Para Carolina Barbarán, lideresa de una comunidad indígena shipibo-conibo ubicada cerca del río Ucayali, proteger los bosques locales es una preocupación importante, porque aquí, en el corazón de la Amazonia peruana, el futuro de los bosques es también el futuro de las personas.
“Una gran amenaza proviene de los madereros ilegales que roban nuestra madera”, dice Barbarán, mientras enumera los desafíos que ella y su comunidad enfrentan.
“Pueden ingresar de manera clandestina porque el bosque gestionado se encuentra demasiado lejos de la aldea como para que podamos monitorearlo de cerca”.
Dicha actividad ilegal perjudica no solo al medio ambiente local, sino también la economía de la localidad, que depende de los bosques y los productos forestales.
Es por esa razón que los pobladores y las organizaciones de apoyo están siempre en busca de nuevos enfoques para la conservación de los bosques y el incremento de sus ingresos, incluyendo el mecanismo conocido como REDD+, o reducción de emisiones por deforestación y degradación de los bosques.
Los pobladores tienden a considerar los proyectos de REDD+ como una vía de largo plazo para controlar la deforestación en la región”.
INVESTIGANDO REDD+
Desde 2012, la comunidad a la que pertenece Barbarán ha estado involucrada en un proyecto de REDD+ liderado por la Asociación para la Investigación y el Desarrollo Integral (AIDER), una organización peruana sin fines de lucro.
La idea básica de REDD+ es asignar un valor monetario a las emisiones de carbono que se evitan a través de una menor deforestación.
AIDER ejecuta cuatro de estas iniciativas en la región, donde las comunidades crean planes de manejo forestal y obtienen una certificación para su madera, como una forma de reducir la deforestación y generar a cambio créditos de carbono.
Sin embargo, la efectividad de REDD+ para la conservación y la subsistencia sigue siendo poco clara.
Para conocer más acerca de sus impactos, el Centro para la Investigación Forestal Internacional (CIFOR) ha realizado investigaciones en los cuatro sitios, así como en otros cuatro sitios de control. Esta investigación forma parte del Estudio Comparativo Mundial sobre REDD+, que CIFOR ha desarrollado en seis países y que ha analizado un total de 23 iniciativas de este tipo en todo el mundo.
Por medio de cuestionarios y grupos focales, los pobladores explicaron cómo se ganan la vida, cómo es su acceso y derechos sobre la tierra, cómo manejan sus tierras y bosques, el grado de deforestación existente, y su participación en REDD+.
Según la investigadora Dawn Rodríguez-Ward, quien se encargó de supervisar la investigación de campo, el estudio encontró que la comprensión acerca de REDD+ y el apoyo que se le brinda varía entre las diversas comunidades.
“Los pobladores tienden a considerar los proyectos de REDD+ como una vía de largo plazo para controlar la deforestación en la región”, afirma.
“Sin embargo, nuestra investigación también encontró que los pobladores a menudo sienten que tienen preocupaciones más inmediatas”.
PESCADO, FRUTA Y CRÉDITOS DE CARBONO
Las comunidades shipibo-conibo que viven a lo largo de las orillas del río Ucayali se encuentran a entre 35 y 120 kilómetros de distancia de los mercados más cercanos en Pucallpa y las embarcaciones son su único medio de transporte. Sus vidas giran en torno al río y sus fluctuaciones.
La investigación de CIFOR encontró que estos pueblos ensayan diversos métodos para generar ingresos a partir de sus bosques y tierras.
“La diversificación de sus actividades de subsistencia es de vital importancia, debido a las crecidas estacionales que inundan sus cultivos pero traen peces a desovar”, señala Medardo Miranda, asistente de campo de CIFOR.
Durante algunos meses del año, los pobladores cultivan productos tales como plátano y yuca. Lo que las familias no consumen, lo venden a los comerciantes que pasan en botes de madera.
Los otros meses, aprovechan la carne de monte, los pescados, los cultivos, la madera y otros productos forestales que están disponibles en distintas épocas del año.
Pero la venta de los excedentes de los cultivos no es una actividad muy rentable, y por ello los líderes siempre buscan alternativas.
Carolina Barbarán cree que su futuro está en la gestión de madera certificada y REDD+, como formas de aumentar los ingresos de la comunidad y espera poner freno a la tala ilegal.
Barbarán dice que cerca de 50 familias de su distrito, Callería, participan en la gestión de la madera en aproximadamente 3.800 hectáreas de bosque, con una cuota para cada familia.
Pero la gestión de sus tierras tiene sus propios desafíos.
“Nuestro comité de monitoreo trata de protegerlas contra la tala y la pesca ilegales, pero carece de dinero para equipo y gasolina, y los pobladores se quejan de que la tarea de patrullar (sus tierras) los aleja de la agricultura, la pesca y otras actividades de subsistencia”, dice Barbarán.
En última instancia, la efectividad de REDD+ dependerá de si AIDER logra encontrar compradores para sus créditos de carbono, en especial entre empresas de Europa. Si tienen éxito, esa será la siguiente etapa del proyecto de REDD+ de AIDER, señala Pío Santiago, coordinador de AIDER en Ucayali.
Aún está por verse si las comunidades del valle del río Ucayali lograrán vender sus créditos de carbono, pero los proyectos de REDD+ y otras actividades los han ayudado a pensar en nuevas formas de generar ingresos.
“Es importante reforzar el concepto del manejo forestal desde un punto de vista integral”, dice Santiago. “El bosque ofrece muchas posibilidades, desde servicios ambientales hasta otros servicios aún desconocidos o poco conocidos”.
Para obtener más información sobre este tema, por favor, póngase en contacto con Dawn Rodríguez-Ward en d.toward@cgiar.org
Esta investigación forma parte del Programa de Investigación del CGIAR sobre Bosques, Árboles y Agroforestería.
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