A nivel internacional, los líderes mundiales continúan discutiendo sobre cómo desarrollar e implementar las estrategias nacionales de REDD+, mientras que programas piloto para reducir la deforestación están siendo ejecutados a nivel local en varios países.
Pero pareciera que estos dos procesos no estuvieran conectados, en opinión de Ashwin Ravikumar, investigador postdoctoral del Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR). Ravikumar líderó un estudio de CIFOR que buscaba cerrar la brecha de información existente entre las iniciativas nacionales y locales, y comunicar de forma eficiente las lecciones claves aprendidas.
El informe tiene dos componentes importantes. Primero analiza si los proponentes de iniciativas jurisdiccionales y basadas en proyectos se relacionan de manera diferente con las políticas subnacionales. El segundo componente incluye entrevistas a los proponentes de proyectos subnacionales para saber si las políticas nacionales o subnacionales los ayudaron o limitaron, así como si su trabajo a nivel local ayuda a mejorar las políticas nacionales.
Los proponentes generalmente creen que se encuentran en posición de llevar las preocupaciones de los pobladores locales a las discusiones sobre políticas a nivel nacional, pero también es importante para los pobladores locales participar y elegir sus propios representantes en estos procesos”.
Comparando
Los investigadores analizaron información proveniente de 23 iniciativas REDD+ en Brasil, Perú, Indonesia, Tanzania, Camerún y Vietnam. Los proponentes de los proyectos calificaron las dificultades que surgieron a lo largo de siete sectores de políticas subnacionales. Luego analizaron las diferencias en las respuestas entre quienes proponían programas jurisdiccionales e iniciativas basadas en proyectos.
“Una de las ventajas del enfoque jurisdiccional, en teoría, es que coloca en un solo ámbito el aspecto de gestión ambiental y de desarrollo económico, junto con aparentes mecanismos de rendición de cuentas”, dice Ravikumar. “Se esperaría que los proponentes de programas jurisdiccionales estuvieran muy conformes con las políticas de sus propias jurisdicciones”, agrega.
Pero sorprendentemente, dice Ravikumar, este no fue el caso.
“Nuestros resultados sugieren que la sabiduría tradicional que hace que los enfoques jurisdiccionales faciliten los asuntos políticos, no está bien fundamentada”, explica
De hecho, los proponentes de programas jurisdiccionales encontraron mayores retos en sus propias políticas jurisdiccionales en comparación con sus contrapartes de nivel de proyecto. Los proponentes jurisdiccionales calificaron las políticas subnacionales agrícolas, de comercio, de tenencia y de uso de la tierra, así como de inversión y ayuda de nivel como más difíciles.
“Los resultados que muestran que los proponentes a nivel jurisdiccional encontraban mayores retos en comparación con proponentes de las ONG y del sector privado podría sugerir que quienes se encuentran más inmersos en estos sistemas políticos tienen una visión del problema más profunda, en tanto que la escala de los proyectos es lo suficientemente pequeña para evitar algunas de las complejidades”, afirmó Anne Larson, coautora del estudio e investigadora de CIFOR.
Los retos de la gobernanza de múltiples niveles
El estudio también resumió los resultados de las entrevistas sobre políticas a nivel subnacional o nacional con los proponentes de iniciativas subnacionales, que buscaban ver cómo los gobiernos locales representaron una ayuda o un impedimento.
“Le preguntamos a los participantes en qué aspectos percibieron retos, oportunidades y riesgos para cada uno de los ámbitos, y sobre la influencia mutua entre las políticas subnacionales y nacionales y sus proyectos”, explicó Ravikumar.
La importancia de REDD+
Cuatro ámbitos de políticas claves relevantes para REDD+ fueron examinadas.
“Los resultados demuestran una variedad de retos y oportunidades específicos en los seis países, así como la importancia de las consideraciones de gobernanza de niveles múltiples en la transición hacia un sistema REDD+ nacional”, afirmó Larson.
El primer ámbito se concentró en el monitoreo, reporte y verificación de la reducción de emisiones de carbono. Los investigadores encontraron que la medición del carbono ha sido difícil de coordinar entre los distintos niveles de gobernanza, debido en parte que los mapas y las mediciones empleadas en diferentes lugares son inconsistentes.
El segundo ámbito examinó las políticas y estrategias locales para la distribución de beneficios provenientes del mecanismo REDD+, dado que nadie ha diseñado todavía un sistema concertado a nivel de país. En su lugar, afirmó Ravikumar, existe un sistema dispuesto para tal fin en el que cada proyecto diseña un sistema propio. Sin embargo, esto no es visto como algo negativo siempre, especialmente en países con corrupción a nivel nacional.
El tercer ámbito se enfocó en las políticas de uso de la tierra, como los subsidios del Gobierno a la reforestación o incentivos para cultivos comerciales que reduzcan o promuevan la deforestación. Los investigadores encontraron problemas de coordinación horizontal y vertical entre las muchas oficinas gubernamentales y los ministerios, con competencias que se superponen o con objetivos completamente opuestos.
“Es usual contar de un lado con un programa de pago por servicios ambientales que recompense los esfuerzos de conservación, y de otro lado, con inmensos subsidios agrícolas que pagan en efectivo cultivos comerciales que hacen que deforestar sea atractivo”, dice Ravikumar. El resultado es que los diferentes ministerios con frecuencia trabajan en contraposición.
El ámbito final analizó las salvaguardas que pretenden abordar los efectos sociales y ambientales de los programas, específicamente, como las políticas podrían afectar a las mujeres, los medios de vida, la justicia social y la Biodiversidad.
“Los proponentes generalmente creen que se encuentran en posición de llevar las preocupaciones de los pobladores locales a las discusiones sobre políticas a nivel nacional, pero también es importante para los pobladores locales participar y elegir sus propios representantes en estos procesos”, observó Larson.
Para más información sobre este tema, póngase en contacto con Anne Larson en a.larson@cgiar.org
Esta investigación forma parte del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería.
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