Un conocido sistema internacional de etiquetado de productos, diseñado para asegurar a los consumidores que están comprando productos forestales provenientes de fuentes sostenibles, no está logrando algunos de sus objetivos previstos, de acuerdo a un nuevo estudio.

Desde 1994, el marco de certificación de indicadores acordados del Consejo de Administración Forestal (FSC, siglas de Forest Stewardship Council) ha alentado a las empresas a adherirse a prácticas de gestión forestal sostenible, que también apuntan en simultáneo a aumentar la rentabilidad financiera.

Las empresas siguen directrices para extraer madera de manera responsable, reducir su impacto en los ecosistemas forestales y ayudar a reducir la degradación de la tierra y el suelo. La certificación FSC, uno de los estándares más ampliamente aceptados para evaluar la gestión forestal sostenible a largo plazo en todo el mundo, también está diseñada para proteger los derechos de los trabajadores y las poblaciones indígenas.

Sin embargo, un estudio realizado en Brasil por científicas del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería, publicado en la revista académica Forest Policy and Economics, determinó que la falta de transparencia e indicadores poco claros de reporte limitan la confiabilidad del programa.

“Descubrimos que en Brasil, los auditores del FSC y los organismos de certificación no logran garantizar que las empresas se encuentren en conformidad plena con los requisitos laborales y ambientales, debido a una falta de claridad sobre cómo aplicar los estándares y cómo administrar las evaluaciones de conformidad”, explica Marie-Gabrielle Piketty, quien desarrolló este proyecto como investigadora del Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo (CIRAD por sus siglas en francés) de Francia. “Cabe destacar que hay agentes realmente importantes y confiables en el sistema de certificación —todo está en sus manos—, pero necesitamos entender mejor los procesos exactos que se encuentran en juego”.

Las 6,2 millones de hectáreas de bosques certificados de Brasil constituyen una cantidad importante de tierras certificadas a nivel mundial, una superficie mayor que la de cualquier otro país tropical. Las plantaciones forestales representan tres cuartas partes del área certificada de Brasil, mientras que la Amazonía brasileña incluye 1,5 millones de hectáreas de bosques naturales certificados.

La certificación FSC en Brasil se basa en 10 principios, 55 criterios y 200 indicadores en promedio, los cuales deben ser verificados por auditores externos, quienes informan sobre la conformidad o no conformidad, solicitan que se tomen acciones correctivas y determinan si se otorga o retira la certificación.

BRECHA DE CONOCIMIENTO

Piketty realizó la investigación con Isabel García Drigo, quien anteriormente trabajó en Nexus Socioambiental Ltda., una empresa que ayuda a realizar auditorías, y ahora trabaja para el Instituto de Manejo y Certificación Forestal y Agrícola (IMAFLORA por sus siglas en portugués) de Brasil. Juntas revisaron documentos públicos, realizaron entrevistas y desarrollaron un análisis sobre los indicadores y la “no conformidad” en los informes de auditoría.

“Imaginamos que con el FSC se ha implementado un sistema perfecto, pero no es perfecto porque es sumamente difícil cumplir con los estándares”, dice García Drigo. “Contar con una certificación del FSC no significa que uno tenga una gestión forestal perfecta: los bosques y la gestión forestal pueden certificarse aun con fallas o imperfecciones”.

El objetivo de las investigadoras fue determinar cómo los auditores influyen en la implementación, y la cantidad de margen de maniobra existente para interpretar los estándares de una manera más subjetiva que objetiva.

Algunos indicadores no están abiertos a interpretación, pero otros sí lo están, lo que significa que el conocimiento o juicio específico de un auditor individual puede determinar si una empresa es certificada o no. Algunos de los indicadores objetivos son más difíciles de verificar a través de la auditoría porque son demasiado amplios.

Por ejemplo, uno de los indicadores incluye informar a los trabajadores y a las comunidades vecinas sobre la importancia de las actividades de gestión forestal y sus implicaciones ambientales. Sin embargo, el enunciado del indicador no define qué información o métodos de comunicación son esenciales y aceptables, dicen Piketty y García Drigo.

Los auditores pueden clasificar la no conformidad como una infracción mayor o menor. Una infracción mayor puede resultar en la suspensión de la certificación, pero un acto de no conformidad menor no lleva a un retiro de la certificación. Estos deben resolverse en un plazo máximo de un año.

Sin embargo, Piketty y García Drigo demostraron que las empresas pueden ser certificadas a pesar de tener infracciones menores de no conformidad de manera recurrente. Recomiendan que el FSC realice una revisión sistemática para identificar las áreas donde los auditores tienen excesiva libertad para interpretar la “conformidad”. Se debe establecer un límite para la cantidad permisible de problemas menores de no conformidad, dicen.

Aunque existe una regla, según la cual, en caso estos problemas se repitan deben ser considerados como asuntos de no conformidad graves, en aquellos casos en que los indicadores son demasiado amplios o difíciles de cumplir —por ejemplo, si abarcan múltiples aspectos o dependen de acciones de tres partes—, los auditores tienen un margen para permitir la recurrencia.

Sin embargo, este potencial demuestra la existencia de una falla permanente en el sistema de gestión forestal, y el FSC necesita revisar dichos indicadores para mejorarlos o establecer un límite de tiempo para cumplir con los requisitos de conformidad plena.

Otro desafío es que la base de datos pública de certificación FSC solo muestra informes de certificación recientes y evaluaciones de no conformidad. No se publican las evaluaciones de conformidad.

“Necesitamos saber cómo es que los auditores determinan si una empresa sigue realmente todas las reglas”, dice Piketty. “Si no tenemos acceso [a esta información], simplemente no lo sabemos, solo nos queda confiar y aceptar [lo que nos dicen]. Los consumidores de productos certificados necesitan una garantía de que estos provienen de fuentes responsables y son verificados debidamente para cumplir con los estándares socioambientales adecuados”.

El FSC reconoce que sus prácticas de auditoría tienen un potencial de variabilidad inherente. En 2016, la organización realizó una revisión de las prácticas de evaluación del ciclo de vida, que a menudo se utilizan para apoyar la evaluación de la sostenibilidad o los sistemas de calificación. Dicha revisión determinó que, si bien la perspectiva del ciclo de vida es importante para abordar el impacto ambiental de los procesos de producción, esta debe complementarse con otras herramientas de evaluación.

Este trabajo fue apoyado por la Agencia Nacional de Investigación de Francia (ANR-11-CEPL-0009).