SAO PAULO, Brasil _ Virgilio Viana, uno de los lideres más importantes sobre cambio climático y bosques tropicales en Brasil, confía en que su país concrete este año un marco jurídico nacional que prepare el camino para obtener importantes fondos provenientes del extranjero para salvar el Amazonas.

El dinero estaría vinculado a REDD+, mecanismo global sobre cambio climático para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero producto de la deforestación y la degradación forestal, así como para la conservación y manejo sostenible de los bosques (REDD+).

“El mayor desafío que tenemos en este momento es contar con un marco legal. Todavía no tenemos una ley a nivel federal que se ocupe del concepto de pago por servicios ambientales y se ocupe del carbono a fin de tener contratos y programas desarrollados bajo este marco”, explicó Viana en una entrevista. “Soy optimista y creo que habrá un cambio este año y se aprobará en el Congreso.”

Viana es director general de la Fundación Amazonas Sostenible, que coordina el Programa Bolsa Floresta, el primer proyecto de REDD validado independientemente en el Amazonas, y con el cual las localidades están siendo recompensadas por proteger sus bosques y reducir las emisiones de carbono. Su proyecto abarca más de 10 millones de hectáreas de bosques en el Amazonas y llega a 32,000 personas.

Noruega ha prometido mil millones de dólares para el Fondo de la Amazonía brasileña, el cual está trabajando para que REDD+ despegue. Mayores sumas de dinero podrían estar disponibles si Brasil establece leyes que preparen el camino para el financiamiento de los mercados de carbono, en el caso de que REDD+ sea incluido en futuros planes internacionales de bonos de carbono.

Viana señaló que uno de los desafíos del desarrollo de un marco federal eficaz es que Brasil es un país megadiverso, con grandes áreas de sabana, tierras secas y bosques a lo largo de la costa atlántica, además del Amazonas.

“Uno de los retos es diseñar un sistema de REDD que sea capaz de hacer frente a las diferentes situaciones y condiciones”, añadió Viana.

Otro de los desafíos es decidir las funciones de los distintos niveles de gobierno – las entidades federativas y los municipios -, así como las del sector privado.

“La ley federal está estableciendo los conceptos y el marco general. Muchas de las normas tendrán que ser hechas por las agencias gubernamentales a nivel federal o estatal. Creo que para tener un mecanismo de distribución de beneficios adecuado, tendrá que ser uno flexible, que sea capaz de hacer frente a todas las realidades de Brasil “, explicó Viana.

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