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COP 27: La justicia y los derechos humanos deben estar en el centro de las acciones contra el cambio climático

Urge un cambio de paradigma en la forma en que tratamos de resolver la crisis del clima, advierten expertos
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Hombre kayapo. © Wilfred Paulse

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En medio de las huellas que deja la deforestación en el sudeste de Brasil, se encuentra el territorio indígena kayapo, un oasis verde en forma de corazón cuyos habitantes lo defienden ferozmente contra la invasión de agricultores, ganaderos y madereros. Los invasores han logrado avanzar un poco desde el este del territorio, pero cerca de 10 millones de hectáreas de bosque húmedo primario aún permanecen intactos, almacenando carbono como lo han hecho durante miles de años y sirviendo de amortiguación contra los incendios.

El territorio kayapo ofrece una lección a los responsables de las políticas sobre el clima, destacaron los panelistas  de un evento realizado en paralelo a la cumbre de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrada en Sharm el-Sheij (Egipto) que discutió los resultados del Land Gap Report (Informe sobre la brecha de la tierra), el 11 de noviembre de 2022.

Este informe advierte de que los gobiernos están confiando excesivamente en la plantación de árboles para frenar el calentamiento global, cuando deberían poner mayor énfasis en mantener los bosques existentes, restaurar los ecosistemas degradados y asegurar los derechos de los pueblos que han gestionado esas tierras durante generaciones.

“La evidencia muestra que las tierras forestales que se encuentran legalmente en manos de las comunidades presentan menores tasas de deforestación, almacenan más carbono, albergan más biodiversidad y benefician a más personas que las tierras gestionadas por entidades públicas o privadas”, señaló Anne Larson, científica principal de CIFOR-ICRAF, durante la mesa redonda.

Pero esas comunidades podrían encontrarse en peligro debido a los países que se están comprometiendo a compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero mediante la plantación de árboles, en especial países del Norte Global que proponen convertir millones de hectáreas de tierras deforestadas o degradadas en el Sur Global en bosques y plantaciones de árboles.

Al sumar los compromisos de 166 países y de la Unión Europea, los autores del Land Gap Report calcularon que para cumplirlos se necesitarían 1200 millones de hectáreas de tierra —una superficie mayor que la de los Estados Unidos de América y cuatro veces el tamaño de la India—, una cantidad tal que hace que esos planes no sean realistas, dicen los científicos.

“Cubrir el planeta con árboles imaginarios es absurdo”, dijo sin rodeos Virginia Young, de la Universidad Griffith de Australia, durante la mesa redonda.

El tema también plantea cuestiones relativas a los derechos sobre la tierra y la justicia climática.

“Los compromisos, tal y como están redactados, no pueden cumplirse sin incluir las tierras y territorios consuetudinarios de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, dijo Larson. “Necesitamos un gran cambio de paradigma en la forma en que tratamos de resolver la crisis global del clima. Y si queremos transformar la manera en que vivimos en el planeta, ese nuevo paradigma no solo debe ser eficaz, sino también justo, en abordar [el problema de] las emisiones de carbono. Las ‘soluciones de parche’, como la plantación de árboles mal planificada, no funcionarán, y en definitiva no servirán para los pueblos indígenas y las comunidades locales y los agricultores que viven en tierras rurales”, agregó.

Para Kimaren Riamit, fundador y director de Indigenous Livelihoods Enhancement Partners (Socios para la mejora de los medios de vida indígenas) en Kenia y coautor del Land Gap Report, los riesgos que plantean las soluciones basadas en la naturaleza que no tienen en cuenta a las comunidades locales le resultan muy familiares.

“No es casual que la mayor concentración de biodiversidad se encuentre en los territorios de los pueblos indígenas. Se basa en su sistema de valores. Se basa en su sistema de conocimiento tradicional de relaciones positivas con la naturaleza”, dijo Riamit durante la mesa redonda. “No debemos reproducir la historia de despojo de los pueblos indígenas. Tenemos que poner los derechos humanos en el centro de los debates y las decisiones sobre el cambio climático”.

