MATO GROSSO, Brasil _ Con multas por tala ilegal raramente pagadas, Brasil está utilizando una estrategia novedosa para salvar el Amazonas: Negar el acceso a crédito a aquellos que deforesten las tierras de forma ilegal. Y, afortunadamente, el plan parece estar funcionando.

“Si puedes vincular a alguien que ha sido multado por una infracción con su acceso al crédito, esto puede convertirse en un medio de disuasión eficaz “, comenta Peter May, científico que trabaja en Brasil en asociación con el Centro para la Investigación Forestal Internacional. “Esta es una herramienta que el Poder Judicial está utilizando con bastante eficacia, conjuntamente con el Consejo Monetario Nacional, con la consigna de que aquellos que no están de acuerdo con los códigos del medio ambiente no deberían tener acceso (públicamente aprobado) al crédito.”

Añadió también que en Brasil sólo cinco de cada 100 personas que son multadas por delitos ambientales pagan.

“Las multas pueden continuar por décadas antes de que realmente se les exija pagarlas, si alguna vez sucediese. Así que las multas no han sido un medio eficaz de disuasión. Existen alrededor de 4,300 millones de dólares (6,900 millones de reales) de multas pendientes. La inmensa mayoría no cumple”, añadió.

May dijo que además de un sistema judicial débil, incapaz de obligar a los infractores a pagar sus multas, la policía y las agencias ambientales están mal equipadas y son incapaces de tomar medidas correctivas sobre la tala ilegal. A menudo “no tienen gasolina para llegar (a los bosques) o no tienen un helicóptero o no tienen balas en sus armas para perseguir a los criminales”. Y, sobre todo, agregó, los tomadores de decisiones no tienen la voluntad política de hacerlo.