, la toma de decisiones y el gobierno de inversiones basadas en la tierra pueden ayudar en la transición hacia un desarrollo más sostenible o verde, agregó.
Un estudio reciente ha puesto de manifiesto la relación recursiva entre actores “privados” y “estatales” en el comercio informal de madera entre Vietnam y Laos, y las posibilidades de movilidad entre tales categorías, sugiriendo que el fortalecimiento de los esfuerzos internacionales y nacionales para hacer cumplir la ley debe combinarse con el desarrollo de una comprensión más matizada de las relaciones complejas que caracterizan y perpetúan la corrupción en múltiples escalas.
Para más información sobre los temas tratados en este blog, contáctese con Andrew Wardell en a.wardell@cgiar.org.
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