La preocupación por la justicia se ha agudizado a medida que el concepto de “emisiones netas cero” —cuando la cantidad de carbono emitido no supera a la cantidad que es eliminada de la atmósfera— es sometido a un escrutinio cada vez mayor. Los compromisos de emisiones cero de los países suponen que el carbono puede ser eliminado físicamente de la atmósfera —basándose en una tecnología que aún no ha sido probada— o absorbido mediante soluciones basadas en la tierra, como la plantación de árboles o la restauración de ecosistemas.

Wim Carton, de la Universidad de Lund (Suecia), señaló que el problema es que la mayoría de los compromisos de emisiones netas cero carecen de detalles, y que un país podría seguir quemando combustibles fósiles siempre y cuando se comprometa a aumentar su eliminación de carbono.

En un discurso pronunciado en la COP27 el 8 de noviembre, el secretario general de la ONU, António Guterres, advirtió de que esos criterios poco precisos crean “resquicios legales tan amplios como para dejar pasar un camión diésel”. Y el Land Gap Report muestra “que esto no es solo una preocupación que esté ocurriendo en modelos, sino que ya se está dando en los compromisos de los países”, dijo Carton durante la mesa redonda.

“Necesitamos más transparencia en los compromisos de los gobiernos sobre lo que quieren decir cuando hablan del uso de la tierra, sobre lo que prevén en términos de eliminación [de carbono] mediante el uso de la tierra y sobre la superficie que se necesitaría para ello”, dijo Kate Dooley, becaria de investigación de la Universidad de Melbourne (Australia) y autora principal del informe. Dooley advirtió que los esfuerzos de algunos países por mantener la confidencialidad de los detalles del comercio de compensaciones socavarían aún más la transparencia.

El informe señala que los paisajes restaurados que incluyen bosques y fincas pueden ser una solución sostenible, siempre que tengan en cuenta tanto los valores sociales como los ecológicos, un principio conocido como agroecología, y si sus planes incluyen objetivos específicos y aseguran los derechos de las comunidades locales. Belice, Namibia, Malawi y Myanmar son algunos de los países cuyos planes de emisiones netas cero especifican la cantidad de tierra que se restaurará mediante la agroforestería.

Pero la estrategia más importante basada en la naturaleza es asegurarse de que el carbono almacenado en los bosques primarios permanezca en dichos bosques. Los bosques primarios “siguen secuestrando carbono, por lo que el mito de que hay que talar árboles para poder secuestrar más carbono es solo eso: un mito”, dijo Young.

Las normas actuales de contabilización del carbono no reconocen el valor de ese carbono almacenado, dijo, aunque ya existen propuestas para cambiar esto.

En cuanto a la restauración de los ecosistemas, añadió: “La conclusión es muy clara: lo mejor que se puede hacer es dejar que los bosques naturales secundarios se regeneren. La mayoría de los bosques naturales secundarios están entre un 30 y un 70 por ciento por debajo de su capacidad natural de carga de carbono, por lo que tienen el potencial de almacenar mucho más carbono si son bien cuidados”.

Las estrategias climáticas basadas en la naturaleza deben diseñarse no solo para la eliminación y el almacenamiento de carbono, sino también para mejorar la biodiversidad y la salud de los ecosistemas, dijo Young, quien instó a adoptar un enfoque más holístico que cree un puente entre la convención sobre el cambio climático y el Convenio sobre la Diversidad Biológica.

Sobre todo, dijo Larson, todas las propuestas basadas en la naturaleza deben tener en cuenta a los administradores tradicionales de la tierra y los bosques. “No debe haber soluciones biofísicas sin asegurar los derechos y los medios de vida de los pueblos indígenas y las comunidades locales”, afirmó.

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